EnglishLa policía ecuatoriana destruyó el pasado viernes 27 de marzo las casas de 40 familias en Isla Trinitaria, un barrio marginal en la ciudad portuaria de Guayaquil, alegando razones de protección ambiental.
Más de 200 agentes enviados por la Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (Stpahi) llegaron al lugar de la ocupación irregular, ubicada en las orillas del Estero Salado, que fluye a través de la ciudad y que el Gobierno del presidente Rafael Correa ha declarado como zona protegida.
En medio de los enfrentamientos con los residentes, los funcionarios utilizaron maquinaria pesada para derribar las casas, en su mayoría hechas de caña y otros materiales improvisados. Julio César Quiñónez, encargado de la Stpahi, sostuvo que la orden de desalojo se había emitido 20 días antes, advirtiendo a los habitantes el 5 de marzo que tenían que salir de la zona dentro de las siguientes 48 horas. Sin embargo, se decidió ampliar el período a tres semanas, dando así a los residentes más tiempo para reubicarse.
Quiñónez agregó que más de cien casas adicionales serán destruidas pronto, y afirmó que el Gobierno está ofreciendo otros planes de vivienda, donde los evacuados pueden adquirir nuevas residencias a precios asequibles. Así mismo, informó que 33 de las 40 familias desalojadas ya se habían apuntado en dichos programas.
Sin embargo, otros miembros de la comunidad negaron tener los recursos para comprar una casa nueva.“Ni para comer (hay) y vamos a tener para comprar otro solar”, dijo una de los afectadas a la cadena local Ecuavisa.
El sábado, autoridades del Municipio de Guayaquil ofrecieron ayuda para estas familias, proporcionando tres grandes tiendas de campaña para dormir, así como asistencia médica. La medida sin embargo, fue criticada por funcionarios del Gobierno.
El gobernador provincial, Rolando Panchana, exigió al alcalde Jaime Nebot que retirara las carpas de inmediato. “Le exijo al alcalde de Guayaquil (Jaime Nebot) que no tenga un comportamiento fariseo. A él no le viene esa falsa solidaridad de montar carpitas de guerra en la zona invadida”, dijo.
Un ataque a los Derechos Humanos
Los desalojos no solo causaron indignación a los habitantes del sector. Varias organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), salieron en defensa de los afectados, alegando que la destrucción de estas casas por las autoridades gubernamentales es una violación de sus derechos humanos.
Fernando Gutiérrez, presidente de CDH, dijo a la cadena local Teleamazonas que el desalojo de Isla Trinitaria era “una violación crasa y masiva de derechos humanos respecto de esta población”.
Explicó que la mayoría de estas familias tienen más de una década viviendo en la zona, una de las más pobres del país, y que está principalmente habitada por familias afroecuatorianas que, de acuerdo con la Constitución del Ecuador, gozan de protección especial garantizada por el Estado.
“La Constitución protege muchos de los derechos de estas personas, en especial el derecho a la vivienda, que, además, tiene que ser digna”, agregó Gutiérrez.
El Gobierno ha negado las acusaciones, argumentando que estos asentamientos son ilegales, y que el desalojo se llevó a cabo sin ningún tipo de violencia. Las autoridades han afirmado que policías residentes en Isla Trinitaria atacaron a oficiales de la policía a principios de marzo, cuando salieron protestar contra su desalojo.
Habrán acciones legales contra responsables, ¿Dónde están lo organismos de DDHH para defender a policías heridos?
— Rolando Panchana (@rolandopanchana) March 27, 2015
Jhony Yagual, uno de los moradores desplazados, negó el martes que las familias afectadas hayan recibido alguna alternativa en cuanto a planes habitacionales por parte del Gobierno. Adicionalmente, sostuvo que ninguna de las autoridades del gobierno se ha acercado a hablar con los desplazados, o a verificar la situación en la que se encuentran actualmente.
De la misma manera, negó las acusaciones sobre las supuestas protestas violentas, manifestando que la policía reprimió una protesta pacífica. “Hubo policías que le pusieron descargas eléctricas a mujeres embarazadas. Una de ellas ya perdió el bebé, y la otra está a punto de perderlo”, dijo Yagual.
#TrinitariaEnPaz
La comunidad ha recibido un gran nivel de apoyo a través de las redes sociales. Ernesto Yitux es uno de los voluntarios para dar a conocer el caso, y ha estado a cargo de una campaña comunicacional para apoyar a las familias desalojadas.
“La cantidad de ‘buzz’ que ha alcanzado el hashtag #TrinitariaEnPaz, que se puede visualizar en la cantidad de donaciones e interesados por el tema, nos da esperanzas de que puede crecer aún más y llegar a las autoridades pertinentes, para que tomen conciencia y resuelvan la situación”, le comentó a PanAm Post.
El objetivo de la campaña, mencionó, es que se cumpla con las demandas de reubicación de estas personas, y que abusos como este no se repitan en los posteriores desalojos que se van a efectuar en el sector.
Karla Morales, directora de Human Rights For All, describió la reubicación forzosa en Isla Trinitaria como “un acto inhumano, que no solo lesiona derechos fundamentales, sino que también pone en evidencia la [poca] importancia que el Estado le da al respeto y goce de Derechos Humanos de sus ciudadanos”.
Además, argumentó que las acciones tomadas por el Gobierno ecuatoriano van en contra de las disposiciones jurídicas internacionales en la materia, según el establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CESCR), que establece que los desalojos deben respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
Morales explicó que dichos parámetros implican plazos razonables, diálogo entre las partes involucradas, y que ninguna familia afectada se quede sin un lugar donde vivir.