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Durante dos horas la exmandataria Cristina Kirchner estuvo este lunes cara a cara con el juez Julián Ercolini, en la indagatoria que estaba obligada a rendir por la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez.
Kirchner se negó a responder las preguntas del juez y de los fiscales, fue tajante al señalar: «No soy amiga ni socia de Báez».
La afirmación de Kirchner contrasta con la hipótesis de los fiscales que investigan la causa, quienes creen que la exmandataria y su fallecido esposo Néstor Kirchner insertaron a Báez en el negocio de la construcción vial y armaron un “plan direccionado” exclusivamente para colocarlo como el principal beneficiario de los contratos.
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Báez obtuvo el 11,4 % del presupuesto general de Vialidad Nacional en doce años de gobiernos kirchneristas y con AR$ 33.800 millones (US$ 2.200 millones) fue el empresario que más dinero recibió para obras que en un 50 % nunca concluyó.
Los fiscales señalan, además, que la familia Kirchner tiene al menos 13 negocios inmobiliarios con Lázaro Báez. El empresario K fue responsable de gerenciar tres hoteles de Cristina Kirchner hasta 2013.
Pese a estos datos la exmandataria denunció que es víctima de una persecución política, pidió la nulidad de la causa y solicitó una auditoría sobre las obras viales realizadas durante toda la gestión kirchnerista.
Asimismo, denunció al actual gobierno por un presunto delito en el otorgamiento de fondos públicos para el soterramiento de la exlínea Sarmiento del ferrocarril a la empresa IECSA, del tío del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra.
Sobre este último punto los fiscales ante habrían pedido extraer testimonio y que se abra una causa judicial para investigarlo, dijeron fuentes a los diarios La Nación y Clarín.
Al salir de la indagatoria, que según la prensa local se desarrolló en un ambiente tenso, Kirchner dijo a los periodistas que la investigación es «un disparate» e insistió que, al igual que otros líderes de la región, es blanco de persecución política.
«Es un disparate mayúsculo pretender que hubo una asociación ilícita liderada por el Ejecutivo con distintos funcionarios públicos. Es una maniobra formidable de persecución política que no es original, que también pasa en Brasil y tiene como foco al expresidente Lula da Silva. Es una maniobra a nivel regional y acá obviamente del actual gobierno, que trata de tapar el desastre económico y social que hoy tiene la Argentina. Es una cosa que tiene que resolver la sociedad y eso se resuelve en elecciones», comentó a la prensa la exmandataria.
Consultada sobre una posible candidatura en las elecciones legislativas de 2017 dijo que el gobierno y poder judicial «apuntan contra dirigentes que pueden ser candidatos y ponen en peligro a su electorado».
«Por eso tampoco es casual la insistencia del voto electrónico con chip. Nadie puede pensar que estas políticas la gente pueda votar […] Lo han demostrado todos los técnicos. Es un momento de gran responsabilidad institucional», señaló la expresidenta.
Kirchner se refería a la boleta única electrónica incluida en la Reforma Electoral que impulsa el Gobierno de Mauricio Macri en el Congreso de la Nación. Expertos advirtieron recientemente que la boleta electrónica, que sustituiría a la de papel, tiene muchos problemas que ponen en riesgo el secreto del voto y amplían la posibilidad de hacer fraude.
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