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El “Gran Hermano” pone cámaras en los moteles y burdeles de Ecuador

Por: Rebeca Morla - @RebecaMorla - Mar 10, 2015, 11:21 am
Discotecas, bares, cabarets, moteles y otros establecimientos similares en Ecuador deben haber implementado sistemas de video vigilancia para finales de marzo de 2015.
Discotecas, bares, cabarets, moteles y otros establecimientos similares en Ecuador deben haber implementado sistemas de video vigilancia para finales de marzo de 2015. (Comunicación Central)

EnglishEl Ministerio del Interior del Ecuador ha aprobado una nueva regulación que obliga a los centros de diversión nocturna a instalar cámaras de seguridad dentro de sus instalaciones. La medida, adoptada el 30 de enero, establece que los sistemas de vigilancia mediante video deben estar ser colocados antes de finales de marzo, para que los dueños de discotecas, bares, cabarets (eufemismo con el que en Ecuador se suele esconder la figura del prostíbulo) y moteles puedan recibir los permisos de funcionamiento correspondientes.

La medida requiere que las cámaras de vigilancia sean colocadas “en sitios estratégicos públicos, y que no violen la privacidad del ciudadano”, tales como pasillos, salas de espera, entradas y salidas. Los videos deben ser archivados por seis meses, y serán proporcionados a las autoridades cuando sea necesario.

Asimismo, la nueva reglamentación requiere a este tipo de negocios tener un guardia de seguridad por cada 50 clientes. Su incumplimiento puede llevar a un cierre permanente del lugar por parte del gobierno.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio del Interior, el objetivo de la nueva medida es “seguir consolidando la seguridad ciudadana y la convivencia social pacífica” en el país.

Consuelo Castro, intendente de Policía de la provincia del Guayas, aseguró al público que la medida no violará la privacidad de aquellos que visitan estos establecimientos, aduciendo que su principal objetivo será prevenir los actos violentos o ilegales.

“Los videos permitirán identificar la presencia de adolescentes en el lugar, o el ingreso de armas, y nos facilitarán la identificación de quienes cometan un delito o infracción”, dijo Castro.

Sin embargo, Enrique Barreiro, representante de la Asociación de Propietarios de Establecimientos Nocturnos (Apden), dijo al diario local El Comercio que la nueva política debe ser estudiada en detalle, “dado que en muchos casos los clientes sentirían que su privacidad está siendo violada”.

El público responde

El aumento de la vigilancia estatal en la vida pública de Ecuador no es nada nuevo. Desde 2012, el gobierno ha implementado la colocación de 55,000 cámaras de vídeo en taxis y autobuses, más de 2,000 en calles y carreteras, y más de 1,400 en los colegios del país.

Sin embargo, la última disposición que ahora rige sobre la vida pública nocturna ha sido recibida con un fuerte rechazo entre los usuarios de las redes sociales del Ecuador. En medio de bromas y quejas, varios usuarios de Twitter han alegado que el Estado ecuatoriano tiene como objetivo controlar aún más la actividad de sus ciudadanos.

Seguridad versus Privacidad

Andrés Delgado, fundador de Apertura Radical, y miembro del colectivo #InternetLibre, es un firme opositor a la medida de vigilancia más reciente del gobierno. En una entrevista con el PanAm Post, sostuvo que poner cámaras en los clubes nocturnos, bares y otros establecimientos similares es una clara violación de la privacidad en la vida personal.

“El problema no es, como piensan algunas autoridades, que pensemos que las cámaras van en las alcobas o los baños de estos lugares. El registro de las actividades en las zonas públicas —es decir quién, cuándo, dónde y con quién estaba alguien— supone una invasión a la privacidad, puesto que se puede asociar todos estos datos al tipo de actividades que se desarrollan en estos centros, incluso cuando no necesariamente se cometan estos actos”.

Cuando se le preguntó acerca de la justificación del gobierno para la nueva regulación, Delgado dijo que no cree que el público esté dispuesto a sacrificar su libertad por seguridad.

“El Estado me puede encerrar a mí y a mi familia entre cuatro paredes de concreto, garantizarnos alimentación adecuada y atención médica cuando así lo requiramos, pero la razón de que esto suena tan absurdo es que, evidentemente, nadie estaría dispuesto a sacrificar su libertad a cambio de obtener ‘seguridad ciudadana’ o ‘convivencia pacífica’”, sostuvo.

“La colocación de cámaras es una medida igual de agresiva, pero menos evidente. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la seguridad, pero también la de respetar nuestro derecho a la privacidad. Ya se han establecido varios Principios Internacionales sobre la Aplicación de Derechos Humanos a la Vigilancia y, claramente, en este caso no se están respetando”, añadió.

Por otra parte, explicó que han habido otros intentos de obtener información privada sobre los ciudadanos a través de la legislación en el país. Delgado recordó que hace un año, el Gobierno intentó incluir en el nuevo Código Penal un artículo para recopilar todos los datos de todo el tráfico de conexión a Internet en el país, así como los metadatos asociados a estas comunicaciones.

La ley trató también de obligar a los propietarios de cibercafés a registrar la actividad de sus usuarios, pero la Asamblea Nacional rechazó después la propuesta con el argumento de que violaba los derechos humanos. Más recientemente, un segundo intento de mantener el acceso y los registros de llamadas se realizó a través de la Ley de Telecomunicaciones, pero el presidente Rafael Correa vetó la legislación.

Delgado señala que existen importantes paralelismos entre la legislación que fue finalmente rechazada por el presidente o por la Asamblea Nacional, y el reglamento actual de vigilancia establecido por el Ministerio del Interior.

“En ambos casos hablamos de recopilación de datos por parte de terceros en bases de datos que son vulnerables a ataques”, señaló, aduciendo que si las medidas similares anteriores han sido rechazadas, esta disposición tampoco debería permitirse.

Por último, Delgado dijo que aunque la Secretaría de Inteligencia Nacional del Ecuador (Senain) no es tan poderosa como la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) o el GCHQ británico, “tiene un presupuesto anual de US$58 millones, y dispone de un software capaz de espiar en las redes sociales, teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores, así como reconocimiento facial y de voz”.

“¿Qué mecanismos existen para que los ciudadanos nos aseguremos de su adecuado proceder? Esa es una pregunta que me gustaría respondan las autoridades. La democracia no debe ser una cuestión de fe”, afirmó Delgado.

Rebeca Morla Rebeca Morla

Rebeca Morla es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Ecuador. También es miembro del Consejo Ejecutivo de Estudiantes por la Libertad. Síguela por Twitter @RebecaMorla.