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El gobierno de Mauricio Macri busca apoyo de los gobernadores provinciales para defender el aumento de las tarifas de la luz y el gas, mientras espera el fallo de la Corte Suprema de Justicia que debe decidir si se aplican o no las tarifas anunciadas por el ministerio de Energía.
La prensa local asegura que el Ejecutivo logró el apoyo de al menos 10 gobernadores de distintos partidos a la propuesta de aplicar los aumentos tarifarios, y espera sumar más este viernes 12 de agosto.
El diario Clarín señala que el Gobierno decidió además congelar el adelantamiento de las audiencias públicas para discutir el tema tarifario, debido a que confían que la Corte fallará sobre el tema en muy pocos días.
Las audiencias deben realizarse 20 días después de la convocatoria formal y el equipo de Macri cree que “los tiempos no dan” porque la corte fallará antes.
Esta semana el Ejecutivo argentino flexibilizó su defensa del aumento de las tarifas, anunciando que llamaría para finales de mes a audiencias públicas, en las que se discutirían con los diferentes sectores el tema tarifario del gas y de la luz. Entre los argumentos que dio la justicia para anular los aumentos establecidos por el Ejecutivo en abril, está precisamente la falta de audiencias públicas para definir las tarifas.
El Gobierno también accedió a que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, comparezca ante la Cámara de Diputados para explicar el tema. Logró por ahora frenar en el parlamento, el avance de proyectos de la oposición que intentaban suspender los aumentos de tarifas.
Además de las audiencias públicas -enfriadas por el Ejecutivo por ahora- y las explicación que dará Aranguren en el Congreso, el Gobierno quiere respaldo político.
Una fuente oficial consultada por Clarín, señaló que es muy importante el apoyo de los gobernadores “para que quede bien claro que la preocupación por la escasez de energía y su costo no es sólo del Presidente, sino de un grupo mayoritario de dirigentes con responsabilidad política”.
“Hay que decirle la verdad a la gente: las tarifas han estado muy retrasadas todo este tiempo y no podíamos seguir de esta manera”, opinó el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, de la Unión Cívica Radical.
El gobernador peronista de la provincia de Entre Río, Gustavo Bordet admitió ser “consciente de que había que actualizar las tarifas” y que “era una situación que debía sincerarse”.
Clarín destaca el “imprevisto” apoyo del mandatario de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, quien mantiene un duro enfrentamiento con Macri. El socialista habría dicho que “mantener el clima de incertidumbre es muy negativo” y advirtió que “no es conveniente retrotraer el cuadro tarifario establecido por el Gobierno porque sería muy complejo para las distribuidoras provinciales”.
Macri ya contaba con el apoyo de la gobernadora bonaerense y aliada política María Eugenia Vidal, del Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y el peronista de la provincia de salta, Juan Manuel Urtubey.
Este viernes el ministro de Energía, siguió trabajado en la tarea de sumar respaldo a los aumentos de tarifas. En este sentido, el funcionario se reunió con varios ex secretarios de energía del país y decidieron poner en marcha un “acuerdo” político, social y económico que considere a la energía una política de Estado.
El acuerdo prevé la creación de un Consejo Consultivo para que en el corto plazo logre consensuar entre sus integrantes los ejes centrales de un plan energético sustentable en el tiempo, destacó la agencia estatal Télam.
“Queremos generar un consenso político a partir de un Acuerdo Federal para salir de la crisis energética”, enfatizó el ministro Aranguren, quien además subrayó que su presencia del próximo martes ante las cuatro comisiones parlamentarias puede considerarse como una “cuasi audiencia pública”.
El 7 de julio la Cámara Federal de La Plata anuló el aumento en en las tarifas de gas, ahora el caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia.
El aumento en las tarifas de la luz fue suspendido la semana pasada por la jueza federal Martina Forns, quien mencionó como su principal argumento la falta de audiencias públicas previas.
