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Muertes y arrestos ilegales copan plan anticrimen en Venezuela

By: Sabrina Martín - @SabrinaMartinR - Ago 14, 2015, 1:26 pm
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Fueron arbitrarias 90, 8% de las detenciones realizadas a través de las redadas policiales de la OLP y apenas en el 9,1% se presume la vinculación de los aprehendidos con hechos delictivos.(Provea)

Ciudadanos saquearon y quemaron un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el sector La Sibucara en el estado Zulia, al occidente de Venezuela, luego de que funcionarios militares se presentaran en la comunidad portando armas, sin órdenes de allanamiento, y despojaran a vecinos de algunas de sus pertenencias.

Así lo informó este jueves el diputado del Consejo Legislativo del estado Zulia, Eliseo Fermín: “Los efectivos que realizaban la Operación para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP) en el sector (…) Le quitaban la harina PAN (de maíz), se llevaban los televisores y el dinero en efectivo”.

Durante los disturbios ocasionados en el marco de la OLP, los funcionarios militares respondieron con bombas lacrimógenas, pues vecinos de la zona se organizaron y se enfrentaron a los efectivos policiales, quienes huyeron del lugar.

Los vecinos denunciaron abuso de poder, debido a que aseguran que los entes policiales están usando las OLP “para saquear a los venezolanos, detenerlos y hasta asesinarlos”.

El nuevo plan de seguridad de Nicolás Maduro, consta de una serie de redadas militares y policiales bautizadas como Operación de Liberación del Pueblo (OLP), durante el cual las autoridades han sido señaladas de cometer una presunta “masacre” y atentados contra derechos humanos en todo el territorio nacional.

De acuerdo con especialistas en criminología, la OLP no ha tenido éxito debido a que hasta ahora no ha sido capturado ninguno de los jefes de las grandes bandas criminales del país.

Gobierno admite ajusticiamiento

Un video a través de las redes sociales desató polémica entre los venezolanos debido a que se evidencia el ajusticiamiento de al menos 4 ciudadanos que sin haber sido detenidos ni presentados a la justicia fueron asesinados por parte de funcionarios policiales.

El gobernador del estado Aragua, el chavista Tareck El Aissami admitió este jueves 13 de agosto que policías del estado ajusticiaron a un presunto integrante de una banda delictiva luego de haber ultimado a otros tres hombres; con esto, la autoridad regional confirmó la veracidad del video.

Este viernes, los medios de comunicación locales reseñaron que los cinco funcionarios de la Policía de Aragua involucrados en el hecho ya fueron puestos a la orden de Fiscalía.

Estigmatización de la pobreza

Los OLP han generado muertes, robos y detenciones arbitrarias. De acuerdo con defensores de derechos humanos, con este programa gubernamental, los funcionarios cometen delitos en las zonas más desasistidas de Venezuela.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), informó que fueron arbitrarias 90, 8% de las detenciones realizadas a través de las redadas policiales-militares de la OLP; y que apenas en el 9,1% se presume la vinculación de los aprehendidos con hechos delictivos.

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Numerosas denuncias de hurtos y destrozos ocasionados a viviendas que han sido objeto de estos allanamientos ilegales (Provea)

La ONG publicó un informe a través del cual analiza los resultados de los 23 operativos ejecutados por 5.789 funcionarios, entre el 13 de de julio y el 11 de agosto de 2015.

“Un total de 4.021 ciudadanos han sido detenidos en los estados Miranda, Distrito Capital, Aragua, Monagas, Carabobo, Portuguesa, Zulia, Anzoátegui, Yaracuy, Barinas y Lara durante el primer mes de ejecución de la OLP. Del total, solo 368 personas han sido puestas a la orden del Ministerio Público debido a su presunta vinculación con la comisión de hechos punibles. De acuerdo con estas cifras,  90,8% de las detenciones practicadas en el marco de la OLP han sido arbitrarias e ilegales y apenas en  9,1% se presume la vinculación de los aprehendidos con hechos delictivos”, precisa el documento.

La OLP tiene un saldo de 52 personas fallecidas. Aunque las versiones oficiales indican que las muertes fueron por “enfrentamientos” o “resistencia a la autoridad”,  eventos como los reflejados en el video del estado Aragua las desmienten.

