English Version
El empresario kirchnerista Lázaro Báez, preso por lavado de dinero, solicitó este martes a la justicia federal argentina ser liberado, la nulidad de su proceso y la devolución de todos sus bienes embargados.
A través de un escrito que presentó su defensa ante el juez Sebastián Casanello, Báez señaló que la privación de su libertad es parte de “una caza de brujas”.
El empresario de la construcción también solicitó la nulidad del procesamiento a su hijo Martín Báez, quien también fue imputado en la causa la “ruta del dinero K” tras la divulgación de videos donde se le ve contando grandes cantidades de dólares en la sede de la financiera SGI.
Los abogados de Lázaro Báez señalaron que la actuación del juez que lleva la causa “se ajusta a la agenda fijada por los medios” ya que es criticado si no cumple con los temas que la prensa sugiere.
En el escrito que presentó su defensa, Báez pidió ser procesado en libertad, como lo está siendo Cristina Kirchner por la causa de dólar a futuro.
Por su parte, el fiscal federal Guillermo Marijuan señaló a la prensa que “lo allanado” a Báez hasta el momento suma un capital de 748 millones de pesos (US$ 52.950.920).
Marijuan señaló que durante los allanamientos a las propiedades del empresario Báez le sorprendió la “riqueza bastante obscena” que observó. “Son excesivas para la cantidad de inmuebles que una persona puede tener. Me parece llamativo, pero es todo material de investigación que nosotros estamos viendo con particular detenimiento”, dijo el fiscal que ha liderado los allanamientos a las propiedades del dueño de Austral Construcciones.
En el marco de las investigaciones de la causa, el juez Casanello indagó este esta semana al actual presidente de la Auditoría General de la Nación, y extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, por no actuar sobre Báez y sus empresas, lo que sería parte del entramado de protección que tuvo el empresario durante los gobiernos kircheristas.
La justicia cree que durante su gestión en la AFIP, Echegaray habría ordenado el cierre la agencia recaudadora de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, con la intención de evitar que fueran detectada la presunta emisión de facturas falsas.
Echegaray lo negó ante Casanello, alegando que el cierre de la oficina se debió a un conflicto gremial previo al caso Lázaro Báez. Sin embargo, el secretario general de la Asociación de Empleados de la AFIP en Bahía Blanca, Luis Serra, aseguró este miércoles que 48 horas antes de la resolución que tomó el ex administrador, el conflicto que mantenían por el desplazamiento de un empleado había sido solucionado.
A Báez las complicaciones se le acumulan cada día. Este miércoles la justicia abrió una nueva causa para investigarlo a él y a exfuncionarios acusados de haber permitido que comprara cinco hectáreas que fueron parte del parque nacional Los Glaciares. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó las primeras medidas de prueba para avanzar en la causa.
Báez habría comprado cinco hectáreas en la localidad El Chaltén que fueron allanadas en uno de los operativos ordenados por el juez Casanello en la investigación por lavado de dinero.
Hasta ahora Báez ha visto frustrados todos sus intentos de lograr que el juez Casanello le retire la prisión preventiva que lo mantiene en una cárcel desde abril.
Fuente: La Nación.
