El Gobierno de Mauricio Macri está dispuesto a excluir a los funcionarios y ex funcionarios públicos de la amnistía fiscal contemplada en un proyecto que será debatido en los próximos días en el Congreso argentino.
La prensa local señala que dentro de la coalición gobernante habían sectores que no estaban de acuerdo que se le permitiera el blanqueo de capitales a funcionarios públicos. El oficialismo está abierto a escuchar sugerencias.
La semana pasada, el presidente anunció el pago de la deuda a 2,4 millones de jubilados a quienes les liquidaron de manera errónea sus haberes. Esta deuda será financiada con el blanqueo de capitales, entre otras fuentes de ingreso. Se trata de una proyecto de ley global que incluye el pago de la deuda a los jubilados y la amnistía fiscal.
Según adelantó el diario Clarín, del blanqueo de capitales no podrán beneficiarse los actuales funcionarios, ni “quienes hayan ocupado algún cargo en la administración pública en los últimos cinco años, es decir hasta 2011”.
La diputada nacional y aliada de Macri, Elisa Carrió, se mostró firme al señalar que funcionarios y contratistas del Estado deben quedar excluidos del beneficio de amnistía fiscal.
“La Junta Nacional de la Coalición Cívica ARI afirma que los funcionarios de los tres poderes del Estado y de todos los niveles de administración, así como los contratistas y concesionarios del Estado y las personas imputadas en delitos contra la administración pública, deben quedar excluidas del beneficio de la Ley de Blanqueo propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional ya que constituiría un acuerdo de impunidad”, dijo en un comunicado difundido el lunes.
El jefe del bloque de diputados del PRO, el oficialista Nicolás Massot, reveló a Infobae que, aunque el proyecto de amnistía fiscal sí incluye a los funcionarios públicos, el Gobierno está dispuesto a retirar este punto, si es la decisión de la mayoría de los legisladores.
“Para nosotros, no es de ninguna manera un punto central. No vemos ningún impedimento para incluirlos porque hay que tener en cuenta que es un blanqueo de capitales pero no es un blanqueo de delitos. Es lógico que genere sospechas porque la gente está muy sensibilizada con todo lo que venimos escuchando y viendo en los últimos seis meses, pero esto no interrumpe ningún proceso legal, ninguna investigación penal”, señaló Massot al sitio de noticias argentino.
Agregó que la iniciativa también incluye a los funcionarios del kirchnerismo, pero que están “abiertos a la discusión y a sacarlos si el Congreso así lo decide”.
Por su parte, el senador del bloque kirchnerista Frente para la Victoria (FPV) Miguel Pichetto, manifestó que el blanqueo de capitales propuesto al Congreso por el gobierno “es una herramienta muy interesante al igual que el pago de la deuda a los jubilados “, y señaló que “ambas son iniciativas para apoyar”.
En una entrevista con la televisora TN dijo que hay en el exterior 250 mil millones de dólares. “En 2017, para los argentinos que tienen dinero en el mundo, les va a ser muy difícil mantenerlo oculto”, agregó.
Tras el anuncio hecho el viernes del blanqueo de capitales, el presidente Mauricio Macri anunció este lunes que repatriará ARS$ 18 millones (US$ 1.288.980) que tiene depositados en Bahamas y que fueron declarados ante la Oficina Anticorrupción (OA).
“He dado la orden al administrador que radique ese ahorro en la Argentina (…). Lo hago porque creo que a la Argentina le va a ir muy bien. Posiblemente compre letras del tesoro argentino”, dijo el mandatario.