Inti Rodríguez, coordinador de investigación de Provea, informó a PanAm Post que llama la atención que la información oficial no da cuenta de ningún funcionario policial o militar herido o fallecido; esto sumado a las denuncias de familiares de algunos de los muertos, que indican que recibieron disparos a quemarropa.

En la mayoría de los operativos conformados por funcionarios de la GNB, Guardia del Pueblo, Sebin, Cicpc, Policía Nacional Bolivariana y policías regionales, las detenciones han sido practicadas sin orden de detención y sin las personas haber sido aprehendidas en flagrante delito. Además no se comunicó a los detenidos o sus familiares las causas de la detención. A esta situación se añaden los testimonios sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a los detenidos y que son recurrentes en la mayoría de las denuncias registradas por Provea.

Los funcionarios también roban

“El pasado lunes 13 de julio, funcionarios policiales ingresaron a mi vivienda y me robaron el celular y el DVD y causaron destrozos. Mi hijo Liander Jiménez de 32 años de edad fue detenido y trasladado a la comandancia de la GNB desde la 6:30 de la mañana hasta la 1 a.m. del siguiente día. Liander fue golpeado por los guardias. Mi otro hijo Oscar Jiménez, también fue detenido y golpeado. El tercero es menor de edad, tiene 17 años y también fue detenido y golpeado. Todos tienen libertad plena”, afirmó Rafael Jiménez, víctima de los operativos.

De acuerdo con las cifras oficiales 3.463 viviendas han sido allanadas durante la ejecución de OLP; pero Provea afirma que se han reportado numerosas denuncias de hurtos y destrozos ocasionados a viviendas que han sido objeto de estos allanamientos ilegales.

Provea en su informe concluye que con estas medidas se criminaliza la pobreza, se cometen arbitrariedades y no se avanza en la solución del fenómeno de la violencia y la criminalidad. Afirma que a un mes del OLP “el Ejecutivo está echando por tierra todos los esfuerzos y avances surgidos durante el proceso de reforma policial del año 2006”.

Sabrina Martín Sabrina Martín

Periodista y locutora venezolana, especialista en comunicaciones corporativas. Síguela en Twitter: @SabrinaMartinR.

“Atacar derechos de las ONG en Bolivia es volver a una dictadura”

