La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) publicó un informe este lunes en el cual asegura que el grupo islamista Hezbolá tiene negocios ilegales con varias organizaciones delincuenciales de América Latina, entre ellas la tenebrosa «Oficina de Envigado» de Colombia.
Catalogada como banda criminal (Bacrim) por el Gobierno colombiano, la «Oficina de Envigado» es una mezcla de organizaciones pequeñas que busca alianzas con pandillas para controlar territorios y el negocio de tráfico de cocaína. Surgió como una facción de sicarios establecida por Pablo Escobar en Envigado, un pequeño municipio contiguo a Medellín en la década de 1980.
El documento publicado por la DEA se origina luego de que lograra desarticular una red de narcotráfico y lavado de dinero de Hezbolá, en el Líbano, en una operación llamada «Proyecto Casandra».
Siete países, entre ellos Francia, Alemania, Italia y Bélgica, participaron en la operación, en la que cuatro personas fueron aprehendidas.
Según el informe, la «Oficina de Envigado» es la encargada de suministrar la cocaína a Estados Unidos y Europa; mientras que el dinero obtenido por el narcotráfico era destinado a la compra de armas.
[adrotate group=»7″]“Los miembros del Hezbolá BAC han establecido relaciones de negocios con los carteles de drogas de América del Sur, como la «Oficina de Envigado», encargados del suministro de grandes cantidades de cocaína a los mercados de Europa y Estados Unidos. Además, el Hezbolá BAC lava las ganancias de drogas como parte de un esquema de lavado de dinero conocido como el mercado negro del cambio en pesos”, reza el documento.
Las investigaciones producto del mencionado Proyecto Casandra también arrojaron el descubrimiento de una red de mensajería de dinero que transportaba millones de euros producto del narcotráfico entre Europa y el Medio Oriente.
El experto en terrorismo Matt Leavitt dijo a CNN que el descenso de los precios del petróleo ha llevado a Irán a reducir el apoyo al grupo terrorista, lo que obligó a Hezbolá a reducir sus salarios. De acuerdo con Leavitt, el incremento de los vínculos con grupos narcotraficantes se debió al deseo de «reducir también su dependencia financiera de Irán».
Hace unas semanas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció una serie de sanciones dirigidas a una red de apoyo financiero a Hezbolá.
En un comunicado, EE.UU. sancionó a la empresa de telecomunicaciones Spectrum Investment Group Holding SAL y su presidente Ali Yusuf Charara por presuntamente haber recibido dólares de Hezbolá para invertir en los proyectos comerciales que apoyan financieramente el grupo.
Las sanciones congelan cualquier activo que posean Charara y Spectrum —con sede en Beirut— en jurisdicción estadounidense; y prohíben a todos los ciudadanos del país norteamericano hacer negocios con ellos.
También buscan a un diplomático venezolano
Hezbolá opera bajo las órdenes de Hashem Safieddine y Adham Tabaja, quien recientemente fue calificado por Estados Unidos como terrorista.
Pero además de Tabaja, un diplomático venezolano apareció la pasada semana como solicitado en la lista de terroristas de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), vinculado también con Hezbolá.
Se trata de Ghazi Nasr al Din (Cédula de Identidad venezolana Nº 18.190.527), quien sirvió supuestamente como encargado de Negocios de la Embajada de Venezuela en Damasco, Siria; y fue nombrado posteriormente director de Asuntos Políticos de la Embajada de Venezuela en el Líbano.
De acuerdo con el FBI, al Din es uno de los más importantes representantes del Hezbolá en América Latina, encargado de conseguir contribuciones.
Testimonios de exfuncionarios venezolanos exiliados en Estados Unidos aseguran que Ghazi Nasr al Din, cuando laboraba en la Embajada de Venezuela en Damasco presuntamente mantenía una red de fabricación y distribución de pasaportes venezolanos auténticos que eran proporcionados para ocultar las verdaderas identidades de terroristas.
Cabe destacar que en 2008 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió un comunicado en el cual aseguró que “es extremadamente preocupante ver que el Gobierno de Venezuela emplea y provee refugio a facilitadores y recaudadores de fondos de Hezbolá”.
