Justicia argentina frenará maniobras para obstruir denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner
La Sala I de la Cámara de Casación Penal estaría decidiendo en las próximas horas el futuro de la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la exmandataria argentina Cristina Kirchner, por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado terrorista de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.
El diario argentino Clarín reveló la semana pasada que aliados judiciales de la exmandatia habrían estado maniobrando para que la denuncia recayera en manos de jueces afectos al kirchnerismo y así evitar que la denuncia del fallecido fiscal prosperara en la justicia.
El medio argentino señala que el viernes pasado se sumó una maniobra más por parte de la jueza K, Ana Figueroa.
- Lea más: Aliados judiciales de Cristina Kirchner intentan frenar denuncia del fiscal Nisman por encubrimiento
Según Clarín la letrada se inhibió de seguir interviniendo en el caso y pidió que sus dos colegas de esa sala, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, hagan lo mismo. La intención de Figueroa es que otros jueces de tendencia kirchneristas sean los que finalmente decidan sobre la causa.
Sin embargo, el diario argentino señala que tanto Borinsky como Hornos rechazarían el pedido y se mantendrían en el caso, lo que daría finalmente impulso a la acusación de Nisman contra Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno.
La defensa de uno de los acusados por Nisman, el excanciller Héctor Timerman, rechazó la inhibición de Figueroa para no perder una ficha K que siempre ha votado a favor de que no se reabra la denuncia.
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, en su rol de querellante, también rechaza la inhibición, pero porque quiere que se expida lo antes posible la causa a la Corte Suprema de Justicia y así terminar con las dilaciones.
Clarín señala que Figueroa justificó su apartamiento de la causa basándose en supuestas inhibiciones y recusaciones previas, vinculadas a la causa por el atentado contra la AMIA de 1994, y las había unido con la denuncia de Nisman contra la exmandataria. Sin embargo, Clarín recuerda que la misma Figueroa había sostenido, en otras resoluciones previas, que “no existe conexidad” entre esos casos.
Hornos y Borinsky podrían consideran improcedente el pedido de Figueroa y su argumento para unir ambas investigaciones.
Fuentes de tribunales indicaron a Clarín que la causa del atentado contra la AMIA y la denuncia de Nisman por encubrimiento son casos “con distinto objeto procesal” y que se tramitan separados.
Ambos casos tendrían 21 años de diferencia. En el caso del atentado de la AMIA que fue en 1994 los imputados son los iraníes, y en el caso de la denuncia de Nisman por encubrimiento (2015) los imputados son Cristina Kirchner y varios funcionarios de su gobierno.
“El encubrimiento de un delito se investiga separadamente” del mismo delito, aseguraron fuentes judiciales a Clarín. Esta sería la alternativa que estarían votando los magistrados Hornos y Borinsky.
Clarín destaca que la estrategia de Figueroa y de la defensa del excanciller Timerman sería que queden recusados todos los jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal para que las inhibiciones o el tema de fondo lo termine decidiendo la Cámara porteña de Casación Penal.
Esta última instancia fue la que decidió que la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman quedara en el fuero ordinario. Tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia para que la investigación pasara definitivamente a manos de un juez federal, como debió ser desde el principio.
El fiscal Alberto Nisman fue encontrado muerto en el baño de su departamento el 18 de enero de 2015, justo un día antes de que presentara ante el Congreso su denuncia contra la expresidente Cristina Kirchner y parte de su Gobierno.
Fuente: Clarín.
Artículos Relacionados
Colombia: nuevo acuerdo mantiene 10 curules reservadas para las FARC
El nuevo acuerdo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, que incluye algunas de las propuestas hechas por la oposición tras la derrota de lo pactado inicialmente en el plebiscito para la paz, mantendrá la garantía de 10 curules para el grupo subversivo en el Congreso colombiano, cinco en la Cámara de Representantes y cinco en el Senado. Lea más: Colombia: "nuevo acuerdo con FARC es final y definitivo" según asesor del proceso Lea más: Gobierno de Colombia y las FARC firman nuevo acuerdo de paz El Gobierno garantizará estas curules siempre y cuando no sean logradas por los votos, es decir, en caso de que las FARC no logren obtener cinco curules se les asignarán según la votación que hayan tenido. Cabe resaltar que si logran menos de cinco, estas serán incluidas dentro de las curules garantizadas, por ejemplo, si logran tres, sólo se les otorgaran dos más. En caso de que logren las cinco con sus propios votos, no tendrán más curules que esas. En lo que tiene que ver con el Senado de la República la elección se hace con una única lista, por lo que entrarán allí las cinco personas que obtengan mayor votación en las elecciones que se realizarán el próximo año. El acuerdo también mantiene los tres voceros para la Cámara y tres para el Congreso que tendrán voz, pero no voto mientras se realiza la contienda electoral. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1459522593195-0'); }); Al igual que con las curules en el Congreso, la renegociación también mantiene los canales de difusión que se habían pactado en el acuerdo inicial. Esto quiere decir, que según el punto 6,5 del nuevo acuerdo, las FARC tendrán la posibilidad de hacer pedagogía a través de ellas en "las zonas más afectadas por el conflicto, en los puntos geográficos y con la potencia que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final defina de óptimo alcance para la emisión de señal y que serán asignadas a Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC, con el objetivo de hacer pedagogía de los contenidos e informar sobre los avances de la implementación del Acuerdo Final". Sin embargo, el acuerdo varió en lo que tiene que ver con la administración después de los dos años. Ahora los contenidos de un tercio un tercio de ellas pasarán a ser administradas únicamente durante cuatro años por las Economías Sociales del Común ECOMUN, que es una cooperativa creada por las FARC para la reinserción de los combatientes y antes se contemplaba que la totalidad de ellas serían para dicha cooperativa y no establecía cuál sería el tiempo durante el cual estarían bajo el poder del grupo subversivo. Fuente: Nuevo Acuerdo Final
Nunca compartiremos tu correo electrónico con nadie.
Cargar Próximo Artículo...