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El “bien común” va al rescate de las finanzas de Correa

Por: Rebeca Morla - @RebecaMorla - Abr 1, 2016, 9:40 am
En nombre del "bien común", el presidente Rafael Correa está impulsando una nueva reforma tributaria para los ecuatorianos. (Libremercado)
En nombre del “bien común”, el presidente Rafael Correa impulsa una nueva reforma tributaria para los ecuatorianos. (Libremercado)

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha enviado a la Asamblea Nacional este 30 de Marzo, un nuevo proyecto de ley económico de carácter urgente, en el que se incluyen nuevas disposiciones —o cambios a las reglas del juego, como prefiera percibirlo—, en materia tributaria, las cuales, según sus palabras, pretenden “…que los cigarrillos paguen un poco más, que las bebidas alcohólicas paguen un poco más, que las bebidas azucaradas paguen un poco más”. Esto se debe a que según Correa, como se explica en la exposición de motivos del proyecto, el Estado debe “garantizar el derecho a la salud” y “regular las conductas nocivas para la salud”.

El Gobierno de la revolución ciudadana ha “promocionado” el nuevo proyecto de ley como una herramienta para “mejorar” la vida de los ecuatorianos, por el “bien común” de “todos y todas”. Sin embargo, si de por sí el hecho de que una tercera parte, en este caso el Estado, se inmiscuya en las decisiones individuales de cada uno de nosotros es algo inaceptable; resulta peor cuando el proyecto de ley es analizado en profundidad.

Este nuevo proyecto de ley que pretende “mejorar” la vida de los ecuatorianos provoca confusión desde que leemos su nombre: “Proyecto de Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas”.

Cabe preguntarse si un impuesto a las bebidas alcohólicas, azucaradas y cigarrillos ayuda a mejorar la salud, o si en realidad mejora las finanzas públicas. ¿Será simplemente que, más allá de la salud de los ecuatorianos, lo que el Gobierno quiere hacer es salvar la salud de un deteriorado aparato estatal al cual le faltan recursos y le sobran cuentas por pagar?

Al analizar el proyecto en cuestión podemos concluir rápidamente que el bien común resultó ser el pretexto para que el Gobierno de Correa recaude más impuestos y logre solventar, o al menos disimular, varias de sus falencias.

Uno de los casos más evidentes es la inclusión de beneficios tributarios para aquellas personas que utilicen el sistema de dinero electrónico, el cual ha generado más dudas que certezas en el país. Las dudas han llevado a que el Gobierno realice todos los esfuerzos por imponer este sistema, ante la evidente falta de liquidez que sufre hoy en día.

Pareciera ser que gran parte del proyecto mencionado se centra en convertir e imponer el sistema de dinero electrónico en las transacciones privadas y públicas del país, pese a que su intención inicial era la de incluir a los agentes económicos que se encontraban por fuera del sistema financiero tradicional.

Mientras uno se adentra en este nuevo proyecto, se identifican varias modificaciones que poco o nada tienen que ver con el “bien común” o con la salud de los ecuatorianos. Es así como en otro de los artículos del proyecto, se establece que las pensiones recibidas por los jubilados no estarán exentas del pago del impuesto a la renta.

Asimismo, la telefonía fija o móvil para empresas pagará un 15% adicional de impuestos con este nuevo proyecto, con excepción de aquellas operaciones cliente-proveedor de telefonía que sean hechas con dinero electrónico.

El proyecto de ley contempla, además, nuevas restricciones aplicadas, no a productos nocivos para la salud, pero sí para montos de dinero que personas naturales pueden enviar fuera del país, o la reducción de bases imponibles para deducción de impuestos de sectores como la tercera edad o personas con discapacidad.

El Gobierno de Rafael Correa, por medio de este proyecto de ley, confirma una vez más sus intenciones y su proceder ideológico de dictar lo que a criterio de ellos es conveniente, sea para nuestra salud, para nuestras finanzas, o para la forma con la que pagamos algo.

Lo único admirable de este proyecto es la sinceridad de su título: Existe un desequilibrio en las finanzas públicas y aparentemente el Gobierno lo reconoce. Sin embargo, aún pretenden ocultar o disimular sus falencias detrás del famosísimo “bien común”.

Rebeca Morla Rebeca Morla

Rebeca Morla es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Ecuador. También es miembro del Consejo Ejecutivo de Estudiantes por la Libertad. Síguela por Twitter @RebecaMorla.