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El gobierno argentino y el mandatario socialista de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, firmaron un acuerdo de coordinación y trabajo conjunto contra el delito organizado, incluyendo el flagelo del narcotráfico que ha crecido en este estado ubicado en la región centro-norte del país.
La decisión de armar un plan en conjunto surgió a raíz de la realización de dos multitudinarias marchas que se llevaron a cabo durante las últimas semanas en la provincia, en las que la ciudadanía protestaba por el aumento de muertes violentas.
Distintas agrupaciones ciudadanas, convocadas a través de las redes sociales, se movilizaron en las ciudades de Rosario y Santa Fe para reclamar mayor seguridad y justicia.
Los manifestantes pidieron «aplicación de condenas más duras, jueces más justos, no a las salidas transitorias, no a la libertad condicional y el esclarecimiento de los delitos».
El diario La Nación destaca los roces que se dieron entre la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la gobernación de Santa Fe por diferencias que surgieron en la forma de enfrentar al delito organizado en esta región.
Según detalla el diario argentino, la ministra Bullrich quería que su despacho tuviera potestad de «auditoría» sobre las fuerzas policiales santafecinas, lo que fue rechazado por el gobierno de la entidad.
Según el artículo 3 del acuerdo firmado, Bullrich y el propio Lifschitz «ordenarán la iniciación, suspensión y conclusión de la aplicación de la fuerza, así como graduar la intensidad de la misma» en caso de ser necesario.
Superadas las diferencias, la ministra Bullrich y el gobernador Lifschitz explicaron que se prevé la creación de un comité de planificación y generación de estrategias y otro de carácter operativo que estará integrado por los jefes de las fuerzas federales y provinciales, en Santa Fe.
Este viernes se conocerá con exactitud cuántos efectivos federales serán enviados por el gobierno central a Santa Fe. Fuentes cercanas a Lifschitz señalaron a La Nación que se trataría al menos de 1000 efectivos, entre gendarmes y miembros de otras fuerzas.
«Es un avance importante, y nos pone por primera vez en un escenario de coordinación de políticas, de trabajo en común para delitos de competencia provincial y federal», dijo el gobernador.
Lifschitz insistió en que la seguridad no es un problema sólo de la gestión provincial sino que «el Gobierno Nacional tiene que hacer lo suyo, así como también la Justicia y los legisladores».
Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, señaló que el gobierno de Macri quiere «llevar tranquilidad» a Santa Fe. «Habrá mayor presencia del Estado en el combate contra el delito organizado», aseguró el funcionario.
«En los últimos 10 años, el narcotráfico no estuvo en la agenda del gobierno anterior. Tenemos un gravísimo problema, que es de los argentinos, y actuamos en consecuencia», afirmó Frigerio a La Nación.
«Habrá una apertura de la información entre federales y provinciales. Este acuerdo nos van a permitir tener un mapa general para generar confianza y fortalecer el trabajo en conjunto», dijo la ministra Bullrich.
El acuerdo alcanzado entre el gobierno central y el de Santa Fe tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.
Un informe presentado por el Ministerio de Seguridad provincial publicado por el diario Clarín en julio, reveló que durante el primer semestre de 2016 hubo 109 homicidios en la Gran Rosario. Si se suman todos los casos registrados en los últimos cuatro años y medio, la ola de violencia habría acabado con más de mil vidas.
Según las autoridades provinciales, el nivel de violencia que registra la ciudad está directamente asociado a la proliferación de armas en manos de los civiles y a los enfrentamientos entre bandas dedicadas al narcotráfico.
El Informe del Sistema Nacional de Información Criminal (Snic) que publicó en abril el Ministerio de Seguridad, reveló que Santa Fe tuvo una tasa de 12,2 homicidios por cada 100 mil habitantes en el año 2015, lo que duplicó la media nacional establecida en 6,6.
Fuente: La Nación, Clarín, El Litoral.
