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El gobierno argentino decidió un aumento de las tarifas de gas en los hogares de 203 % en promedio, que se haría efectivo desde el primero de octubre y tendrá una duración de seis meses.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, señaló que este planteamiento nuevo es menor al que se ideó inicialmente (330 %) y que fue anulado por la Corte Suprema de la Nación en agosto.
Según lo dispuesto por el gobierno, los usuarios de menor consumo (R1-R2), que representan el 56 % de los hogares de todo el país, tendrán una suba de 237 % en relación a los precios del 2015. Antes de la anulación de la Corte Suprema el aumento era de 297 %. En este caso la boleta de cobro será de AR$ 170 (US$ 11,30), más los impuestos.
En la categoría R3, donde entra la clase media que representa el 31 % de los hogares, la boleta llegaría a $ 371 (US$ 24,66) por mes, lo que equivale a un incremento del 176 %, según cálculos del ministerio de Energía publicados. El alza anterior era del 235 %, según los datos del Gobierno.
El 13 % de las viviendas que más consumen (categoría R3-4) tendrá un impacto del 122 %, con una boleta promedio de $ 953 (US$ 63,35) mensuales. Estos serían los sectores con más recursos económicos.
El gobierno creó insentivos para quienes reduzcan el consumo. En este sentido, el Ejecutivo dispuso que los usuarios R1 y R2 tendrán un 50 % de descuento si consumen 15 % menos de gas que en el período anterior. Los R3 obtendrán un beneficio del 30 %, mientras que los R3-4 tendrán una rebaja de 20 %.
La propuesta del gobierno incluye que en todos los casos los impuestos representen entre un 20 % y 25 % adicional de las facturas.
El plan oficial contempla un esquema de aumentos escalonados en el precio del gas que pagan los hogares, que tendrá como meta eliminar totalmente los subsidios a partir de 2019. En la Patagonia, donde se experimentan las más bajas temperaturas, se extenderían hasta 2022.
Según Clarín el Estado destina más de US$ 4.100 millones anuales para calefaccionarse. Los consumidores solo pagan un 19 % de esa cuenta y el resto (81 %) es subsidio estatal. Con el aumento transitorio, los hogares abonarán la mitad de lo que cuesta tener gas y el otro 50 % saldrá de las cajas públicas.
Según el plan oficial se estarían aplicando dos aumentos por año hasta la finalización del mandato de Mauricio Macri.
El nuevo esquema de aumento regirá desde octubre luego de las audiencias públicas que se realizarán el 16 de este mes. El Gobierno realiza las audiencias luego que la Corte Suprema de la Nación exigiera su realización para discutir los nuevos cuadros tarifarios.
“En la audiencia pública se hacen propuestas y se escuchan a los expositores, pero no hay que contestarles. La decisión no es vinculante. Se toman los reclamos y se contestan a través de un informe”, aclaró el ministro Aranguren.
El funcionario sostuvo que la propuesta nueva incluye las observaciones que se le hicieron a la anterior y la calificó como «superadora».
El 18 de agosto la Corte Suprema de Justicia decidió por unanimidad frenar los aumentos del gas para usuarios residenciales, y estableció que era de cumplimiento obligatorio realizar audiencias públicas previas para establecer las nuevas tarifas.
De esta forma la Corte terminó con la larga incertidumbre en la que se cayó el tema tarifario luego de que el siete de julio la Cámara Federal de la Plata anulara el tarifazo del gas que comenzó a aplicarse desde el primero de abril. El argumento central de la Cámara para su fallo era que el gobierno no realizó audiencias públicas previas como lo exige la ley.
Con la realización de las audiencias y la presentación del nuevo esquema tarifario que, según el gobierno, supera las expectativas, la polémica con el tema de las tarifas del gas para los usuarios residenciales parece estar cerca de ser superada.
La decisión de la Corte Suprema sólo alcanzó a los usuarios residenciales dejando por fuera industrias, comercios y pymes que sí deberán pagar el tarifazo del gas natural impuesto por el gobierno con retroactividad, es decir desde el primero de abril. Este tema podría seguir causándole dolores de cabeza al gobierno si este grupo acude a la justicia para pedir que se anule el aumento, como ocurrió con los residenciales.
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