EnglishProhibición de salida del país y presentación semanal ante instancias judiciales son las medidas que por ahora deben acatar 22 directivos de diferentes medios de comunicación en Venezuela; esto, a raíz de la demanda que interpuso el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, contra los impresos El Nacional y Tal Cual, y contra el portal web La Patilla. El funcionario alega que estos medios le han causado “grave perjuicio sobre su reputación y honor”.
Cabello interpuso una demanda ante el Ministerio Público (MP) el pasado 28 de abril y fue admitida por el tribunal el 5 de mayo, por presunta difamación agravada y continua contra esos medios y sus dueños. La razón de la misma, fue la reproducción de una nota del diario ABC de España en la que se vincula al presidente de la Asamblea Nacional con presuntos actos de narcotráfico y de corrupción.
La información, también reproducida por otros medios nacionales e internacionales el 25 de enero de 2015, fue redactada por el corresponsal del diario español en Washington, Emili J. Blasco, el cual asegura haber recibido declaraciones del exjefe de seguridad del chavismo, Lemsy Salazar, quien afirma que Diosdado Cabello es uno de los líderes del “Cártel de Los Soles”.
Los medios de comunicación local han informado que esta medida, asumida por la instancia judicial en manos de la jueza, María Eugenia Núñez, se conoce de manera extraoficial, debido a que hasta ahora ninguno de los implicados ha recibido notificaciones formales.
De acuerdo con el debido proceso, una vez la demanda fue admitida, los 22 acusados debieron ser citados por el tribunal; pero hasta los momentos esto no ha ocurrido.
El expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Internacional de Juristas, Pedro Nikken, considera que “en un mundo globalizado es absurdo pretender que se castigue a un periodista o a un medio por reproducir fielmente, sin agregar nada o hacer juicio de valor lo que un medio extranjero ha publicado sobre un funcionario público”.
Manuel Antonio Puyana Santander, director de Tal Cual, por ser uno de los afectados y demandados, se encargó personalmente de hacerle seguimiento a la demanda de Cabello, e informó que fue hasta este 11 de mayo que pudo acceder al expediente y conocer que la jueza había decretado la prohibición de salida del país y la presentación periódica en tribunales.
Miguel Henrique Otero, presidente-editor de El Nacional denunció que la juez María Eugenia Núñez emitió una orden “sin haber enviado las boletas de citación”, situación que calificó como “totalmente irregular”.
Otero aseguró que los jueces están parcializados pues según él, reciben órdenes directamente del Ejecutivo. “La justicia venezolana no existe, la justicia en Venezuela es un instrumento del Ejecutivo para criminalizar a la disidencia” sentenció.
“Reporte fiel” como herramienta antigubernamental
La doctrina del “Reporte Fiel” excluye de responsabilidad los casos en que se produzca una reproducción fiel de información, aun cuando la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de una persona.
La doctrina fue acogida por el Tribunal Constitucional Español en el caso del Director del diario “Egin”, quien había sido condenado por el delito de apología del delito al haber publicado comunicados emitidos por la organización terrorista ETA. En el referido caso, el Tribunal consideró que el derecho de informar del periodista y de los lectores a recibir la información íntegra y veraz es una garantía constitucional de carácter objetivo.
En Argentina, la misma doctrina fue aplicada en un caso (Campillay), a quien se le había señalado por varios diarios de estar implicado en un hecho policial. La Corte Suprema argentina reconoció que las publicaciones se habían limitado a transcribir un comunicado oficial de la Policía en el cual se involucraba al actor Campillay en varios delitos y eximió de responsabilidad a los diarios.
En 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reivindicó la doctrina del reporte fiel al sentenciar el caso Mauricio Herrera Ulloa vs Costa Rica. EL CIDH concluyó que no incurre en delito el que reproduce información de terceros.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha reivindicado la doctrina del reporte fiel. “La democracia requiere que el debate público sea fluido y amplio. La publicidad de información proveída por terceros no debería verse restringida por la amenaza de responsabilizar al informador simplemente por reproducir lo manifestado por otro. Indudablemente esto implicaría una restricción innecesaria que limita considerablemente el derecho de todas las personas a estar informado”, se indica en el informe anual de 1999.
Venezuela, bandera de censura
Este lunes 11 de mayo, la CIDH, a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión, denunció que ataques contra periodistas y medios, procesos sancionatorios y la crisis del papel atentaron contra la libre difusión de las ideas.
“La CIDH ha visto con especial preocupación que en esta coyuntura se hayan reducido los espacios de debate público, en perjuicio del derecho a la libertad de expresión libre e independiente y con apego a las garantías consagradas en los instrumentos internacionales de los cuales Venezuela es parte”, afirmó.
La Relatoría informó que recibió más de 123 denuncias de agresiones físicas y verbales, así como otro tipo de ataques contra periodistas y periodistas ciudadanos, la mayoría de las cuales los presuntos responsables son policías y militares o simpatizantes oficialistas.
El pasado 6 de mayo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), afirmó que el periodismo en Venezuela se “ejerce en condiciones extremas”. Gustavo Mohme, presidente de la SIP, aseguró que en el país suramericano se observa un “franco deterioro y retroceso de la libertad de expresión”.
El 28 de abril, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció que solo en los primeros cuatro meses de 2015, se han registrado 37 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela.
El gremio alertó a la comunidad nacional e internacional sobre una grave crisis comunicacional, que se manifiesta con el cierre de medios impresos por falta de materiales como el papel, demandas a los trabajadores y directivos de los medios, y la no renovación de concesiones a medios venezolanos radioeléctricos, colocándolos al margen de la legalidad.