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English Las naciones latinoamericanas están destacadas en el Informe Mundial 2015 de derechos humanos presentado por Human Rights Watch (HRW).
Algunos países, como Chile y Brasil recibieron elogios por las mejoras que han presentado respecto a años anteriores. Otros llamaron la atención por lo contrario, especialmente tres miembros destacados de la Alianza Bolivariana y defensores del socialismo del siglo XXI: Bolivia, Ecuador y Venezuela.
Las 644 páginas de la 25.ª edición del informe, publicado el viernes 30 de enero, evalúan los eventos acontecidos entre finales de 2013 y noviembre de 2014. Además, se resumen las preocupaciones más relevantes en materia de derechos humanos en más de 90 países alrededor del mundo. Aunque no existe una calificación como tal, cada nación tuvo su propio capítulo (vea el informe adjunto al final).
Este año, los autores se concentraron en aspectos puntuales, como la disponibilidad de información, libertad de expresión y de prensa, la eficiencia judicial e independencia, entre otros.
Kenneth Roth, director ejecutivo del Observatorio Mundial de Derechos Humanos, afirmó que muchos Gobiernos «parece que llegaron a la conclusión de que las graves amenazas a la seguridad en la actualidad deben priorizarse sobre los derechos humanos», y que dichas violaciones «jugaron un importante papel al generar o agravar la mayoría de las crisis de la actualidad».
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— Human Rights Watch (@hrw_espanol) January 30, 2015
No hablen de la impunidad en Bolivia
Los autores del informe afirman que no existe progreso en los procesos contra las violaciones a los derechos humanos que se cometieron entre 1964 y 1982, años en los que Bolivia fue gobernada por regímenes autoritarios. Las víctimas de la violencia política en esa época tampoco han sido compensadas.
Por otro lado, en la publicación se señala que no ha habido esfuerzos para llevar ante la justicia a los responsables de asesinar a los opositores del presidente Evo Morales en las protestas de 2008.
«La amplia discreción de los jueces para ordenar la detención de antejuicios y la falta de acceso a defensores públicos han minado a los defensores del debido proceso», reza el informe, «particularmente entre los bolivianos pobres».
Pero los problemas identificados van más allá del sistema judicial. El informe detalla las violaciones dirigidas a los empleados del Gobierno, entre ellos las sufridas por los soldados que protestaron para obtener mejores condiciones laborales para aquellos de menor rango.
Además, la tarea de informar acerca de estos temas es sofocada por un ambiente «hostil». El presidente Morales tiene el poder de disolver organizaciones de la sociedad civil, así que periodistas y defensores de los derechos humanos sufren intimidaciones.
El problema de Correa con la libertad de expresión
Los autores del informe mostraron la misma preocupación con Ecuador. Denunciaron el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, como se dio en las protestas pacíficas en Quito en septiembre de 2014, las cuales se vieron ensombrecidas por abusos policíacos.
«Decenas de detenidos han sufrido graves abusos físicos, como patadas, descargas eléctricas e incluso palizas […] En 24 horas, más de 100 aprehendidos fueron presentados ante los jueces bajo los cargos de resistirse o atacar a las autoridades. Nunca se les informó acerca de los cargos en su contra y no tuvieron contacto con los miembros de su familia o abogados hasta poco antes de las audiencias».
Respecto a la libertad de expresión se mencionó la Ley de Comunicación, que «le otorga al Gobierno la autoridad para limitarla», y esta ha sido la clave para censurar las opiniones en contra de la administración del presidente Rafael Correa. En este aspecto, el informe destaca el caso de Bonil, el caricaturista que «fue forzado a ‘enmendar’ uno de sus dibujos».
El informe también demuestra la corrupción, ineficiencia y la falta de independencia del sistema judicial ecuatoriano. Se alega los cargos criminales desproporcionales contra los manifestantes y «amplios poderes para intervenir en las operaciones de las ONG».
Los derechos humanos contra las armas en Venezuela
El escenario más alarmante, sin embargo, es Venezuela. Las protestas que comenzaron en febrero de 2014 dejaron al menos 40 muertos y 3.000 encarcelados.
En el informe se señala a la «fuerza ilegal que ha usado rutinariamente» la policía contra manifestantes desarmados. De acuerdo con el documento, las violaciones incluyen palizas, disparos indiscriminados con fuego real y los disparos de balines contra individuos desarmados que ya se encontraban bajo custodia.
Asimismo, el informe detalla que en Venezuela el sistema judicial «en gran parte ha dejado de funcionar como institución independiente del Gobierno». Se citó ejemplos como el de la juez María Lourdes Afiuni, encarcelada en 2009, un día después de que autorizara la liberación de un preso crítico del Gobierno.
«Durante las protestas de 2014, los funcionarios judiciales no cumplieron su papel como protectores en contra del abuso de poder y, en su lugar, fueron cómplices de grandes violaciones al debido proceso», se lee. También menciona el caso de Leopoldo López, el líder opositor que fue acusado de ser el «autor intelectual» de los disturbios suscitados el año pasado y quien se encuentra encarcelado desde el 18 de febrero de 2014.
En comparación con los otros países del ALBA, los funcionarios venezolanos llaman la atención por el poder que poseen para regular a los medios. La ley de telecomunicaciones, escriben los autores, permite a la administración de Nicolás Maduro suspender o revocar concesiones a los medios privados, con la intención de «disminuir la capacidad de quienes se dedican a la crítica».
De acuerdo al informe, aunque existe preocupación internacional de las ONG y miembros de la ONU respecto a las condiciones de derechos humanos en Venezuela, no existe un progreso significativo en esa materia. Por otro lado, como miembro del Consejo de Derechos Humanos, «Venezuela votó regularmente para evitar el escrutinio de situaciones graves de los derechos humanos alrededor del mundo».
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