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EnglishSin presentar las pruebas que lo inculpen, Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, se encuentra a la espera de que se efectúe su audiencia preliminar, la cual ha sido diferida en seis oportunidades desde que fue detenido, pues el martes 22 de septiembre, su esposa, Mitzy Capriles informó que la audiencia programada para este día fue pospuesta para el 21 de octubre.
Siete meses detenido lleva el burgomaestre tras ser acusado y señalado por el Gobierno venezolano por presuntamente incurrir en el delito de conspiración contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Esto significa que el alcalde de Caracas, elegido por más de 700 mil de sus conciudadanos, se mantiene preso, sin poder ejercer su cargo ni saber si va a juicio, o no; porque en la audiencia pautada para el martes 22, el juez debía admitir o negar la acusación de que Ledezma es culpable de conspiración.
La defensa del alcalde de la capital venezolana asegura que su juicio “se basa en hechos falsos y pruebas forjadas”; además, denuncia que el alcalde no ha tenido la oportunidad de defenderse de las acusaciones.
“A Antonio se le han imputado una cantidad de hechos inventados que no existen en el mundo físico y las pruebas que se usaron para demostrar estos presuntos hechos en algunos unos casos son totalmente montadas y en otras parcialmente forjadas (…) estamos en presencia de un juicio totalmente arbitrario”, declaró Omar Estacio, abogado defensor de Ledezma.
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Este lunes 21 de septiembre, la Asociación de Alcaldes de Venezuela emitió un comunicado en el cual exige la libertad de Ledezma. Los burgomaestres de oposición señalaron en el documento que el Poder Judicial en Venezuela está violando el debido proceso y ha ignorado la presunción de inocencia, puntos que están “constitucionalmente protegidos”.
“Terrorismo judicial”
Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, explicó a PanAm Post que el juicio que aún no ha iniciado contra Ledezma es un juicio político; afirmó que se trata claramente de “la criminalización de la disidencia”.
Dijo que en estos casos a las autoridades judiciales “no les interesa esclarecer hechos ni establecer responsabilidades, porque hay una sentencia previa”, con lo que afirmó que por lo injusto del juicio y las pruebas, lo más seguro es que Ledezma sea condenado aunque no hayan pruebas que lo incriminen.
En relación con el nuevo diferimiento de la audiencia, la magistrada explicó que es una práctica normal del régimen de Nicolás Maduro, pues Ledezma ya lleva siete meses detenido y está cumpliendo una sentencia sin siquiera haber iniciado su juicio, ni haber podido defenderse.
“Esto lleva a una pena anticipada, mientras las audiencias se difieren, el tiempo pasa y la sentencia se está cumpliendo”, agregó.
El analista político Jorge Tricás calificó el diferimiento de la audiencia como “terrorismo judicial”, dijo a PanAm Post que el Gobierno busca demostrar el control de las instituciones de esta manera, para crear una dominación total.
Explicó que el alcalde de Caracas es una figura emblemática de la sociedad civil y fue escogido por los habitantes de la capital venezolana, lo que lo hace un símbolo importante de la oposición; el especialista agregó que con la detención de Ledezma, lo que el Gobierno busca es acabar con la opinión y la disidencia de la misma manera como lo hizo con el “ajusticiamiento” contra Leopoldo López.
Expresa violación al debido proceso
Mármol de León aseveró que desde el inicio del caso, el Estado venezolano ha incumplido el debido proceso. Explicó que cuando se lo llevaron preso no hubo orden de detención ni identificación de las autoridades.
Hizo referencia a las pruebas que presuntamente incriminan al alcalde de Caracas y señaló que son manipuladas.
“Se habla de unos videos a los que no le han dado acceso a la defensa, que además están en manos de la policía para el supuesto resguardo y el juez no los tiene en su poder”; señala Mármol, agregando que “eso violenta el derecho del imputado”.
Informó también que dichas pruebas que están al supuesto resguardo de la policía, estuvieron en manos del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien las presentó en su programa de televisión editadas y distorsionadas.
Agregó que los testigos del caso aún se desconocen porque se trata de presuntos “patriotas cooperantes” — delatores al servicio del Gobierno que se mantienen en el anonimato— que fueron quienes acusaron a Ledezma de estar conspirando contra Nicolás Maduro.
Por otro lado, la especialista explicó que en el caso del alcalde de Caracas, el ente judicial está cometiendo otra violación al derecho, y es que Ledezma no debería ser juzgado por un juez de control (común), porque su figura es equivalente a la de un gobernador, y en Venezuela, de acuerdo a una jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), debería tener un antejuicio de mérito y ser juzgado por la sala plena del TSJ.
La magistrada agregó que con la detención de Ledezma, el Estado no solo lo priva a él de sus derechos y funciones, sino que además viola la decisión de 700.000 electores que votaron para que el ahora preso político se desempeñara como alcalde de Caracas.
“Democracia nominal”
Por otro lado Tricás dijo a PanAm Post que las detenciones de López y Ledezma no son las primeras ni serán las últimas.
“Venezuela hace rato que dejó de ser una democracia, es solo un nombre puesto en un papel, la Constitución es letra muerta, en Venezuela vivimos una democracia nominal”, expresó el especialista.
El analista político concluyó que “el Gobierno con estos juicios injustos busca diluir los derechos y el derecho (juris) con la ideología, lograr que la gente sienta miedo y se sienta culpable de tener un pensamiento diferente”.
Tricás expresó sentirse preocupado porque “existen funcionarios que son perversos e implacables que se prestan para aplicar el mal radical”, y agregó que ante esta situación, “también preocupa la indiferencia en muchos venezolanos”.
