Presos políticos en Venezuela: los rostros olvidados de una tiranía
English#LiberenALosPresosPolíticos es la campaña comunicacional emprendida por Virginia Zamora, activista del partido político Voluntad Popular y defensora de Derechos Humanos. Zamora diariamente recuerda a todos los presos políticos, disidentes y perseguidos en el país que con el pasar del tiempo, asegura a PanAm Post, «han sido olvidados».
La activista pretende que con el pasar de los días, la gente no se olvide de quiénes son en realidad cada uno de los presos políticos venezolanos. Sus nombres, sus casos y cómo cayeron en desgracia.
«Los presos se empezaron a convertir en un número, en una cuenta, y dejaron de tener nombre; son venezolanos que están pasando por procesos muy injustos», aseguró.
Peor que ser presos políticos de la DICTADURA es además ser presos de la indiferencia de sus compatriotas… pic.twitter.com/jCz4x0qNFi
— Virginia Zamora S. (@VirginiaZamora) October 2, 2015
«Yo no estoy defendiendo si son culpables o si son inocentes, eso le corresponde a un tribunal justo, no a un tribunal que dicte a favor de lo que quiere el Gobierno», sentenció.
Hizo referencia al caso de Lorent Saleh y Gabriel Valles, quienes se encuentran en «La Tumba», una celda que no cumple con los requisitos de respeto a los derechos humanos; a ellos se les ha diferido 17 veces la audiencia preliminar; es decir, tienen un año y medio presos y todavía no llegan a la etapa de juicio.
La activista mencionó el caso del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que también se encuentra preso, sin que se haya realizado su audiencia preliminar, que ya ha sido diferida seis veces.
«Un país en el que existen presos políticos, en el que hay limitaciones para adquirir alimentos, seguridad, vivienda; donde no te puedes expresar libremente, donde cierran medios de comunicación, no es democrático. Para mí esto es un régimen totalitario,estamos viendo una dictadura moderna del siglo XXI en la que vemos que todas nuestras libertades están limitadas», concluyó.
78 presos políticos, la mayoría de ellos «olvidados»
Un año, dos meses y siete días lleva presa Araminta González, detenida por razones políticas bajo el régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Araminta no ha tenido su audiencia preliminar, que este viernes 01 de octubre fue diferida nuevamente.
González es vinculada al politólogo y también detenido Vasco Da Costa, a quien ni siquiera conoce, y que supuestamente tendría una organización terrorista. Inicialmente fue imputada por terrorismo, delito que fue sobreseído en el mes de septiembre por la ausencia de pruebas incriminatorias. Actualmente la imputan por la presunta comisión de los delitos de asociación para delinquir, agavillamiento e instigación a la violencia.
#2O -> Araminta Gonzalez 1 año y 70 días injustamente tras las rejas de la DICTADURA en #Venezuela. TORTURADA. pic.twitter.com/W13W2HCozL
— Virginia Zamora S. (@VirginiaZamora) October 2, 2015
González ha sido víctima de torturas en su lugar de reclusión; su abogado José Vicente Haro, ha denunciado, con pruebas, quiénes han sido sus victimarios. Aún no ha obtenido respuesta de ninguno de los entes judiciales competentes.
Los responsables de acusar a Araminta son José Pérez Venta y Carlos Trejo, quienes posteriormente actuaron en el homicidio de Liana Hergueta, que fue descuartizada.
De acuerdo con su abogado, todo inició una vez que por solicitud de una amiga, Araminta accedió a alojar a Pérez y a Trejo en su casa; luego de unos días, tras varias discusiones, ella decidió echarlos de su apartamento.
Ambos sujetos robaron las llaves del inmueble, por lo que Araminta amenazó con denunciarlos y ellos dijeron que la meterían presa por sus contactos con el Cicpc en la Brigada de Antiterrorismo. Días más tarde, González fue detenida y torturada.
El caso de Araminta es solo uno de todos los que hay en Venezuela. De acuerdo con el Foro Penal Venezolano, en el país hay 78 detenidos por razones políticas (62 de los cuales son civiles y 16 militares), de los cuales 31 están presos por participar en protestas contra el Gobierno nacional, otros 9 por expresar opinión a través del Twitter; y el resto por diversas razones, en las cuales se incluyen los detenidos por las manifestaciones del 11 de abril de 2002.
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Pero además, en el país suramericano desde febrero de 2014 se efectuaron 3770 detenciones, de las cuales la mayoría de los que fueron aprehendidos y posteriormente dejados en libertad, están bajo régimen de presentación ante los tribunales.
Tal es el caso de la señora Josefa de González, que a sus 68 años tiene régimen de presentación, su esposo Rodolfo González, «El Aviador» se suicidó estando detenido en una celda, por ser un preso político de Nicolás Maduro; murió sin haber iniciado su juicio y sin conocer las pruebas que lo inculpaban.
«Condiciones infrahumanas»
José Vicente Haro, abogado constitucionalista y defensor de derechos humanos, dijo a PanAm Post que la mayoría de los presos políticos en Venezuela están en situaciones «infraumanas» y que los medios de comunicación en Venezuela hacen referencia a casos reconocidos como el del líder opositor Leopoldo López, pero que son muchos los detenidos que están en peores condiciones.
Habló de muchos detenidos por razones políticas que sufren hacinamiento carcelario, se encuentran en celdas muy pequeñas con capacidad de hasta cinco personas pero en ese espacio «meten de 40 a 60 detenidos», según el jurista.
Dijo además que los presos políticos en ese país tienen la vida de un criminal común; aseguró que el Gobierno venezolano viola flagrantemente los estándares internacionales, sobretodo, los establecidos en el Manual de Buena Práctica Penitenciaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que todos los países de la OEA están obligados a seguir.
El abogado también explicó que el Poder Judicial en el país, se ha encargado de diferir las audiencias preliminares de la mayoría de los presos políticos, «están viviendo una condena sin haber sido enjuiciados», señaló Haro.
Este jueves 30 de septiembre, el Foro Penal Venezolano denunció que en Venezuela hay 17 presos políticos que permanecen en cárceles comunes.
En relación con esto, Haro aseguró que el Estado venezolano no garantiza la integridad, ni la salud física y psicológica de los detenidos. Agregó que en ningún país deben existir presos políticos, y menos deben estar recluidos en cárceles comunes «recibiendo tratos inhumanos como si fueran criminales».
