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Ante una severa caída en los precios del petróleo, el Gobierno de Ecuador ha recurrido a medidas urgentes en materia tributaria y para incentivar la producción nacional. La Asamblea Nacional, dominada por miembros del movimiento oficialista Alianza País, aprobó la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, vigente desde el 29 de diciembre.
La norma, diseñada para recaudar US$200 millones en ingresos anuales, deroga 10 leyes previas y se convierte en la décimo primera reforma fiscal del año 2014. De acuerdo con sus propulsores, intenta incentivar una mayor producción doméstica al hacer varias modificaciones en el régimen tributario de Ecuador.
El pliego —que recibió 91 votos a favor, 10 en contra y cuatro abstenciones— incluye incentivos tributarios para promover el uso de las cocinas de inducción y desalentar las de hornos de gas a lo largo del país.
Esto se suma a anteriores cambios en el sector energético de Ecuador, tales como el recientemente impulsado Programa de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad. La meta estatal es cambiar la matriz energética del país, y disminuir el consumo de combustibles importados, como el gas licuado del petróleo (GLP), e incrementar el uso de la energía hidráulica. Actualmente, el subsidio al gas le cuesta $700 millones anuales al Estado.
Entre las propuestas aprobadas está la de la diputada oficialista Ximena Ponce, que elimina el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 12% sobre las cocinas de inducción. Al mismo tiempo, un incremento del 100% del correspondiente Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) duplicará el precio de las cocinas a gas.
«Si usted es abonada eléctrica y toma la decisión de no contribuir al cambio de la matriz energética y de tener gas, le van a costar, el gas y la cocina. Es un desincentivo fuerte para las de gas», indicó Ponce.
Recomendaciones de los liberales: aumentar el IVA. NO vamos a hacer eso! Si precio del petróleo sigue bajando, recortaremos en inversiones.
— Virgilio Hernández E (@virgiliohernand) December 21, 2014
En su transmisión nacional sabatina, el pasado 20 de diciembre, el presidente Rafael Correa afirmó que está abierto a la importación de las cocinas de inducción libres de impuestos.
Inversionistas sienten el golpe
El asambleísta opositor Luis Fernando Torres ha expresado su preocupación sobre lo que él ha llamado la «ley de complicaciones fiscales».
El mismo proyecto que desestimula el consumo del gas licuado introduce una serie de reformas tributarias, en las que las transferencias ocasionales de acciones y participaciones ya no estarán exentas del impuesto sobre la renta, para evitar que las grandes empresas usen esta categoría jurídica para evadir el pago de impuestos.
Torres sostuvo, sin embargo, que este cambio afectará negativamente a las personas que tienen pequeñas cantidades de acciones, dejando a grandes empresas relativamente indemnes. El opositor afirma que medidas imprecisas como estas podrían «ser malinterpretadas» y «terminarán desalentando a los pequeños inversores». Señala a las leyes colombianas, peruanas y chilenas como alternativas superiores.
#LeyIncentivosProduccion destruirá mercado de acciones con nuevo impuesto y más controles #AsambleaNacional
— Luis Fernando Torres (@lftorrest) December 22, 2014
Incentivos para unos pocos, amigos del Gobierno
Otro aspecto polémico de la ley es la oferta de «estabilidad fiscal«—una serie de obligaciones tributarias que se mantendrán en el mediano plazo— creada para las inversiones superiores a US$100 millones. Durante el segundo debate del proyecto, se agregaron a la propuesta original otros requerimientos a esta sección de la norma, como la exigencia de informes técnicos y hasta una autorización del propio presidente Correa para realizar inversiones de esa dimensión.
Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, sostuvo que los incentivos presentados en la ley «se quedan cortos» para los comerciantes, y que por el contrario, deberían basarse en el actual panorama empresarial del país. «Hay muy pocas inversiones de US$100 millones en Ecuador,» dijo Arosemena en una entrevista con la emisora local Ecuavisa. «En Colombia, por ejemplo, el umbral [de beneficios] para la inversión es de $2 millones… Aquí bien podría ser de $250.000, una cantidad más adecuada a la realidad ecuatoriana».
Por otra parte, propuso que Ecuador debe «ampliar los incentivos a más sectores, no solo los que puedan repercutir en la matriz de producción. [Vamos] a bajar el umbral de las inversiones inteligentes, que realmente puede suceder, y proporcionar estabilidad, no sólo en materia fiscal, sino también en lo laboral».
Sigue la ambigüedad legal
Fabián Pozo, especialista jurídico ecuatoriano, compartió con el PanAm Post que el proyecto de ley representa otra gran reforma fiscal con repercusiones negativas probables para el mercado bursátil de Ecuador.
«Todo tipo de transferencias de acciones y participaciones van a ser gravadas… Este impuesto no es nuevo a nivel internacional. Sin embargo, normalmente se impone solo sobre la ganancia de capitales», explicó. «Esto no está muy claro en el texto de la reforma, por lo que podría ser malinterpretado», y argumentó que podría sostenerse que «todos los ingresos son susceptibles de gravamen».
Destacó la posibilidad de confusión sobre la eliminación de varias exenciones fiscales para las tenencias extranjeras y nacionales, a menos que puedan demostrar que su «beneficiario directo» es un ciudadano ecuatoriano.
Pozo reconoció algunos aspectos positivos secundarios, tales como la simplificación burocrática de pago de impuestos. Sin embargo, dijo que la reforma no trae «mayores incentivos a la inversión o a la producción», lo que debería ser el objetivo primordial.
Traducido por Rebeca Morla y Sabrina Martín.
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