English Version
Luego de que este domingo, 1 de febrero, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciara el arresto de los directivos de la cadena de farmacias Farmatodo por presuntamente “conspirar contra el abastecimiento de productos”, representantes del sector comercio e industrial repudiaron la medida, señalando que la misma agravará la situación económica del país.
Farmatodo es la red de farmacias más grande a nivel nacional, con 96 años de operaciones, más de 8 mil empleados y 167 tiendas, ahora amenazadas de nacionalización.
Alejandro Feo La Cruz, consultor jurídico de la Cámara de Industriales de Carabobo y Director del escritorio jurídico Feo La Cruz & Asociados, explicó a PanAm Post que la medida anunciada por el presidente Nicolás Maduro es “arbitraria” y “no esta ceñida a la ley”. Opinó que “no hay ningún delito cometido por los directivos de Farmatodo”.
El abogado explicó que la imputación por parte del Gobierno obedece a las colas afuera de una de las tiendas de la franquicia, donde no tenían suficiente personal en las cajas registradoras. “Sabemos que hoy por hoy los empleados cuando quieren trabajar, van, y cuando no quieren se ausentan, lo peor del caso es que no hay sanciones por la inamovilidad laboral dispuesta por el Gobierno Nacional”, expresó.
El abogado expresó que no entiende cómo el Gobierno Nacional señala que atraerá inversionistas extranjeros; según su criterio, “a los pocos que pensaban en la posibilidad de invertir los están ahuyentando con medidas como estas”.
Por su parte, Víctor Maldonado, director Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, expresó en una entrevista a PanAm Post que el Gobierno Nacional “sigue insistiendo en un mal diagnóstico” y “está buscando enemigos donde no los hay”.
Lamentó la detención de los directivos de Farmatodo, y calificó la medida como una “violación de los derechos de propiedad y a los derechos y garantías ciudadanas en la cual no se dio la presunción de inocencia”.
“El Gobierno ha invocado que son culpa de Farmatodo las colas que se forman en las afueras de sus locales; eso no es una prueba, entonces habría que agarrar a todos los que tienen un negocio y convocarlos a la policía política para preguntarles cuáles son las razones”… “La colas que se observan en el sector privado, también se ven en el sector público”, afirmó.
Para el representante gremial, el Gobierno tiene que darse cuenta de que las colas son un síntoma, y la causa de ese síntoma es el resultado de una política económica que no ha dado resultado.
Desmantelando lo poco que queda
“La detención de un empresario no va a mejorar la situación en el país, la va a empeorar, porque el mensaje de detener a un empresario sin motivo y sin causa, sin respetar ningún proceso, se convierte en un mensaje determinante para el que todavía pueda querer invertir o hacer negocios en Venezuela”, expresó el principal representante de la Cámara de Comercio e Industria de Caracas.
“No es posible que en Venezuela la profesión más peligrosa y señalada sea la de ser comerciante o industrial. No es posible que toda persona que confíe en Venezuela y quiera invertir, corra el riesgo arbitrario de ir detenido”. expresó Maldonado en rechazo a las acciones tomadas por Nicolás Maduro.
Afirmó que el país necesita respeto a los derechos de propiedad, estabilidad jurídica, normas claras, coherentes y estables; y una mano extendida de parte del Gobierno hacia la libre empresa y hacia el libre comercio.
Jorge Roig, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) también hizo referencia a la detención de los directivos de Farmatodo.
Farmatodo 96 años apostando al país, mientras que maletineros se roban los recursos del país.
— Jorge Roig Navarro (@jorgeroig) February 2, 2015
El líder opositor Henrique Capriles Radonski repudió el anuncio presidencial y mostró su apoyo a los empresarios.
Farmatodo ha sido ej de esfuerzo privado exitoso,las consecuencias van +allá de esa cadena,estamos hablando de acabar con lo poco q queda
— Henrique Capriles R. (@hcapriles) February 1, 2015
La destituida diputada a la Asamblea Nacional María Corina Machado también expresó su posición en relación a la medida de detención anunciada por Maduro.
Maduro,en su desesperación,comete grave e inconstitucional violación a la propiedad privada e incrementa riesgo de crisis humanitaria
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 2, 2015
Un Golpe Bajo
En agosto de 2014, las redes de farmacias Farmatodo y Locatel (otra gran cadena local, con expansión hacia Colombia, Centroamérica, el Caribe y Florida) se unieron al llamado del Gobierno Nacional y fueron las primeras empresas del sector privado en implementar el sistema biométrico nacional —denominado coloquialmente “captahuellas”— con el fin de controlar la compra-venta de productos y alimentos dentro de sus locales comerciales.
La venta solo se realizaba después de que el sistema cotejaba la huella de identidad del comprador, e impedía comprar más de una vez a la semana una lista de 23 productos, que incluía, por ejemplo, afeitadoras, pañales, desodorantes o jabón de lavar ropa.
El 27 de enero de 2015, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, se reunió con los máximos representantes de Farmatodo, Locatel y Farmahorro (otra cadena más pequeña), quienes firmaron una carta de compromiso para garantizar el suministro de medicinas y demás productos.
Cinco días después, el mandatario nacional denunció que la cadena de farmacias obstaculizaba el proceso de compra-venta y promovía las colas a través de técnicas como poner a trabajar solo a tres de diez cajeros. Maduro criticó que los dueños de la empresa responsabilizarán a los empleados por las colas.
Afirmó que para solucionar este problema, incorporará a la cadena de farmacias al “sistema de Alimentación segura” de la “Misión Alimentación“.
Farmatodo emitió un comunicado en el que afirma que su departamento legal está atendiendo el caso y confirmó que ejecutivos de la empresa “fueron invitados a rendir declaraciones” al servicio de Inteligencia.
El diario El Nacional informó que en la noche de este domingo permanecían detenidos el presidente de Farmatodo, Pedro Luis Angarita; el gerente de Relaciones Institucionales, Gonzalo Azuaje; y el gerente de la zona.
El presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, señaló que el presidente ejecutivo, en compañía de un gerente general, todavía se mantienen detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), mientras que cinco gerentes fueron liberados.
Cabe destacar que a inicios del año 2015 la Federación Farmacéutica de Venezuela, reportó fallas del 60% en abastecimiento de medicinas en Caracas y 70% en el interior del país.
