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HRW: Sistema judicial en Ecuador coarta independencia de los jueces

Por: Rebeca Morla - @RebecaMorla - Ago 7, 2015, 9:04 am
Investigadores de Human Rights Watch aseguran que  existen problemas estructurales en el sistema de justicia ecuatoriano,  que incentivan la falta de independencia judicial. (CDN)
Investigadores de Human Rights Watch aseguran que existen problemas estructurales en el sistema de justicia ecuatoriano, que incentivan la falta de independencia judicial. (CDN)

EnglishEl pasado 21 de julio, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) publicó un informe acerca de los retrasos injustificados registrados en los tribunales de Ecuador, particularmente ante las apelaciones realizadas por manifestantes condenados por participar en protestas contra el Gobierno del presidente Rafael Correa.

Según HRW, el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, aprobado en 2014, limitó las definiciones ambiguas que tenían los delitos de “terrorismo” y “sabotaje” en la legislación anterior, y bajo la cual hubo varios casos de personas procesadas penalmente sin justificación alguna, tales como “los 10 de Luluncoto“, Pepe Acacho y Mery Zamora, entre otros.

La organización señala que en estos casos, los jueces no cumplieron con celeridad el principio de favorabilidad, por lo que los acusados han pasado meses esperando que sus condenas sean revisadas, al no tener una fecha para sus audiencias. Estas demoras se deben a presiones políticas, sostienen, dado que autoridades gubernamentales —en varias ocasiones, incluso el mismo presidente de la República— se pronunciaron abiertamente a favor de las sentencias dictadas originalmente.

Por su parte, el presidente Correa rechazó el informe, indicando que este daba “vergüenza ajena”, y tildó a HRW como “un partido más de oposición”, que “odia a todos los Gobiernos de izquierda”. En esa misma línea, el presidente del Consejo de la Judicatura del país, Gustavo Jalkh, sostuvo que el reporte de HRW es mentira, que la organización realiza informes sobre derechos humanos con tintes políticos, y que nadie los ha otorgado la autoridad para ser “jueces de los jueces”.

Un representante de Human Rights Watch, que solicitó mantener su identidad en reserva, conversó con PanAm Post para ofrecer más detalles respecto de su investigación.

– ¿Ustedes vinieron a Ecuador para esta investigación? ¿Hablaron con representantes del Gobierno?

– Sí, investigadores de Human Rights Watch documentaron los casos en dos viajes a Ecuador; uno en octubre del año pasado y otro en marzo de este año. Entrevistamos a las víctimas y sus abogados.

No hablamos directamente con autoridades, pero revisamos información oficial de todos los casos. Tenemos copias de los expedientes, actas de audiencias… Tampoco es que en este caso hay una autoridad directa con quien hablar, porque se trata de decisiones judiciales; y por eso lo que hicimos fue evaluar los expedientes judiciales en cada uno de estos casos.

– ¿Cómo ha sido la respuesta del Gobierno de Ecuador?

– Básicamente, la respuesta es que nosotros estamos desinformados, que tenemos una agenda política, que no nos basamos en los hechos. La crítica no fue sobre el fondo de la cuestión. No es si está bien o está mal lo que nosotros decimos sobre los casos, o si nuestro análisis jurídico del principio de favorabilidad está mal. Atacan al mensajero, no al mensaje.

La reacción ha sido decir que no tenemos legitimidad para hablar del trabajo de la justicia en Ecuador, que en Ecuador “no se persiguen personas, se persiguen delitos”. El que más se ha pronunciado es [Gustavo] Jalkh, que dijo que todo era mentira y que el sistema de justicia en realidad se ha modernizado y que estaban aplicando este principio [de favorabilidad] con mucha celeridad.

En realidad, eso refuerza lo que nosotros sostuvimos en nuestro informe, y esto es que no hay una explicación jurídica para demorar las audiencias en estos casos. Y todos son casos en los que altas autoridades del Gobierno, incluso el propio presidente, se pronunciaron explícitamente a favor de las condenas. Eso es lo que para nosotros sugiere que hay un interés particular en que estas condenas se mantengan.

– Eso también se puede evidenciar con los tiempos entre las declaraciones de los funcionarios y cómo se resuelven estos casos…

– Eso tiene que ver con una cuestión más estructural de cómo funciona la justicia en Ecuador. En la práctica, es muy difícil para los jueces resolver en contra de los intereses del Gobierno, porque el Consejo de la Judicatura, que lidera Jalkh, está compuesto por exfuncionarios del Gobierno de Correa y tienen la potestad de remover jueces.

Entonces, hay un problema estructural que incentiva la falta de independencia judicial, y en ese contexto, el presidente y altas autoridades se pronuncian sobre estos casos, que nunca se tenían que haber dado,  en primer lugar. Lo que nosotros decimos es que hoy en Ecuador existe un instrumento legal para que esto se revierta, y aún así, no ocurre.

– ¿Creen que la justicia en Ecuador está controlada por el presidente Correa?

Como te decía, es una cuestión muy estructural del sistema. Tienes un Consejo de la Judicatura con poder para sancionar a jueces, que está compuesto por todos exfuncionarios del Gobierno de Correa. Es muy difícil que en ese sistema existan jueces que se animen a adoptar decisiones contra los intereses del Gobierno, en casos que son tan emblématicos, como aquellos que tienen que ver con el 30 de septiembre [del 2010], que toca un hilo bastante sensible para Correa.

– ¿Hay otros temas que les parezcan preocupantes en Ecuador?

Hay dos temas muy importantes que seguimos de cerca en Ecuador. Primero, las restricciones a la libertad de expresión, especialmente con la Ley de Comunicación, y cómo se están implementando procesos y condenas en contra de periodistas y medios de comunicación aplicando esta ley, que nosotros ya hemos criticado fuertemente.

El otro tema es el de libertad de asociación. Hemos criticado el Decreto 16, que regula el trabajo de las ONG lo criticamos, cuando salió, y criticamos fuertemente también el cierre de la Fundación Pachamama.

Rebeca Morla Rebeca Morla

Rebeca Morla es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Ecuador. También es miembro del Consejo Ejecutivo de Estudiantes por la Libertad. Síguela por Twitter @RebecaMorla.