El juez federal Julián Ercolini procesó y embargó con AR$ 10.000 millones (US $643.300.000) a la exmandataria argentina Cristina Kirchner por el delito de asociación ilícita en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez.
La exmandataria fue considerada “‘prima facie’ coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública”.
Según el fallo, a Cristina Kirchner se le señala de haber “perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país”.
La medida recayó también sobre el exministro de Planificación Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas, José López, el propio Báez, Carlos Kirchner, primo del fallecido expresidente argentino Néstor Kirchner y Nelson Guillermo Periotti, titular de la Dirección Nacional de Vialidad durante los gobiernos K.
También fueron procesados y embargados con AR$ 2.500.000(US $160.825) seis funcionarios de Vialidad Nacional y provincial. Todos ellos fueron considerarlos partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública.
Una auditoría reciente realizada por la nueva gestión de la Dirección Nacional de Vialidad reveló que Lázaro Báez fue favorecido con 52 contratos que en un 50 % quedaron inconclusos, pero que cobró con sobreprecios por encima del 65 %, detalla el diario Clarín.
El diario argentino señala que el Grupo Austral, propiedad de Báez, cobró solo en sobreprecios USD $1.000 millones y USD $3.232 millones en contratos.
Para la exmandataria es el segundo procesamiento. El primero lo ordenó el juez Claudio Bonadio en la causa del dólar futuro y la embargo por AR$ 15 millones (USD $964.950). En este último caso Kirchner declaró que no contaba con los fondos, tras ceder toda su fortuna a sus hijos, razón por la cual Bonadio decidió una inhibición general de sus bienes.
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En el caso de Báez, quien está preso desde abril por lavado de dinero, el juez Ercolini argumenta que entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, habría realizado un aporte “imprescindible” en los hechos atribuidos “al haber montado y aportado la estructura societaria necesaria para hacer confluir en aquélla los fondos del Estado nacional que fueron asignados a la obra pública vial durante el período citado”.
Al exministro de Planificación se le involucra en la causa por haber “perjudicado los intereses confiados al adoptar decisiones económicas y administrativas, en inobservancia de los deberes inherentes a su cargo”. De Vido está procesado e imputado en otras causas por actos de corrupción cometidos durante sus gestión.
Por otra parte, el exsecretario de Obras Públicas “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de intervenir en todo lo inherente a la DNV, organismo descentralizado del ámbito de su competencia”, completa el fallo. López fue detenido en junio cuando intentaba esconder en un convento USD $9 millones en efectivo.