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Un total de 185 casos de corrupción investigará la Misión de Apoyo y Combate a la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) conformada por la Organización de Estados Americanos (OEA), con el apoyo técnico de la ONU.
La Misión iniciará en febrero sus investigaciones y tendrá un período de duración de cuatro años; la misma deberá investigar en promedio al menos 46 casos de corrupción cada doce meses y cuenta con financiación internacional, con un presupuesto de 32 millones de dólares.
Así quedó establecido en el convenio de la Misión que firmaron este martes 19 de enero el secretario general de la OEA, Luis Almagro; y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Como su nombre lo indica, el objetivo principal de la Maccih será combatir la corrupción y la impunidad en el país centroamericano, además de esclarecer cada caso que haya afectado a esa nación.
Es la primera vez que la OEA crea una misión de este tipo para trabajar en un Estado miembro; estará integrada por investigadores, jueces y fiscales hondureños y extranjeros que buscarán a los responsables del problema que más aqueja a los ciudadanos de ese país, la corrupción.
Los casos a investigar serán escogidos por la Misión, pero ha trascendido que entre ellos figura el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y los 13 casos que la Comisión Multipartidaria pidió a la Fiscalía que investigara.
Igualmente figuran los casos de la Cuarta Urna, del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp), Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Trans-450, secretarías de Salud y Agricultura y Ganadería (SAG), entre otros.
Perfil de los expertos
Juan Pablo Corlazzoli García, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Jean-Michael Simon y Juan Federico Jiménez Mayor son los expertos que estarán íntimamente relacionados con el secretario general de la OEA en esta Misión en Honduras.
Simon es experto en Derecho Penal, Política Criminal y Derecho Internacional Público, fue parte de la Comisión Internacional contra Corrupción en Impunidad en Guatemala (Cicig) por lo que ofrecerá un gran aporte en la lucha contra la corrupción y las investigaciones. Ha participado en proyectos de cooperación en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Perú.
Por su parte, el peruano Juan Federico Jiménez Mayor es abogado y se especializó en Derecho Constitucional. Fue presidente del Consejo de Ministros de la República de Perú y ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Ejecutó acciones relevantes en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado en su país. Fue impulsor de la nueva Ley de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio y de la Ley contra el Crimen Organizado.
Se ha destacado por la creciente erradicación de cultivos ilegales de coca, reconocida por las Naciones Unidas; y fue quien repotenció las procuradurías anticorrupción de su país y generó una consistente política persecutoria en esta materia.
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini tiene una maestría en Administración Pública y posee especialidades en Ciencias Políticas y en Derecho Constitucional; además cuenta con un posgrado en Derecho Penal.
Es coautor del Diccionario de Acceso a la Información, editado por la UNAM y Porrúa (2008) y autor de una veintena de ensayos y capítulos de libros, publicados por las más destacadas casas editoriales y universidades de México.
Por último, el uruguayo Juan Pablo Corlazzoli García es sociólogo, con especialización en Sociología del Desarrollo y Sociología del Cambio Social.
En 2015, la OEA lo designó como jefe de la Misión de Observadores para los comicios generales de Guatemala, celebrados en septiembre pasado; se desempeñó en ese país como coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas y representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre el 2001 y 2005.
Además, fue representante alterno y subjefe de la Misión de Verificación de la ONU en Guatemala (Minugua) de los acuerdos de paz de 1996, que pusieron fin a 36 años de guerra civil.
La Misión tiene su oposición
Ariel Varela, líder de la Oposición Indignada, movimiento que surgió en mayo de 2015 tras un millonario saqueo en el sistema de seguridad social del Estado, afirmó que no todos los hondureños están de acuerdo con la misión.
El movimiento ha exigido la creación de una Comisión de las Naciones Unidas contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (Cicih), pues una de ese tipo fue la que logró la renuncia y arresto del ex presidente Otto Pérez Molina y de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti en Guatemala.
«Esa institución logró lo imposible en Guatemala y por eso no creemos que la Maccih haga lo mismo en Honduras», subrayó. «Sin embargo, solo con la participación del pueblo podremos erradicar los flagelos que agobian al país», dijo la representación opositora.
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