EnglishEste martes 28 de abril el Gobierno de Venezuela implantó un plan de racionamiento eléctrico que incluye la reducción del horario laboral en instituciones públicas, y la autogeneración de energía por parte de las empresas; a pesar de que recientemente Jesse Chacón, ministro de Energía Eléctrica afirmara que el servicio en el país estaba “normalizado”.
De acuerdo a Jorge Arraza, vicepresidente de Venezuela, el nuevo plan de ahorro energético se debe a la ola de calor, a la supuesta “industrialización del capitalismo” y a rayos perpendiculares del sol, que presuntamente ocasionaron un incremento de la demanda de electricidad en el país y estarían afectando la “estabilidad del sistema eléctrico”.
Entre las medidas anunciadas están la reducción de horas en la mayoría del sector público, que a partir de ahora laborará solo cinco horas y media continuas; y se realizarán fiscalizaciones recurrentes para verificar el uso correcto de la energía en las empresas, lo cual implica que el sector privado deberá usar mecanismos de autogeneración (con plantas eléctricas) en “horas pico”—de 12 del mediodía a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche—.
De la medida están exceptuados los sectores públicos de educación, salud, producción y distribución de alimentos, de agua potable, de energía eléctrica, de hidrocarburos y sus derivados, seguridad ciudadana, cuerpos policiales y protección civil, recolección y tratamiento de desechos sólidos, administración tributaria y aduanas, transporte público terrestre, aéreo y marítimo, servicio de correo, telecomunicaciones, información pública, informativos de radio y televisión pública, la banca y seguros públicos.
¿Casualidad o Causalidad?
El Gobierno de Venezuela anuncia estas medidas luego de que en el sector eléctrico se presentaran algunos hechos que contradicen al ministro Jesse Chacón cuando aseguró que estaba normalizado.
Y es que este 28 de abril varias zonas del municipio Sucre, ubicado en Caracas, se quedaron sin luz de manera repentina; mientras dos días antes, parte del este de la capital venezolana también sufrió fallas eléctricas. Entretanto, el interior del país recibe cortes eléctricos programados y sin programar durante todo el año.
El pasado 20 de abril se anunció la detención del presidente de la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Lara, Luis Vásquez Corro, luego de que ofreciera declaraciones en las que afirmó: “Si en los próximos días no llueve en las cabeceras de la represa de Guri, se tendrían que apagar las turbinas de este sistema hidroeléctrico que suministra energía a gran parte de Venezuela”.
El ingeniero, en las declaraciones por las cuales fue apresado, también denunció que “el Gobierno no ha tenido la voluntad de tomar las previsiones de reparar todas las plantas termoeléctricas del país para activarlas en cualquier emergencia, lo que significa estén fuera de servicio unos 5.000 mil megavatios”.
Según el ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, la aprehensión buscaba desmentir las afirmaciones que hablaban de un posible apagón nacional. El 21 de abril, el ingeniero fue puesto en libertad.
En esta oportunidad el Gobierno venezolano responsabilizó por las fallas a la ola de calor y a la “industrialización del capitalismo”, en 2010 señaló que una iguana dejó sin el a 10 sectores de Lecherías, una localidad oriental del país; en 2012 dijo que los cortes de energía se daban por el fenómeno natural El Niño, y en enero de 2015 el Gobierno afirmó que un “sabotaje intencional” también causó el corte de la energía.
Víctor Poleo, exviceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez, indicó a El Estímulo que pese a que existen 31.000 megavatios, sólo 18.000 satisfacen la demanda actual. “Cerca de 13.000 están indisponibles por mantenimiento, falta de repuestos o, más grave aún, escasez de combustible, pues las refinerías tienen serios problemas para producir”. La información emitida por el especialista es extraoficial, debido a que desde el año 2010 el Gobierno no entrega datos del sistema.
Elio Palacios, secretario de la Federación de Trabajadores Eléctricos por Caracas, Vargas y Miranda, señaló en marzo que el racionamiento eléctrico podría llegar en abril, en caso de no registrarse lluvias.
El Estímulo asegura también en su publicación que la opacidad oficial prevalece desde la crisis energética de 2009, cuando el país experimentó un déficit de generación de energía eléctrica, caracterizado por los bajos niveles del Guri, déficit en el parque térmico y saturación en las líneas de transmisión y distribución.
Y es que el Gobierno de Venezuela implementa un plan de ahorro energético por un lado, pero por otro lado se evidencia el derroche. El 14 de abril de 2014 circuló a través de las redes sociales un video en el que se observa la Autopista del Este, del estado Carabobo, en la región central del país, con todos los bombillos encendidos durante el día.
Otro racionamiento más
Al tomar posesión de su cargo, en abril de 2013, el actual ministro de Energía, Jesse Chacón, afirmó: “Si en cien días no hemos logrado nada, pongo mi renuncia”. Dos años han pasado luego de las mencionadas declaraciones y Chacón asegura que sí hay avances en la materia.
El periodista y analista político Manuel Malaver, publicó este miércoles un análisis en el que asegura que Chacón “no solucionó la crisis eléctrica pero la racionó”.
Malaver explica en su artículo que el Gobierno de Venezuela “decide repartir o racionar los bienes o servicios que se mantienen inercialmente” luego de “ensayar y experimentar” en materia eléctrica; sentencia que este plan de ahorro energético no es más que “otro paso hacia cubanización y el socialismo, que no dejará de traducirse en más perjuicios y vejación para el pueblo”.
Cabe destacar que en marzo se descubrieron actos ilícitos por parte de altos funcionarios chavistas venezolanos en la Banca Privada D’Andorra; entre ellos, el exviceministro de Energía, Nervis Gerardo Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Desarrollo Eléctrico y presidente de la extinta empresa Electricidad de Caracas, quienes están involucrados en supuestos actos de corrupción dentro del sector eléctrico nacional, así como en presunto lavado de dinero.