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La juez federal de Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires), Mirta Filipuzzi, ordenó la prohibición de salida del país de ocho empresarios vinculados a un entramado de facturas falsas para favorecer al empresario kirchnerista Lázaro Báez, acusado de lavado de dinero.
La jueza, que también decidió que la acción judicial recayera sobre Báez y su hijo Martín Báez, argumentó que la prohibición de salida del territorio argentino es para «asegurar la comparecencia de los imputados para el caso de que sean convocados a prestar declaración indagatoria».
Todos los sospechosos están imputados por los delitos de evasión tributaria agravada, lavado de activos y asociación ilícita fiscal.
La magistrada, además, ordenó avanzar contra los bienes de los involucrados. «Teniendo en cuenta el riesgo de «desapropiación» (de los sopechosos) resulta necesario y pertinente disponer medidas para evitar el eventual provecho de los delitos imputados», dijo Filipuzzi.
Los ocho empresarios de la ciudad de Bahía Blanca involucrados en la emisión de facturas falsas son integrantes de las familias Ficcadenti (Mauro, Franco, Enzo y Silvio), los Ferreyra (José, Denis, Jorge y Franco) y Pedraza. A estos se suma un conocido contador de la zona, Rogelio Chanquía.
La Nación había revelado en un trabajo publicado en 2014, que la empresa de Lázaro Báez, Austral Construcciones, había acumulado facturas «infladas» por decenas de millones de pesos de empresas y sociedades falsas de Bahía Blanca, controladas por las mencionadas familias.
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En ese momento el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, admitió que los Ficcadenti, los Ferreyra y los Pedraza se encontraban en fiscalización, pero restó importancia al rol de Báez y además trató de desligar a la exmandataria argentina Cristina Kirchner del caso.
La Nación destaca que la magistrada Filipuzzi con su resolución avanzó hacia la normalización del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, vacante desde hace años, y del que el kirchnerismo había desplazado al primer subrogante, Santiago Martínez. Lo acusaron de «desidia para impulsar las causas por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura».
Las nuevas autoridades de la AFIP enviaron a la Justicia un informe que da cuenta de irregularidades cometidas por el sustituto de Martínez, el juez federal Alejo Ramos Padilla, puesto por el kirchnerismo.
Padilla habría impulsado las causas por crímenes de lesa humanidad, pero el caso sobre Báez quedó congelado. Incluso, un ex secretario del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca dijo que Padilla al asumir el cargo lo primero hizo fue reunirse con el abogado de dos de los empresarios sospechados.
En junio de 2016, el fiscal federal de Bahía Blanca Antonio Castaño reimpulsó la investigación y avanzó contra Báez, los empresarios locales y las ex autoridades de la AFIP nacionales y bahienses, a las que adjudicó «claras maniobras activas de encubrimiento».
Fuente: La Nación.
