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EnglishEntre 2003 y 2007, soldados estadounidenses y contratistas militares abusaron sexualmente de al menos 54 colombianas menores de edad, de acuerdo con un reporte divulgado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) de Colombia. El documento asevera que los perpetradores de los crímenes sexuales no han sido procesados, debido a que gozan de la inmunidad diplomática garantizada a las fuerzas estadounidenses en Colombia gracias a tratados bilaterales.
La CHCV fue creada por el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en agosto de 2014, en el marco de las conversaciones de paz sostenidas por ambas partes en La Habana (Cuba) desde 2012. El objetivo de la Comisión es determinar las causas, factores y consecuencias del conflicto armado, de medio siglo de duración, que ambas partes aspiran dejar atrás en el futuro cercano.
El profesor universitario Renán Vega es uno de los investigadores que contribuyeron con el el reporte de 800 páginas, en su ensayo: “Interferencia de los Estados Unidos, Contrainsurgencia y Terrorismo de Estado”. Vega aduce que los mercenarios estadounidenses, que ingresaron al país como miembros del Plan Colombia, asaltaron sexualmente a las menores.
“Existe abundante información relative a violencia sexual, con absoluta impunidad, gracias a los tratados bilaterales y la inmunidad diplomática de los oficiales estadounidenses”, enfatiza Vega, sugiriendo que la conducta sexista y discriminatoria del personal estadounidense se constituyó en una forma de “imperialismo sexual”.
Vega afirma que en 2004, contratistas militares apostados cerca del pueblo de Melgar, en el departamento de Tolima, abusaron sexualmente de 53 menores de edad. Más aún, sugiere que los perpetradores grabaron estos abusos, “y vendieron las grabaciones como material pornográfico”.
“También en Melgar, un contratista estadounidense y un sargento violaron a una niña de 12 años en 2007”, escribió Vega, refiriéndose al caso de Olga Lucía Castillo y su hija. Dos soldados —el sargento Michael Coen y el official military estadounidense retirado y convertido en contratista, César Ruiz— drogaron, según se reportó, a la hija de Castillo, la llevaron a una base local de la Fuerza Aérea Colombiana, y la violentaron sexualmente.
¿Inmunidad o impunidad?
Castillo dijo al diario bogotano El Tiempo que el 27 de agosto de 2007, sus dos hijas (de 10 y 12 años para el momento) fueron a comprar comida en Melgar.
Un par de horas después, la más joven regresó sola, y confesó que su hermana había desaparecido, tras entrar al baño de un club nocturno. A la mañana siguiente, explicó Castillo, su hija fue hallada, y los fiscales colombianos fueron incapaces de determinar qué le había sucedido.
“Fui a buscarlos [a los perpetradores] en la base, y los confronté. Su respuesta fue: ‘su hija es una putita. Aquí no ha pasado nada’, afirmó la dama.
A pesar de que Castillo levantó una demanda judicial contra ellos, Coen y Ruíz regresaron a Estados Unidos sin castigo, debido a su inmunidad diplomática.
Adicionalmente, Castillo reportó que poco después de que introdujo la demanda contra los oficiales estadounidenses, su familia comenzó a ser perseguida y amenazada. Como resultado, la mujer y sus hijas tuvieron que abandonar Melgar, y han sido desplazadas a la fuerza de otros lugares del país en cuatro ocasiones más.
Abusos, no solo en Colombia
De acuerdo con Renán Vega, el “imperialismo sexual” de los oficiales estadounidenses no se ha manifestado solo en la nación suramericana; en su reporte, menciona que los abusos en Colombia son “similares a los ocurridos en otros lugares donde hay militares estadounidenses, como Filipinas, Japón y Corea del Sur”.
El caso más reciente es el del Marine estadounidense Joseph Scott Pemberton, acusado de asesinar a Jennifer Laude, una mujer filipina, en octubre del año pasado, supuestamente tras descubrir que ella era transgénero.
El juicio contra Pemberton se inició apenas el 23 de marzo, después de que los Estados Unidos aceptaron cooperar con Filipinas en la investigación, aunque haciendo una excepción a la regla de Washington de negar a oficiales extranjeros el derecho de investigar a personal estadounidense.
Las revelaciones sobre los presuntos abusos sexuales de funcionarios estadounidenses en Colombia viene aparejado de otro escándalo: El de que agentes de la DEA participaron en “fiestas sexuales” pagadas por los carteles colombianos de la droga.
Aparentemente, los oficiales recibieron dinero y armas de los traficantes, y también hubo menores de edad expuestas a abusos sexuales.
