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Designación de magistrados será una traba para la oposición venezolana

Por: Sabrina Martín - @SabrinaMartinR - Dic 23, 2015, 8:08 am
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El 18 de diciembre magistrados eméritos y abogados en ejercicio impugnaron ante la actual Asamblea Nacional las postulaciones de más de 300 candidatos a magistrados porque no cumplen con los requisitos (Caraota Digital)

Con premura, la Asamblea Nacional venezolana que cesará sus funciones el 4 de enero de 2016 designará hoy a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, acción que le correspondería, en derecho, a los nuevos diputados de mayoría opositora.

Los diputados de la actual AN convocaron a cuatro sesiones extraordinarias, las cuales se llevan a cabo durante este martes 22 y miércoles 23 de diciembre en horarios matutinos, vespertinos y nocturnos, con el fin de definir antes de que se acabe el año 2015 quiénes serán los nuevos magistrados del Poder Judicial.

Como ha sido costumbre durante años, el órgano legislativo de Venezuela debía salir de vacaciones el pasado 15 de diciembre, pero ante la victoria opositora en las elecciones parlamentarias, la actual Asamblea Nacional de mayoría oficialista ha decidido no tomar el receso.

Este martes 22 de diciembre la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia en la cual afirma que todas las sesiones extraordinarias de la actual AN tienen plena validez, por lo que aprueba jurídicamente cualquier decisión tomada por los diputados salientes.

Con la designación de 21 nuevos magistrados, el “chavismo” estaría evitando, por ejemplo, que se efectúen investigaciones en contra de diputados y funcionarios con procesos judiciales en el exterior; además estaría obstaculizando la destitución o enjuiciamiento de ministros, del contralor, del defensor del Pueblo, de miembros de la Fuerza Armada Nacional, del presidente, etc.

Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita (jubilada) del TSJ informó a PanAm Post que el pasado viernes 18 de diciembre magistrados eméritos y abogados en ejercicio impugnaron ante el Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional las posibles designaciones de más de 300 candidatos a magistrados porque no cumplen con los requisitos.

Mármol de León denunció que la Asamblea Nacional tiene que cumplir con el debido proceso y hacer que las personas impugnadas presenten sus alegatos y las pruebas de que sí están aptas para los cargos a los que aspiran; pero por el contrario, a pesar de esta impugnación, la AN sigue adelante con la idea de las designaciones.

Cabe destacar que este martes, durante la sesión extraordinaria previa a la designación de los 22 nuevos magistrados, el Parlamento dio a conocer el nombre de los 21 magistrados elegidos, asegurando que “cada uno de ellos cuenta con los requisitos establecidos por el Estado venezolano”.

“Designación apresurada, sobrevenida e inconstitucional”

José Vicente Haro, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela (UCV) explicó a PanAm Post que esta designación forzosa de magistrados viola la Carta Magna de ese país, pues no le correspondía a la actual Asamblea dicho nombramiento.

Renuncia de aspirante a magistratura
Aspirante a magistrada retiró su postulación por presuntos vicios en el proceso de selección (El Nacional)

“La AN ha decido cometer esta designación, apresurada, sobrevenida e inconstitucional para asegurar una mayoría en el Poder Judicial con magistrados aliados del oficialismo que le permita desde la Sala Constitucional bloquear iniciativas parlamentarias que puedan surgir con la nueva mayoría opositora”, aseguró.

Haro señaló que dicho nombramiento es “un atropello a la Constitución” porque la mayoría de los postulados no reúnen los requisitos establecidos para ser magistrados del TSJ.

Explicó que la Constitución establece que para poder ser magistrado se requiere tener 15 años en la carrera judicial como juez titular o tener 15 años de docencia académica en el área de Derecho como profesor titular, o tener 15 años de ejercicio profesional comprobado y previamente acreditado por el Colegio de abogados correspondiente.

Informó además que estos magistrados se están designando a través de una “fraudulenta jubilación forzosa”, mediante la aprobación unas jubilaciones que no estaban previstas y que no debían hacerse sino hasta el 2016, cuando vencían sus períodos.

Agregó que tres días después de las elecciones del 6 de diciembre se aprobó una resolución en la Sala Plena del TSJ  en la cual se acuerdan las solicitudes de jubilación forzosa para el día 26 de diciembre.

La AN opositora está “acorralada”

El constitucionalista explicó que la nueva Asamblea Nacional cuenta con dos elementos jurídicos técnicos que podrían revertir la decisión de las designaciones, pero para ello se necesitaría el apoyo del Poder Ciudadano (defensor del pueblo, contralor y fiscal general de la república) que actualmente son afectos al oficialismo.

“La destitución de magistrados del TSJ solo se puede hacer previa falta calificada grave prevista y determinada por el poder ciudadano conforme a la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y a la Ley Orgánica del TSJ; pero ya el defensor ha señalado que se opone a cualquier destitución de magistrados nombrados por la actual AN”, señaló Haro.

Dijo que desde el punto de vista político cabría la posibilidad de que los nuevos diputados de la recién electa AN planteen una declaratoria de nulidad alegando inconstitucionalidad que el mismo órgano legislativo podría revocar; pero explicó que es una decisión que podría ser impugnada ante la Sala Constitucional del TSJ.

Informó que ante este bloqueo político la oposición venezolana deberá considerar la opción de promover una reforma constitucional o convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, donde la decisión pasaría a manos del pueblo mediante una referéndum.

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Acciones desesperadas postelectorales

Una vez que el oficialismo se vio derrotado en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, los diputados chavistas de la actual Asamblea han tomado decisiones de manera apresurada para extender su poder político.

En primer lugar estuvo la designación de Susana Barreiros como defensora pública. Barreiros es la jueza que condenó a prisión al líder opositor Leopoldo López, y por diversos organismos internacionales ha sido señalada como “violadora de derechos humanos en Venezuela”.

En segundo lugar la reforma de la Ley Orgánica de la Defensa Pública en la cual la Asamblea Nacional le otorgó a Barreiros, el estatus de magistrada con inamovilidad, para que solo pueda ser removida de su cargo previa autorización del Poder Ciudadano y del TSJ.

En tercer lugar, el oficialismo impulsa la creación del Parlamento Comunal que no está previsto en la Constitución, y con el que busca legitimar a personas que no han sido electas, y convertirlo en un ente paralelo a la AN que usurparía algunas de sus funciones. De acuerdo con Haro, según el Artículo 138 de la Carta Magna sería una “autoridad nula”.

Sabrina Martín Sabrina Martín

Periodista y locutora venezolana, especialista en comunicaciones corporativas. Síguela en Twitter: @SabrinaMartinR.