La fiscal María Paloma Ochoa comenzó a investigar la condiciones en las que se firmó el 6 de noviembre el memorándum entre Argentina y Qatar por US$ 1.300 millones.
Por esta caso la fiscal decidió imputar al presidente argentino Mauricio Macri, a la vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti, a la canciller Suasana Malcorra; a la embajadora argentina en Qatar, Rossana Cecilia Subralle; el emir de Qatar, Tamin Bin Hamad Al Thaniy, al extenista argentino Gastón Gaudio (campeón del Rolan Garrós 2004), entre otros.
Ochoa dictaminó abrir formalmente una investigación para la cual le pidió al juez federal Daniel Rafecas las primeras medidas de prueba.
El memorándum comercial es un acuerdo entre el Fondo Qatarí de Inversiones y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina por US$ 1.300 millones que Michetti firmó en Qatar.
La fiscal actuó tras una nota de investigación publicada por el diario argentino Perfil y la posterior denuncia por parte de Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien señaló que el memorándum estaba lleno de irregularidades que comprometían los intereses de Argentina.
En el memorándum se habla de estructuras offshore para la “eficiencia” en los impuestos y pone al FGS por debajo de un administrador extranjero, detalla Perfil. La negociaciones se habrían dado “entre funcionarios públicos y lobbystas privados que estuvieron al tanto de toda la información que manejaban el Estado argentino y de Qatar”, señala el medio argentino.
Perfil destaca que el extenista Gaudio, quien fungió como lobbysta, estuvo al tanto de toda la agenda argentina, “como si se tratara de un funcionario más”.
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El extenista habría compartido información privilegiada con el empresario Nicolás Rosendi, quien, según Perfil, ya habría firmado contrato con los árabes gracias a los datos que recibió tanto de Gaudio como del exasesor del Presidente Macri en Inversión Extranjera, Horacio Reyser. Rosendi también fue imputado por la fiscal Ochoa.
Fernando Miguez acusa a los imputados en el caso de los delitos de otorgamiento de actos irregulares o indebidos, estafas y defraudaciones, administración fraudulenta, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
El denunciante sostuvo que el acuerdo es secreto y que no contemplaría el pago de impuestos, que no se conoce la cantidad de dinero que aportará Argentina ni por qué se deben tomar fondos del Anses. Además se omitió darle intervención al Ministerio de Economía de la Nación y al Banco Central de la República Argentina (BCRA).
También fueron imputados el exvicecanciller Carlos Foradori; el titular de ANSES, Emilio Basavilbaso; el secretario de Coordinación Mario Quintana; el exdirector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) Luis María Blaquier; el exasesor del Presidente en Inversión Extranjera, Horacio Reyser; el director de Relaciones Internacionales del Senado, José Ortiz Amaya y el presidente de YPF Miguel Ángel Gutiérrez.