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EnglishLa última de las acciones del gobierno de Rafael Correa contra la prensa crítica se ha centrado en Xavier Bonilla, el famoso caricaturista ecuatoriano más conocido como “Bonil”. Por publicar una caricatura donde ridiculizaba al congresista Agustín Delgado, del partido gobernante Alianza País, la fiscalía de Ecuador lo investiga ahora penalmente.
El jueves 19 de marzo, Bonil anunció a través de su perfil de Facebook, que el fiscal Galeano Balcázar impulsó una investigación en su contra y el medio donde trabaja, El Universo, por una caricatura publicada en octubre del año pasado. El abogado del artista, Ramiro García, confirmó la apertura del proceso por “discriminación socioeconómica” en su cuenta de Twitter.
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El Código Penal de Ecuador castiga la discriminación étnica o socioeconómica con prisión de uno hasta tres años.
El fiscal ordenó a la policía que tome declaraciones a la presunta víctima y a testigos, examine el lugar donde el crimen habría sido cometido y que investigue a los sospechosos, incluyendo los antecedentes policiales y vida privada del acusado. La primera etapa de investigación preliminar debe concluir en 30 días.
El caso se remonta a octubre de 2014, cuando 14 organizaciones que representan a grupos étnicos afroecuatorianos presentaron una demanda, asegurando que la caricatura era discriminatoria hacia el legado afrodescendiente del legislador y exjugador de fútbol.
En febrero de 2015, Bonil fue amonestado por la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) por incurrir en “discriminación socioeconómica” contra Delgado
El organismo estatal ordenó a Bonil “corregir y mejorar sus prácticas para el pleno y eficaz ejercicio de los derechos a la comunicación” y evitar repetir esta ofensa. La Supercom además exigió a El Universo la publicación de una disculpa pública a la población que se sintió ofendida por la caricatura.
No contenta con ello, la entidad remitió el expendiente a la fiscalía “para la investigación de un presunto delito”.
En una entrevista con la agencia AFP en febrero, el caricaturista se despachó en contra de las acusaciones. Bonil aseguró que si él debía “mejorar las prácticas de comunicación”, entonces también debería exigirse que el presidente Correa “deje de insultar a los periodistas, de agredir verbalmente a los caricaturistas y a los ciudadanos, acusándonos sin pruebas”.
Protestan contra sanciones
Luego de conocerse la investigación penal contra Bonil, hubo un revuelo en las redes sociales a favor del caricaturista. Muchos usuarios mencionaron su caso como la razón que las impulsó a manifestarse en contra del gobierno de Correa la semana pasada durante la marcha #19M.
Que la @FiscaliaEcuador abra una indagatoria contra @bonilcaricatura es vergonzoso, impresentable.
— Martha Roldós (@martharoldos) March 20, 2015
La fiscalía abre indagación contra Bonil @bonilcaricatura, Justo hoy!! No mas abusos y persecucion!! #19M
Con mas fuerza que nunca!!!— Basoledispa (@B3scobar) March 19, 2015
La fiscalía abre indagación contra Bonil @bonilcaricatura ¡querido Xavier todo esto pasará! ¡Fuerza! pic.twitter.com/Er5fxgRsTv
— María Josefa Coronel (@MaJosefaCoronel) March 19, 2015
A principios de marzo, el caricaturista acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el acoso y la censura de periodistas bajo el Gobierno de Rafael Correa, y el impacto negativo en el ejercicio de la libertad de expresión.
“¡El humor es hoy motivo de persecución, de control inquisitorial, de interrogatorio!” argumentó Bonil. “Antes, la misión legítima de un tuitero era que lo siguieran muchos; ahora la aspiración es que no lo persigan”.
Ningún representante del gobierno ecuatoriano asistió a la audiencia de la CIDH.
Carlos Ponce, Director de Programas Latinoamericanos de Freedom House, afirmó en un comunicado en febrero que “esta nueva acción de censura contra Bonil es una más dentro del plan sistemático de Rafael Correa por controlar la prensa en el país”.
Agregó que el presidente ecuatoriano, desde que asumió el cargo en 2007, “ha utilizado varios métodos, entre ellos la confiscación de canales e inicio de procesos judiciales contra periodistas, para castigar a periodistas y medios cuyas opiniones no coinciden con las del gobierno”.
