
Ciertos países con poca credibilidad democrática y otros que viven sus propios conflictos bélicos, tanto internos como externos, están entre las naciones encargadas de avalar y supervisar el proceso “de paz” entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) de ese país.
Los 15 países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU aceptaron este lunes 25 de enero, por unanimidad, verificar el cese al fuego bilateral que, según el Presidente Juan Manuel Santos, significará el fin del conflicto armado colombiano. La misión tendrá un mandato de 12 meses, el cual será prorrogable si así lo solicitan las partes.
El gobierno colombiano y la prensa nacional presentaron la decisión del Consejo de Seguridad ante la opinión pública como un triunfo para la paz en Colombia. Pero decidieron no entrar en detalle acerca de la naturaleza de algunos de los regímenes que componen “el único órgano de la ONU cuyas decisiones los Estados Miembros… están obligados a cumplir”.
Egipto, por ejemplo, está bajo una dictadura militar tan solo cinco años después de la revolución contra Hosni Mubarak, y el régimen autoritario actual ha diezmado a la disidencia en ese país.
Angola, otra nación miembro del Consejo de Seguridad, ha estado sometida a José Eduardo Dos Santos, su millonario presidente, desde 1979. Durante su mandato, varias ONG y la prensa internacional han denunciado la corrupción y la violación sistemática de los derechos humanos en el país.
Otro miembro del Consejo de Seguridad es Venezuela, cuyo régimen actual bajo el mando de Nicolás Maduro ha sido calificado como autoritario y violador de derechos humanos. Según Human Rights Watch (HRW), la concentración del poder bajo Hugo Chávez y su sucesor ha “erosionado las garantías de los derechos humanos y le ha permitido al gobierno intimidar, censurar y enjuiciar a sus críticos”.
La organización también menciona “el encarcelamiento arbitrario de opositores políticos”, el abuso por parte de la policía y la impunidad que ampara a las fuerzas de seguridad cuando estas cometen crímenes en contra de los ciudadanos. Y, en 2015, el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos denunció ante el Consejo de Derechos Humanos la violación de los derechos fundamentales en Venezuela entre otros países.
Por su parte, Rusia y China son miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
En 2014, Rusia invadió Crimea y apoyó directamente a grupos separatistas en el oriente de Ucrania, otro país que forma parta del Consejo de Seguridad y que ahora está a cargo de verificar el fin del conflicto colombiano pese a no ser un país en paz.
Actualmente, el flujo de emigrantes ucranianos que huyen de la violencia generada por Rusia y sus aliados se incrementa cada día. Según datos de la misma ONU, más de 9.000 personas han perdido la vida como consecuencia de la violencia en el oriente ucraniano desde el inicio de las agresiones rusas. Y, en Rusia misma, “la situación de derechos humanos se deteriora” según HRW, ya que el régimen de Vladimir Putin ha desplegado su mano dura contra la sociedad civil, los medios de comunicación y el internet.
En el caso de China, en 2015, el Gobierno comunista desencadenó la peor ola de represión interna desde los años 90.
Según la Ong China Human Rights Defenders (CHRD), el Presidente Xi Jinping, quien lidera al país desde 2013, lleva a cabo “la persecución más grave de defensores de los derechos humanos” de la historia reciente.
Al mismo tiempo, el régimen chino ha decidido expandir su poder militar agresivamente. En diciembre de 2015, las autoridades de ese país confirmaron que el Ejército está construyendo un segundo portaaviones para fortalecer su presencia alrededor de las islas del Mar del Sur de China, elevando así las tensiones con sus vecinos.
Este grupo de países, los cuales son o regidos por gobiernos autoritarios o afligidos por conflictos internos, está entre los encargados de verificar el alto al fuego bilateral y supuestamente definitivo en Colombia.
Cabe destacar que los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC se llevan a cabo en Cuba, país comunista y dictatorial que, presidido por Raúl Castro, estuvo en el listado de países que apoyan al terrorismo hasta mayo del 2015.
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“Las FARC no merecen el título de terroristas”
El presidente colombiano Juan Manuel Santos pediría a Estados Unidos eliminar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de su lista negra de organizaciones terroristas, con la intención de sellar un acuerdo de paz con la insurgencia izquierdista más antigua de América Latina.
En entrevista con The Associated Press, Santos aseguró que si se llega a un acuerdo de paz con las FARC, el Departamento de Estado de Estados Unidos debería dejar de considerarlo como terroristas. El mandatario colombiano dijo que “sería de gran ayuda” suspender las órdenes de detención emitidas por Estados Unidos, contra muchos de los líderes del grupo armado, por el delito de narcotráfico.
“Si lo firman es porque tenemos un calendario y las FARC se han comprometido a deponer las armas y hacer la transición a la vida legal. Así que yo diría que sí, espero que sea removida de la lista de terroristas”, dijo Santos.
Pero las FARC, desde su creación oficial en 1964, han dejado a lo largo del tiempo a más de 6,8 millones de víctimas según el primer registro oficial.
Según Paula Gaviria Betancur, directora de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado, 86% son desplazados y 14%, víctimas de amenazas, homicidio y desaparición forzada; en menor proporción, secuestro, violencia sexual, despojo y abandono de bienes, lesiones, tortura, reclutamiento forzado de niños y niñas, y atentados.