El fiscal federal Eduardo Taiano imputó al “empresario K”, Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas, José López, y al ex administrador general de la Dirección de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, por supuestos beneficios en favor del grupo Austral, en obras viales.
Este causa se suma a la “ruta del dinero K”, en la que el juez Sebastián Casanello procesó a Báez por el presunto delito de lavado de dinero.
La nueva causa se inicia por una denuncia del actual administrador general de Vialidad, Javier Alfredo Iguacel, quién detectó, a través de una auditoría, irregularidades en las obras ejecutadas en la provincia de Santa Cruz, al sur del país.
El fiscal Taiano señala que las irregularidades observadas dan cuenta “de un plan criminal diseñado por una organización para el manejo fraudulento de fondos públicos”.
Iguacel aseguró que el grupo Austral, propiedad de Báez, había resultado “adjudicatario de casi la totalidad de las obras viales licitadas en la provincia de Santa Cruz durante los últimos doce años”. El grupo Austral está conformado por Austral Construcciones, la principal empresa de Lázaro Báez, por Kank y Costilla, y por Sucesión de Adelmo Biancalani, entre otras empresas.
Datos de Vialidad Nacional, divulgados los diarios La Nación y Clarín, detallan que en enero de este año la provincia de Santa Cruz fue la que más obras viales había recibido, y que al grupo Austral se le habían adjudicado 51 obras de un total de 83, por un monto que superó los AR$ 16.000 millones (US$ 1.135.840.000).
Según Iguacel los funcionarios imputados obraron con “discrecionalidad” en favor del grupo Austral.
El fiscal solicitó como medidas de prueba el documento final del informe de auditoría interna de Vialidad Nacional, declaraciones testimoniales, información sobre los 12 funcionarios imputados en la causa, y un pedido para un peritaje que revise las licitaciones ganadas por el grupo Austral en Santa Cruz.
El fiscal Taiano dijo que busca determinar si es cierto que las obras viales adjudicadas al grupo Austral estaban “muy por arriba del valor de mercado o valor de costos reales”.
Recientemente la familia de Lázaro Báez decidió cerrar Austral Construcciones por las deudas que presenta y por las investigaciones de la que es objeto por lavado de dinero y evasión fiscal.
Esta viernes se pudo conocer además, que el juez en lo Comercial, Héctor Hugo Vitale, ordenó un remate contra Austral Construcciones, luego de detectar una deuda cercana a los AR$12 millones (US$851.880) a Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo de los operarios de la empresa. Vitale ordenó computar también los intereses acumulados y los que se acumulen “hasta el efectivo pago, con costas” de la deuda.
El miércoles la justicia también abrió una nueva causa para investigar a Báez y a exfuncionarios acusados de haber permitido que el “empresario K” comprara terrenos que fueron parte del parque nacional Los Glaciares. Báez habría comprado cinco hectáreas en la localidad El Chaltén que fueron allanadas en uno de los operativos ordenados por el juez Casanello en la investigación por lavado de dinero.
Mientras siguen acumulándose las causas en su contra, Báez hace intentos por defenderse y lograr salir de la cárcel donde está desde el 5 de abril. En este sentido, presentó un escrito el martes ante el magistrado Casanello solicitando ser liberado, la nulidad de su proceso y la devolución de todos sus bienes embargados.
Lázaro Báez también solicitó la nulidad del procesamiento a su hijo Martín Báez, por lavado de dinero. Sin embargo, este último pedido se complica porque este viernes 20 de mayo la Cámara Federal de Casación confirmó la validez como prueba, de la filmación que registró el momento en el hijo de Báez, su contador Daniel Pérez Gadín, entre otros, contaban más de 5 millones de dólares en la ex financiera SGI. Esta filmación permitió avanzar en la causa de la “ruta del dinero K” y originó la imputación de Báez, su hijo Martín, su contador y el hijo de éste, entre otros.
Fuente: La Nación.