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EnglishEste lunes 11 de enero se presentó ante una Comisión Especial de la Asamblea Nacional de Venezuela el anteproyecto de Ley de Amnistía y de Reconciliación Nacional, que tiene como objetivo principal la libertad de todos los presos políticos de ese país, pero deja en manos del poder judicial la liberación de los mismos.
El anteproyecto está conformado por dos alternativas, la Ley de Amnistía, con 27 artículos, y el Decreto Legislativo con 22; ambas opciones son de obligatorio cumplimiento para todos los órganos y entes del Poder Público. Los diputados decidirán cuál de las dos alternativas es la más conveniente para ser discutida en el seno de la Asamblea.
En el anteproyecto se tomaron en cuenta las consideraciones del Foro Penal Venezolano (FPV); de José María Casal, asesor jurídico de la Mesa de la Unidad Democrática y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello; y también el proyecto del partido de oposición Voluntad Popular, cuyo líder, Leopoldo López, es el más emblemático de los presos políticos venezolanos.
Las propuestas contienen, como elemento novedoso, un catálogo de definiciones de Preso y Perseguido Político que se basa en los trabajos que adelanta Alfredo Romero en el Centro Carr de Derechos Humanos de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard, con el apoyo de Gonzalo Himiob Santomé, y los aportes de los juristas Fernando Fernández y de Thays Peñalver.
Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, dijo a PanAm Post que se inclina a favor del decreto, ya que según su criterio es más inmediato porque no sigue los pasos necesarios para la creación de una nueva ley.
Romero explicó que el decreto de Amnistía exige la liberación de personas involucradas en 41 hechos y sucesos en los cuales “encajan los 76 presos políticos, personas exiliadas y perseguidas”.
Agregó que quien tiene la relación técnica y directa con el preso es el juez y es quien debe ordenar la liberación. Dijo además que si un juez no acata la Amnistía en forma arbitraria, incurre, como lo establece la ley, en denegación de justicia y en una violación directa de derechos humanos.
“No creo que estén dispuestos a asumir una violación e incurrir en delito de violación de derechos humanos”, aseveró Romero, quien agregó que “yo no parto del principio de que no se acate, porque de ser así estaría demostrándose una dictadura en el poder judicial”.
“No creemos que haya posibilidades de que un juez en forma arbitraria no acate (…) si no lo hacen estarían ratificando que toman decisiones personales violatorias a derechos humanos y estarían incumpliendo con tratados internacionales”, concluyó.
Pero este proyecto ha sembrado críticas negativas entre expertos que han podido conocerlo, ya que consideran que está lleno de tecnicismos y que no libera inmediatamente a los presos políticos.
[adrotate group=”7″]José Vicente Haro, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela y defensor de Derechos Humanos aseveró a PanAm Post que poner en manos del Poder Judicial la liberación de los presos políticos en Venezuela es una contradicción, sobretodo cuando tanto ONG como la oposición de ese país han denunciado la falta de independencia de los poderes.
Haro señaló estar preocupado porque el proyecto de ley no concede la Amnistía, sino que establece todo un “complejo procedimiento judicial, donde hay la presunta intervención del Ministerio Público y de los mismos jueces responsables de que en Venezuela haya presos políticos”.
“Dependerá de los tribunales, los cuales, como sabemos, están casi al 100% dominados por personas designadas a dedo y a favor del régimen. Así se haga el esfuerzo de aprobar la ley, la libertad no se va a dar, y eso con este Poder Judicial y el control del Ejecutivo sobre el sistema, no me genera ninguna confianza”, sentenció.
Dijo además que el poder legislativo con mayoría opositora debe “buscar una ley constitucionalmente viable desde el punto de vista práctico, y realista desde el punto de vista político para garantizarle así la libertad a los presos políticos de la manera más rápida, evitando mayor trabas y bloqueos del Poder Judicial”.
Recomendaciones
Haro dijo a PanAm Post que la Constitución establece la competencia de la Asamblea Nacional para decretar Amnistías, y considera que lo que se debe hacer es aprobar una Ley que decrete de pleno derecho el sobreseimiento de todas las causas judiciales que se correspondan con todos los casos de presos, perseguidos, enjuiciados y exiliados políticos.
Enfatizó en la necesidad de colocar en un “texto bien elaborado, explícito y específico en sus disposiciones transitorias, el nombre y apellido de cada uno de los casos para que automáticamente con la ley se proceda a liberarlos”.
Haro considera que el actual anteproyecto es tan amplio que deja en manos de los jueces y tribunales considerar o no, si a alguno de los presos políticos les corresponde la Ley de Amnistía.
Dijo que sin los nombres de más de 70 presos políticos y las más de 2.000 personas con causas abiertas en las disposiciones transitorias, “será muy difícil que sean liberados”.
El especialista aseguró que presentará ante los diputados electos sus consideraciones para que el anteproyecto que entrará en discusión pueda reformularse.
Cabe destacar que la tarde de este lunes, Lilian Tintori, esposa del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, también asistirá a la Asamblea Nacional para presentar junto a los abogados defensores y diputados de la Unidad el proyecto formal de Aministía y Reconciliación Nacional.
El Gobierno se niega
Ante la iniciativa de las organizaciones no gubernamentales de presentar el anteproyecto de Amnistía, el diputado chavista Diosdado Cabello ha aseverado que dicha ley es un “absurdo” porque supuestamente liberaría a delincuentes y líderes de bandas criminales.
https://www.youtube.com/watch?v=uxP-kB9XtMA
Pero las declaraciones de Cabello fueron desmentidas por Alfredo Romero, quien informó que la amnistía excluye a torturadores y violadores de derechos humanos; y explicó que en el artículo 17 se establecen limitaciones para que no queden impunes los delitos de lesa humanidad que se han cometido en los últimos años.
