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Ley del Trabajo en Venezuela hace que ser empleador sea un riesgo

Por: Sabrina Martín - @SabrinaMartinR - Ago 31, 2015, 2:15 pm
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En Venezuela para despedir a los trabajadores es necesario que exista una causa justificada y que el inspector del Trabajo autorice el despido, y luego de eso, esperar años. (Clever business)

El Gobierno de Venezuela ofrece las peores condiciones laborales para sus ciudadanos y para cualquier empresario que desee invertir; normativas como la Ley de Costos y Precios Justos; como la Ley del Trabajo, y el control de cambio, hacen que tanto la ineficiencia de los empleados como la baja productividad de las empresas conviertan a ese país en el más peligroso del mundo para hacer negocios.

La aseguradora FM Global anunció en abril que Venezuela es el peor lugar para invertir; de 130 economías, el país suramericano supera a Kirguistán, debido a la rápida devaluación de su moneda, el riesgo de hiperinflación, las expropiaciones y la galopante escasez de productos básicos.

En 2013, el actual mandatario, Nicolás Maduro, llamó a los empresarios venezolanos a invertir: “Quien quiera trabajar venga a hacerlo de manera honesta”. En ese momento hizo el llamado para que nuevos inversores llevaran sus dólares al país.

Pero el Gobierno autodenominado “socialista” ha optado por atacar al sector empresarial, no solamente responsabilizándolo por una supuesta Guerra Económica sino cercándolo con instrumentos legales que no permiten que los empresarios puedan invertir, crecer o funcionar al 100% de sus capacidades.

La Ley de Costos y Precios Justos, por ejemplo, regula y determina el precio de los productos y las ganancias de las empresas; el control de cambio establece que el Gobierno es el encargado de distribuir la cantidad de divisas que considere necesarias para cada uno de los solicitantes, limitando así, las importaciones de materia prima y repuestos, la posibilidad de crecimiento y de inversión en Venezuela.

Damiano Del Vescovo, presidente de Fedecámaras en el estado Carabobo, localidad industrial del país, dijo a PanAm Post que con todas las leyes instauradas por el Gobierno, el Ejecutivo busca mantener el control total y planificado de la economía.

Pero la ley que más ha afectado el recurso humano y su desempeño es la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), modificada por vía Habilitante y sin ninguna consulta por el presidente Hugo Chávez en 2012, pocos meses antes de ser reelegido por tercera vez y morir poco después, la cual establece entre otras cosas la inamovilidad laboral, obligando al empleador a mantener a los empleados sin importar sus capacidades, responsabilidades, méritos o desméritos.

Una camisa de fuerza

De acuerdo con Del Vescovo, el Gobierno de Venezuela no cumplió con los requisitos establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, la cual establece la discusión tripartita de la misma; la LOTTT es una ley orgánica que se impuso a través de una ley habilitante, y esta es su primera irregularidad; la Ley Habilitante aprobada por la Asamblea Nacional, permite al presidente dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en varios ámbitos de la vida nacional.

Desde el año 2002 en Venezuela para despedir a los trabajadores es necesario que exista una causa justificada y que la Inspectoría del Trabajo autorice el despido; pero la realidad es que aunque el empleador lleve las pruebas que lo inculpen, las inspectorías no autorizan los despidos y pueden pasar años con los casos “engavetados” con el empleado manteniéndose en su cargo en la empresa, impidiendo al empleador sustituir al mismo para seguir manteniendo la productividad de la organización.

Pero como esto sucede, muchas empresas se ven en la obligación de negociar “por debajo de la mesa” el despido de los empleados que incumplen con sus deberes, es así como el trabajador flojo, reposero (que pone como excusas reposos de salud para ausentarse) o agresivo puede llegar a pedir montos exorbitantes para abandonar definitivamente su trabajo.

[adrotate group=”8″]Esta inamovilidad laboral aplica para todos los empleados y cargos de las empresas, incluso para la empresa pública y estatal, la cual hace caso omiso a ese punto de la ley.

Alejandro Feo La Cruz, abogado especialista en materia laboral y además consultor jurídico, explicó a PanAm Post que desde 2002, el Gobierno venezolano ha renovado anualmente la inamovilidad laboral, y que solo en su escritorio jurídico conoce sobre 3.000 casos que aún no han sido respondidos por la Inspectoría.

“En un país normal uno solicitaría la tramitación de la falta, se cita al trabajador para que se defienda, se abre el lapso aprobatorio, y se da una decisión; pero en este país anormal, para cualquier trámite pueden pasar años para desprenderse de un trabajador que haya incurrido en acciones irregulares o indebidas adentro de una empresa”, aseguró.

Explicó que acciones irregulares como la apropiación indebida de bienes (hurto), la constante inasistencia, el incumplimiento del horario laboral, ofensas físicas y morales al jefe, son razones lógicas para un despido, pero en Venezuela la mayoría de esos casos no obtienen respuesta.

Denunció que en Venezuela no hay libertades económicas por la ausencia de objetividad de los funcionarios, la inseguridad jurídica y el incumplimiento al debido proceso.

Del Vescovo calificó la inamovilidad laboral como “una camisa de fuerza” para el sector empresarial, pues al impedirle al empleador disponer de un puesto de trabajo inhibe por supuesto la ampliación de la oferta de empleos.

El representante de la principal patronal de Venezuela informó también que con la inamovilidad laboral trabajar cada día vale menos, “ya que no se trabaja por meritocracia sino por una ley que inhibe la motivación al trabajo”.

Los especialistas concluyen que esta normativa mantiene atado de manos al empresariado debido a que afecta la productividad, eficacia, eficiencia y encarece los procesos.

Sabrina Martín Sabrina Martín

Periodista y locutora venezolana, especialista en comunicaciones corporativas. Síguela en Twitter: @SabrinaMartinR.