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EnglishA pocos días de cumplirse un mes de protestas en contra del gobierno del presidente Rafael Correa en Ecuador, la actividad en redes sociales —en cuanto al uso de etiquetas, denuncias, y convocatorias— ha sido especialmente fuerte, tanto desde el Gobierno como desde la oposición.
Sin embargo, hay dos casos particulares en los que vale la pena profundizar: el primero es el de la difusión de conversaciones privadas en canales del Estado, que va en contra de las leyes vigentes de Comunicación, y ante la cual, hasta hoy, las autoridades no se han pronunciado. El segundo caso es el de la difusión de información falsa por parte de altos funcionarios del Gobierno nacional en redes sociales.
“PelucoLeaks”
El pasado 24 de junio, un video denominado “La rebeldía de los ‘Pelagatos‘” empezó a circular por Internet. El término “pelagatos” hace alusión a cómo el presidente Correa ha calificado anteriormente a los opositores al régimen.
También conocido como “PelucoLeaks”, el video muestra una serie de capturas de pantalla de conversación en la red social Telegram, en las que, supuestamente, un grupo de personas “provenientes de familias muy acomodadas de Quito”, organiza una de las tantas marchas que se han llevado a cabo durante las últimas cuatro semanas en el país “para defender sus exclusivos intereses”.
En la conversación destacan los nombres de algunas figuras políticas de la oposición, tales como los asambleístas Andrés Páez y Diego Salgado; y de periodistas, como Janet Hinostroza y Bernardo Abad.
No obstante, lo que llama la atención es que estas conversaciones no solamente fueron difundidas en redes, sino también en la televisión nacional. Ecuador TV, uno de los canales estatales, emitió el video en una “edición especial” de su espacio Desenmascarando. Así, aseguraron que estas personas, “pertenecientes a la burguesía quiteña”, son los organizadores del “golpe blando” que se estaría llevando a cabo en contra del Gobierno nacional.
Esto, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador (COIP), es un delito tipificado como “violación a la intimidad”, que prohibe la difusión sin consentimiento de “datos personales … comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio”. El COIP establece que dicho delito será sancionado con pena privativa de libertad de hasta tres años.
En Twitter también se hizo la denuncia de que otros canales incautados por el Estado, como TC Televisión, transmitieron estas conversaciones.
TC está pasando conversaciones privadas. Eso no era prohibido por edicto ejecutivo? Qué chucha está pasando?
— Andrés Crespo A (@AndresCrespoA) June 26, 2015
Para Mauricio Alarcón-Salvador, director de proyectos y asesor legal de Fundamedios, en el reportaje de Ecuador TV se hace “una interpretación antojadiza de su contenido y se adjetiva a los protagonistas, con un discurso estigmatizante similar al acostumbrado por el Presidente de la República”.
El experto dijo a PanAm Post que en este caso, es necesario analizar también si se incumplió o no con las disposiciones de la Ley Orgánica de Comunicación. “Si un medio de comunicación privado hubiera hecho lo mismo respecto de chats de funcionarios públicos, muy probablemente la Superintendencia de la Información y Comunicación hubiera iniciado un proceso de oficio por violación a las normas deontológicas. ¿Actuará en este caso de la misma manera?”, cuestionó.
Hasta el momento, las instituciones encargadas de regular los contenidos de los medios en Ecuador no han emitido declaraciones al respecto.
Información falsa en Twitter
José Serrano, actual ministro del Interior y activo usuario de redes sociales, comunicó a la ciudadanía a través su cuenta de Twitter acerca de un exitoso operativo de la Policía Antinarcóticos, en el que se incautaron 500 kilogramos de droga, valorados —según Serrano— en USD $20 mil millones.
El tuit, publicado el 20 de junio, incluyó fotos de la sustancia incautada y de los narcotraficantes aprehendidos durante la operación. A los pocos minutos, Santiago Coello exigía al ministro Serrano una rectificación por utilizar su imagen para esta publicación.
https://twitter.com/Santcoca/status/612375583620771840
Coello, licenciado en comercio exterior sin vínculos con el Gobierno, comentó a PanAm Post que hasta la fecha no ha habido rectificación alguna por parte del ministro, y que tomará acciones legales “en su debido momento”. Asimismo, aseguró que él y su familia viven en zozobra de que algo les ocurra por dicha publicación falsa de Serrano.
“Una cosa es un meme que publiques, en donde de una u otra manera causes chiste o molestia, pero es muy diferente que suban una imagen tuya, tomada de tu cuenta; y la publiquen en una supuesta incautación de droga, donde refleja claramente la intención temeraria y peligrosa del ministro hacia mi persona y familia,” añadió.
Finalmente, Coello aseguró que es una persona “honesta, responsable y trabajadora”, y que si le llega a suceder algo a su familia, el único responsable será el ministro José Serrano.
Al respecto, Alarcón-Salvador menciona que es una “afectación a la imagen y honra” de un ciudadano por parte de un funcionario público. “¿Qué hubiera pasado si el tuit proviniera de un ciudadano respecto de un funcionario público? Probablemente, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores, se ordenaba una investigación a la Secretaría Nacional de Inteligencia, o se iniciaba un proceso penal activando a conveniencia el aparato de la Fiscalía”.
Para Alarcón-Salvador, existe un doble estándar por parte de las autoridades. “Por un lado, una protección especial para los funcionarios públicos, quienes pueden hacer o decir lo que quieran contra los ciudadanos, sin consecuencia alguna; por otro, la situación de indefensión de los ciudadanos frente a acciones de este tipo,” argumenta.
La señal obscena forjada
En días pasados, Fernando Alvarado, secretario de Comunicación de la administración de Correa, publicó dos fotos que generaron polémica. La primera era una imagen de Jaime Nebot, alcalde de la ciudad de Guayaquil haciendo una señal obscena con su dedo medio durante —según escribió Alvarado en Twitter— la multitudinaria marcha del 25 de junio en el puerto principal.
Posteriormente, Nebot desmintió a Alvarado, demostrando que se trataba de un montaje realizado a una foto del 2005. Ante esto, Alvarado presentó una rectificación, asegurando que fue engañado por otro funcionario y creía que la foto era real al momento de publicarla.
https://twitter.com/FAlvaradoE/status/614586405411528705
La segunda foto que publicó Alvarado es una imagen de una niña sentada en la calle luego de la misma marcha en Guayaquil. Fabio Abad, el fotógrafo que capturó la imagen, aseguró que esta no tenía fines políticos y solicitó al funcionario una rectificación.
De acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual, el hecho podría ser sancionado hasta con dos años de prisión. Nuevamente, las autoridades no se han pronunciado sobre el caso y la fotografía aún no ha sido retirada de las redes del secretario.
