English Version
“No nos falta ni nos faltará firmeza para defender a todos nuestros connacionales, donde quiera que su seguridad se vea amenazada o sus derechos fundamentales violentados”, aseguró este lunes el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ante la crisis que se desata en frontera colombo-venezolana.
Las mujeres son “manoseadas”, se están quedando sin comida, sin hogares y sin cédula venezolana; colombianos que residían en Venezuela denuncian ser víctimas de violaciones de derechos humanos, a raíz del cierre de frontera y el estado de excepción decretados por el presidente Nicolás Maduro.
Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Táchira, llegan a hogares de colombianos en situación legal o no; plasman una “D” si las casas serán demolidas y una “R” si serán revisadas. En las redes sociales esta acción fue comparada con lo que realizaban en la Alemania nazi con las residencias de los judíos.
El pasado jueves 20 de agosto, tras un ataque a militares, Venezuela cerró su frontera con Colombia por el estado Táchira; la acción que duraría 72 horas se prolongó indefinidamente y además, el decreto Nº 6.194, firmado por Maduro, estableció un estado de excepción por al menos 60 días.
La medida ha sido implementada en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta, todos ubicados en el estado Táchira en la frontera con Cúcuta al Norte de Santander (Colombia).
Tal decreto restringe las garantías contempladas en seis artículos de la Constitución; a partir de este lunes, los hogares y recintos en la entidad no serán inviolables sin orden judicial; el Estado podrá intervenir comunicaciones, las personas no podrán transitar libremente, los ciudadanos no podrán realizar manifestaciones ni podrán dedicarse libremente a las actividades económicas de su preferencia.
A través de un comunicado, la Cancillería colombiana pidió a Venezuela que respete la integridad y los derechos humanos de los ciudadanos que sean objeto de detenciones, deportaciones y otras acciones en el marco del estado de excepción.
Abusos, violencia y familias divididas
Las cifras oficiales de Migración Colombia establecen que en menos de cuatro días han sido deportados 751 colombianos entre niños y adultos. De acuerdo con los medios de comunicación, fueron despojados de sus pertenencias y en muchos casos han sido separados de sus familiares.
La emisora colombiana Blu Radio, entrevistó a Carmen, una colombiana que vive en San Antonio del Táchira con sus dos hijos de 12 y 15 años de edad; en su testimonio afirmó que la orden que tienen los guardias venezolanos es que el territorio “tiene que quedar vacío de colombianos”, asegura que no tiene donde comprar agua ni comida.
Explicó que los funcionarios venezolanos van aglomerando a colombianos en una cancha, y una vez que se llena los deportan, afirma además que no les ofrecen hidratación ni alimentación. Denunció que los miembros de la fuerza pública se están llevando las cosas de valor que encuentran al derribar las casas.
Otro testimonio recogido es el de Jhon Jairo Prado, padre de Alexis Prado, quien vive en San Antonio del Táchira, sufre de retraso mental y fue detenido y acusado de paramilitar, hoy su familia desconoce su paradero.
[adrotate group=”8″]
El diario colombiano El Tiempo reseñó también el caso de Mary Contreras, quien contó dejó a su mamá y a su hijo de 16 años en Venezuela y ambos están escondidos. “Todo lo tenemos allá. Acá en Colombia no tenemos nada”, dijo.
Carlos Coral, por su parte, también fue deportado, aseguró que quedó separado de su esposa y sus dos hijos, quienes sí son venezolanos.
Ana Silvia Leal es otra víctima colombiana del cierre de la frontera, una anciana de 80 años que no puede ver a su esposo en estado agonizante porque él se encuentra en Venezuela; asegura que la decisión gubernamental “le partió la vida en dos”, y espera poder pasar la frontera y ver a su pareja con vida.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), advirtió que las acciones por parte de las fuerzas públicas han puesto en evidencia que “es casi un delito” ser colombiano en situación de pobreza residente en Venezuela.
La ONG informó que hay casos de personas con documentación en regla que se les ha privado de libertad solo por ser colombianos; casos de comerciantes informales detenidos a quienes se les quita mercancía y documentos en regla para luego ser presentados como indocumentados cuando es la propia autoridad la que les quita la documentación.
El organismo ha denunciado que el mandatario venezolano, a través de las acciones y su discurso promueve la xenofobia hacia los colombianos.
El alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez-París, decretó estado de calamidad pública en la localidad por situación de deportados; ha señalado a Nicolás Maduro de “antibolivariano y antichavista” pues asegura que el mandatario despojó a los colombianos residentes en Venezuela del estado legal que les otorgó el expresidente Chávez desde 2008 .
Además afirma que hasta ahora entre los deportados atendidos, no hay bandidos ni contrabandistas, como los ha catalogado el Gobierno de Maduro.
Este lunes, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, y el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, viajaron a la la frontera para conocer la situación, expresaron que “más allá de las disposiciones administrativas y legales autónomas de Venezuela, existen situaciones que vulneran los derechos fundamentales de los connacionales”.
Economía local a la deriva
Con apoyo de la Cruz Roja Internacional, solo los casos médicos cruzan la frontera con Colombia por el estado Táchira; el resto de los ciudadanos que buscan entrar o salir del país se trasladan a los estados Zulia y Apure.
En relación con la actividad económica en la zona, los comercios comenzaron a funcionar luego de que el gobernador del Táchira, José Vielma Mora, ordenara que estos fueran abiertos.
Y es que la decisión gubernamental tomada por Nicolás Maduro no solo afecta a quienes residen en la zona, gremios económicos del Norte de Santander se reunieron con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para atender la crisis que empiezan a padecer.
Por ejemplo, los trabajadores del carbón, aseguraron que más de 20 mil toneladas de carbón producidas al Norte de Santander se encuentran represadas, estas debían ser enviadas hacia países del Caribe, Brasil y Perú.
El cierre de la frontera también afectó la disponibilidad de gasolina; en las estaciones de servicio se registran largas filas de vehículos para la compra del combustible. En esa materia fue requerida por los gremios una disponibilidad de 8 millones de galones al mes.
