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EnglishEl pasado sábado 7 de noviembre, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia emitieron un comunicado solicitando como condición necesaria para el fin del conflicto de medio siglo de duración con el Estado colombiano, la asignación directa de curules en el Congreso por al menos dos períodos y la exigencia de que ninguno de sus guerrilleros sea extraditado.
Ante esta exigencia, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo afirmó que «El Gobierno Nacional considera que es fundamental la participación en política de los integrantes de las FARC, que es el último propósito del proceso de negociación”.
En una entrevista concedida a PanAm Post, Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático y analista del conflicto armado en Colombia, dijo que la participación de las FARC en política «sería inaceptable», debido a que «es una organización criminal que ha ejercido el reclutamiento de niños, la esclavitud, masacres, desplazamientos forzosos y secuestros como su modo de actuar».
Criticó fuertemente que el Gobierno de Juan Manuel Santos esté dispuesto a aceptar que a miembros de las FARC ya condenados, como Timochenko e Iván Márquez, con sentencias que dictan más de 800 años de cárcel, «se les premie con curules gratis en el Congreso».
Dijo que, con la participación política, las FARC «buscan imponer un régimen comunista castro-chavista en Colombia», pues «desde aproximadamente 50 años decidieron organizarse para ser el brazo armado del Partido Comunista» en ese país.
Cabe destacar que el pasado 5 de noviembre la encuestadora Cifras y Conceptos publicó en Colombia un sondeo que afirma que 71% de los colombianos rechaza que las FARC participen en política; y 80% no está de acuerdo con que se les otorguen escaños.
«La política de paz no va»
En el documento, publicado el 7 de noviembre, las FARC también afirmaron que darán a conocer a Colombia 10 iniciativas que serán analizadas durante este ciclo de diálogos, las cuales prepararían el camino para el acuerdo final que presuntamente se firmaría antes de finalizar marzo de 2016.
Alfredo Rangel calificó de «falsa tregua» el proceso de paz; esto porque aunque dicha organización criminal se ha visto obligada a suspender los ataques en contra de la fuerza pública y en contra de infraestructuras económicas como los oleoductos, aún continúa delinquiendo, extorsionando a la población y se mantienen vinculados al narcotráfico, siendo «el principal cartel de la cocaína en el mundo».
«La tregua es un engaño, porque a pesar de los anuncios siguen creciendo los delitos, la producción de coca ha crecido 50% y el dinero está siendo utilizado para el rearme de las FARC», sentenció.
El abogado colombiano Ricardo Urdaneta, conocedor del conflicto armado, dijo a PanAm Post que la firma de un tratado de paz no se llevará a cabo debido a que a las FARC no les interesa.
«La respuesta es que no va la política de paz, inclusive si las FARC estuvieran actuando de buena fe, ellos no están en capacidad de traer la paz a Colombia porque no la quieren y porque no tienen un control férreo sobre su gente como para obligarlos a que dejen de delinquir, además, no son el único grupo armado en Colombia», agregó el especialista.
Urdaneta señaló que el tema de la paz solo es mediático, porque está vacío, ya que no produce resultado contundente alguno; agregó que a las FARC les conviene dilatar y tratar de ganar tiempo. «Es por eso que cada vez que el Gobierno de Santos anuncia que se llegará a un acuerdo, las FARC empiezan a poner condicionamientos», explicó.
El experto considera muy poco probable que en marzo se logre firmar un acuerdo, y menos que entreguen las armas.
Dijo que en Colombia no han llegado a acuerdos importantes, y que en los temas relevantes aún no se han obtenido conclusiones luego de tres años de diálogo: «no está clara qué tipo de condena se le va a imponer a las FARC, no está claro quién impondrá esas condenas y si existirán dichas penas (…) los temas gruesos no han concluido».
En relación con la posibilidad de que las FARC participen en la política colombiana, el especialista señaló que con ello, el grupo armado busca negociar «de igual a igual con el Estado».
Agregó que en Colombia no existe normativa alguna que permita absolver a los miembros de las FARC por sus crímenes, y menos donde se les permita que participen en el Congreso de manera obligatoria.
Y que aunque el presidente Santos busca modificar la Constitución a través de una especie de «leyes habilitantes como las que le han otorgado a Maduro», no hay ley que permita que eso suceda.
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Nuevo ministro para el postconflicto
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos designó a Rafael Pardo, excandidato a la Alcaldía de Bogotá, para que asuma el Ministerio para el Postconflicto.
Pardo, quien no logró ser alcalde de la capital colombiana, ahora será desde el Gobierno el encargado de formular, estructurar y coordinar las políticas y programas relacionadas al postconflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En su cuenta de Twitter, Santos explicó que Rafael Pardo «reúne todas las cualidades para asumir esta importante responsabilidad».
El recientemente designado a la cartera ministerial, es economista liberal; fue ministro de Defensa bajo la Presidencia de César Gaviria, y ministro de Trabajo en la primera legislatura de Santos, entre 2010 y 2014.
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