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Tal como lo habían anunciado, los trabajadores argentinos realizarán este martes 27 de septiembre un paro de actividades con movilizaciones en todo el país, sin esperar a la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) que también anunció la semana pasada un paro de 24 horas en octubre.
«Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. La CGT es otra organización que ha decidido darle más tiempo al Gobierno, esperando respuestas que no ha dado. No vamos a esperar a otros», aseguró Hugo Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
El paro de los estatales de este martes contará con el apoyo de los trabajadores del sector salud, del gremio de docentes y «otras organizaciones» señaló Godoy.
«El Gobierno está llevando adelante una tercera reforma del Estado que implica que a los trabajadores estatales nos tiene como principal objetivo», advirtió.
La reforma anunciada por el Gobierno de Macri contempla la evaluación de las diferentes áreas del Estado para ver dónde es necesario realizar traslados de personal, capacitaciones, jubilaciones, retiros voluntarios e incluso la no renovación de contratos.
Por su parte, el integrante del triunvirato de la CGT unificada, Juan Carlos Schmid, señaló este lunes que en este momento esta organización está finalizando las rondas de conversaciones con el gobierno nacional y «que aún no hay definiciones».
El viernes pasado el Comité Central Confederal dio un mandato a la CGT de realizar un paro de 24 horas, pero no se definió la fecha exacta de octubre en la que sería realizado.
El dirigente señaló que en el caso de la CGT están avanzando con “prudencia” para que “todo el mundo comprenda las razones de una protesta”.
Además, reiteró que, entre otras demandas, la CGT reclama “un aumento de emergencia a los jubilados y que se excluya del impuesto a las Ganancias al aguinaldo”.
Este jueves la CGT se reunirá con el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, ante quien plantearán los reclamos que incluyen la reapertura de paritarias (negociaciones salariales), un aumento a los jubilados, la eliminación del impuesto a las ganancias y medidas para contener la inflación.
Hasta ahora el Ejecutivo se ha negado a reabrir las negociaciones salariales por considerar que no son necesarias ante la tendencia a a la baja que tiene la inflación y que, según estimaciones oficiales, se mantendrá hasta finales de año.
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