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La lucha contra la corrupción es un tema al que el poder legislativo argentino le está poniendo mucha atención. Esta semana surgió una propuesta de ley para que se suspenda la pensión vitalicia a todos aquellos exfuncionarios imputados o condenados por hechos de corrupción.
El diputado de la Unión Cívica Radical, Hugo Marcucci, quien conforma la coalición gobernante, propuso el proyecto de ley que busca suspender las pensiones vitalicias a los expresidentes, exvicepresidentes y jueces de la Corte Suprema a los cuales se les hayan comprobado delitos contra la administración pública.
El proyecto promovido por Marcucci detalla que los funcionarios deben estar procesados o con una sentencia firme.
«Es una verdadera afrenta al ciudadano que fondos públicos estén destinados a sujetos que hayan cometido delitos en el ejercicio de la función pública, como es el caso de Amado Boudou», afirmó el diputado Marcucci.
Según la ley argentina, los ex altos funcionarios gozan de una asignación mensual móvil (se va actualizando), vitalicia e inembargable que está por el orden de los AR$ 170 mil (US$ 11.408,70).
Estas pensiones, además, no son de carácter contributivo, lo que significa que los funcionarios no tienen que hacer aportes. Su otorgamiento está basado en el «mérito por desempeñar altas magistraturas».
Si este proyecto se convierte en ley se verían afectados el expresidente Carlos Menem, la exmandataria Cristina Kirchner y el exvicepresidente Amado Boudou.
El exmandatario y actual senador Carlos Menem está implicado en las causas por contrabando de armas, pago de coimas, encubrimiento en el caso del atentado en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires de 1994, y por pago de sobresueldos.
Cristina Kirchner, quien está siendo procesada por la causa de dólar a futuro, actualmente cobra doble pensión. Percibe su pensión como exmandataria, y la que le corresponde por el fallecimiento de su esposo y también expresidente, Néstor Kirchner. La ex Jefa del Estado estaría cobrando mensualmente AR$ 340 mil (US$ 22.817,40).
La prensa local destaca que la exmandataria tiene dificultades para cobrar su doble pensión porque el juez Claudio Bonadio ordenó un embargo general de todos sus bienes y cuentas bancarias.
El exvicepresidente de Cristina Kichner, Amado Boudou, está procesado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. El exfuncionario kirchnerista ya hizo su trámite para cobrar la pensión, pero aún no se ha hecho efectivo el pago.
Fuentes legislativas de la oposición consultadas por el diario La Nación mostraron disposición a apoyar la iniciativa.
La diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, adelantó que daría luz verde al proyecto: «Estamos en contra de toda jubilación de privilegio y buscamos su completa eliminación. Si este proyecto va en ese sentido, lo vamos a apoyar».
Por su parte, la diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño, expresó: «Estamos de acuerdo con sacarles la plata a los corruptos, subirles las penas para que no sean excarcelables estos delitos y que el delito de corrupción sea imprescriptible».
El senador kirchnerista de Frente para la Victoria, Juan Manuel Abal Medina, no mostró entusiasmo al señalar que «es complicado» que prospere un proyecto de esta naturaleza. «Ya se intentó con las jubilaciones de privilegio de funcionarios de la dictadura y no se logró», dijo. Agregó que sólo debería ser posible para funcionarios con condena firme y definitiva.
Por lo pronto en la agenda del Congreso el tema de la corrupción seguirá presente. Además de la iniciativa del diputado Hugo Marcucci, la Cámara de Diputados dio media sanción en junio a la ley del arrepentido por casos de corrupción, que debe ir a la Cámara alta.
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