By: Belén Marty - @belenmarty - Ago 14, 2015, 12:37 pm
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El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, inició el sábado 8 de agosto una batalla contra las ONG de este país. Declaró en un discurso que la Fundación Tierra y el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) “mienten a favor de los extranjeros“. Mientras tanto, el presidente del país, Evo Morales, indicó que aquellas ONG que "hagan política" serán expulsadas. La Fundación Tierra, localizada en La Paz, fue fundada en 1991 y se dedica a la investigación de temas agrarios; mientras, el Cebid es una organización civil sin ánimo de lucro que desde 1970 ofrece servicios de información documental sobre temas sociales. Tiene, asimismo, un registro hemerográfico y bibliográfico privilegiado. “Hay dos ONG en Bolivia, una que se llama Tierra, y otra que se llama Fundación Cedib, (...) son dos ONG financiadas por poderes externos, por países extranjeros, que se han dedicado a mentir, a dar datos falsos, a engañar, incluso hacen seminarios con los dirigentes y dan datos falsos”, sostuvo García Linera. Este pasado miércoles, 28 intelectuales del mundo escribieron una carta al García Linera indicando su preocupacion "por las acusaciones y amenazas de expulsión". PanAm Post conversó con el director del Cebid, Marco Gandarillas, sobre las polémicas declaraciones del vicepresidente que ya encendieron el debate en la opinión pública boliviana. Antes de comenzar, el director nos aclara que la Cebid es una ONG “apartidaria, aconfesional y pluralista” y explica que en la organización convergen personas y opiniones muy diversas. ¿Qué fue lo que sucedió para que el vicepresidente los llamara mentirosos? Hace unos dos meses el Cedib publicó los resultados de un estudio sobre la ampliación que se ha estado dando de áreas hidrocarburíferas. Estas áreas crecieron enormemente con el Gobierno de Evo Morales. Por supuesto, hacer una ampliación tan grande supone trascender los espacios tradicionales, las zonas de exploración y explotación petrolífera hacia áreas protegidas y territorios indígenas. En nuestro informe llegamos a precisar que son 11 de las 22 áreas protegidas totales las que estarían comprometidas. A raíz de este informe, el presidente Evo Morales hizo declaraciones en tono de amenaza, diciendo que las ONG que se opongan (a sus planes de Gobierno) van a tener que irse de Bolivia. Pero como fuimos la única organización de investigación que hizo estas declaraciones éramos una amenaza directa. Eso se ha ido radicalizando, porque el hecho de que se pretenda avasallar con las áreas protegidas ha generado un gran rechazo en la sociedad. El sábado el vicepresidente directamente nos señaló a nosotros y a la organización Tierra por otras informaciones relacionadas con la cuestión agraria que ellos habían divulgado. El lunes los ataques subieron de nivel y se realizaron también ataques a periodistas y a varios medios de comunicación. Nos señaló diciendo que nosotros mentimos, y que si queremos hacer política hagamos partidos políticos y no estemos en las ONG, y que nos atengamos a un posible cierre o expulsión del país. ¿Qué significa "hacer política"? Ellos no aclaran. Eso ha generado un enorme debate en Bolivia. Porque supone, para nosotros como para el resto de las organizaciones del sector civil, que solamente los partidos pueden hablar de asuntos comunes, que el resto de la sociedad organizada no puede hablar de ningún asunto de interés público. Nos están diciendo que no hablemos de las áreas protegidas y de las actividades petroleras. Tampoco de la legalización de los cultivos transgénicos ni de la ampliación de la frontera agrícola con una enorme deforestación, entre otros temas. Han cuestionado nuestro rol; pero más que eso, han atacado los derechos de asociación. Han hecho público algo que el Gobierno ha estado haciendo de forma velada. Durante los últimos dos años promulgaron la ley 351 de personalidades jurídicas, mediante la cual nos obligan a las ONG a pasar por un trámite burocrático para que nos reconozcan con la personalidad jurídica correspondiente. A más de dos años no hemos conseguido que nos homologuen nuestra personalidad jurídica y estamos prácticamente en una situación de virtual ilegalización. ¿Hay ONG que ya han obtenido esa personalidad? El miércoles fue publicada una lista de las ONG que ya han obtenido esta personalidad jurídica. La mayor parte de estas organizaciones son instituciones muy nuevas, vinculadas fuertemente con el Gobierno. Entre ellas se encuentra una organización vinculada al Presidente. A nosotros y otras ONG que tenemos más de 40 años en el país y con un gran prestigio social y académico, no nos han autorizado las licencias. Debemos poner en el estatuto de la ONG que estamos de acuerdo con los principios del Gobierno. ¿Está diciendo que los obligan a poner algo con lo que ustedes no están de acuerdo? Claro. Nos obligan a poner en nuestros estatutos constitutivos nuestro alineamiento con las políticas nacionales o planes sectoriales. ¿Si uno quiere estar, entonces, en expreso desacuerdo con el Gobierno no puede? No. ¿Qué le respondería al vicepresidente? En primer lugar, que son infundadas las denuncias. Segundo, que no existe un marco de derecho que le permita cerrar o expulsar una organización nacional. El vicepresidente está actuando al margen del derecho nacional e internacional de derechos humanos. Muchas veces nos han vinculado con Morales cuando el era un líder cocalero. Se cometían abusos como asesinatos que nosotros denunciábamos. ¿Qué cree que va a suceder ahora? Esperamos que luego de las expresiones de solidaridad que hemos recibido de la sociedad boliviana se revierta un poco el tono de agresividad y que el Estado encuentre cierta sensatez. Pero hoy (esta entrevista se realizó el jueves 13 en la tarde), ha salido a declarar el vicepresidente que las organizaciones no gubernamentales extranjeras van a ser expulsadas. El ministro de Autonomías ha ordenado ayer una fiscalización a las ONG. Es algo aberrante que no está en el marco jurídico. Van a ordenar una comisión de fiscalización con el objetivo de cerrarnos. Esperamos que la solidaridad internacional y nacional logre frenar y hacer recapacitar a las autoridades del Gobierno. Estamos hablando de un retroceso a nivel de derechos de asociación y de libertad de expresión de 40 años en Bolivia. Volver a una dictadura.

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