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EnglishEste martes 31 de marzo, el diario español El Mundo informó que, hace diez meses, el Tribunal Penal de Andorra permitió, a través de una sentencia, que funcionarios venezolanos del régimen de Hugo Chávez retiraran cientos de millones de euros de la Banca Privada d’Andorra (BPA), filial de Banco Madrid.
Los fondos, que habían sido bloqueados el 30 de noviembre de 2012, fueron desbloqueados hace 10 meses, luego de que Anna Estragués, titular de la instancia penal, dictara la sentencia a favor de los abogados de los venezolanos.
Estragués alegó falta de pruebas que incriminaran a los titulares de las cuentas involucradas, desestimando así a la Fiscalía andorrana, a la unidad de delitos financieros de Estados Unidos FinCEN y al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). Estas organizaciones mantenían la sospecha de que jerarcas venezolanos lavaban dinero procedente de sobornos internacionales a cambio de contratos públicos por parte del Gobierno del expresidente Hugo Chávez Frías.
“Todos estos elementos no son obviamente actuales, ha transcurrido ya casi año y medio desde la adopción de la medida cautelar, un tiempo suficiente para sustentarla, pero no se han aportado otros elementos de entidad suficientes o indicios del delito original del presunto blanqueo realizado en el Principado, por lo que procede desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar el levantamiento de las medidas preventivas”, reza la sentencia del Tribunal de Corts.
¿Primo de Rafael Ramírez beneficiado por el desbloqueo?
Diego Salazar Carreño es primo hermano de Rafael Ramírez Carreño, embajador de Venezuela en la ONU, y expresidente de la estatal petrolera Pdvsa —empresa señalada por el departamento del Tesoro de Estados Unidos de estar inmersa en actividades delictivas tras lavar cerca de US$2.000 millones a través de la Banca Privada D’Andorra.
Salazar Carreño no es solamente conocido en Venezuela por ser el primo de Rafael Ramírez; según el portal web Poderopedia, obtuvo el multimillonario contrato de la póliza de seguros y reaseguros de Petróleos de Venezuela y también se le vincula con la compra de la Cadena Capriles en octubre de 2013.
El diario español El Mundo reveló una conversación entre Luis Mariano— hombre encargado de gestionar las cuentas en Andorra de Salazar Carreño— y el gestor de la Banca Privada d’ Andorra (BPA) Pablo Laplana —al que la Guardia Civil intervino los teléfonos ante las sospechas de que ayudaba a lavar dinero—, en la que Salazar trató de sobornar a finales de 2012 a autoridades andorranas para que desbloquearan sus cuentas, que contenían US$ 200 millones.
El Mundo informó que Laplana dijo en su momento a Mariano que el director general de la entidad financiera, Joan Pau Miquel (hoy preso), el ministro de Finanzas de ese principado y la directora del Banco Central de Andorra se habían reunido para discutir el desbloqueo de las cuentas del jerarca venezolano.
Además, el diario español también informa sobre una reunión entre un abogado de Salazar y el ministro andorrano, en la que el representante legal hace ver al funcionario la dimensión de lo que “podía destaparse” si se “demostrase que clientes del banco pertenecieran a una banda criminal que ha movido más de mil millones de dólares”.
En otras de las intervenciones telefónicas, Mariano expone que los ingresos de Salazar no cesaban y era necesario burlar el bloqueo. Mariano afirma que “los chinos les estaban pagando y no podían ingresar en las cuentas bloqueadas” y que, para solucionarlo, Diego Salazar abriría cuentas en otro país.
Según El Mundo, el resumen de la Guardia Civil de Andorra afirma:”Luis Mariano dice que recibió directrices de Diego [Salazar] de que la apertura de la cuenta fuera en Ginebra, a lo que Laplana contesta que si tiene problemas con los suizos, puede abrir una en BPA Panamá, y que el lunes se pondrá manos a la obra”.
En el informe, elaborado por la unidad de delitos financieros de Estados Unidos (FinCEN) también figuran tres ex viceministros venezolanos presuntamente implicados en casos de lavado de dinero en España: el ex viceministro de Energía, Nervis Gerardo Villalobos; el militar Alcides Rondón —quien ocupó puestos clave de seguridad con Chávez—; el exviceministro de Desarrollo, Javier Alvarado; el exjefe de los servicios de Inteligencia, Carlos Aguilera; y los empresarios Rafael Jiménez y Omar Farias.
Investigarán el caso en Venezuela
Aunque el pasado 16 de marzo de 2015 se conoció que ex funcionarios chavistas tenían cuentas financieras en la Banca Privada d’Andorra (BPA) y que están presuntamente involucrados en el lavado de dinero de cerca de $US 4.200 millones, fue ocho días después que la Fiscalía venezolana y la Asamblea Nacional anunciaron por separado que investigarán los depósitos realizados en la entidad financiera recientemente intervenida.
Sin ofrecer mayores detalles, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, informó que solicitó a través de la Cancillería toda la información sobre los fondos de venezolanos en el extranjero.
Por otra parte, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, los diputados también acordaron abrir la investigación siempre y cuando la oposición venezolana consigne las pruebas ante la Comisión de Contraloría del Parlamento.
“La comisión de Contraloría asume que vengan los diputados de la oposición y traigan pruebas para nosotros abrir una investigación (…) la investigación se abrirá en el momento en que se constituyan pruebas fehacientes”, dijo el presidente de la comisión, el chavista Pedro Carreño.
Entre tanto, ni el presidente Nicolás Maduro ni su Gabinete Ejecutivo han emitido declaraciones con respecto al tema.
