El Ministerio Público de Brasil denunció al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por delitos de hurto, falsificación, organización criminal y blanqueo de dinero, tras las averiguaciones relacionadas con el caso Lava Jato. Lula da Silva niega los cargos.
La Fiscalía de São Paulo también acusa a Lula da Silva y a su esposa Marisa Letícia Lula da Silva, de ocultar la propiedad de un apartamento de lujo en el litoral del Estado, aseverando que con dicho inmueble el exmandatario recibió beneficios ilícitos de constructoras.
Si la justicia brasileña acepta la denuncia, el expresidente se convierte en acusado en un proceso penal, entre tanto el caso sigue bajo secreto sumarial.
Medios brasileños aseguran que el caso es contra 16 personas en total; además de Lula, también fueron denunciados por falsificación y lavado de dinero, la exprimera dama Marisa Leticia y uno de los hijos de Lula, Fabio Luis Lula da Silva.
La investigación del Ministerio Público de Sao Paulo investiga emprendimientos de la Bancoop (cooperativa de funcionarios bancarios) que fueron transferidos para OAS, la constructora investigada en Lava Jato.
Por su parte, el Instituto Lula, organismo propiedad del expresidente Lula negó los cargos: “No hay nada nuevo en la denuncia del Ministerio Público de Sao Paulo, que no haya sido publicado en la revista Veja“, asegura el comunicado insinuando que en el caso no hay imparcialidad.
Una vez funcionarios policiales registraran el domicilio de Lula da Silva y se lo llevaran detenido para declarar el pasado viernes, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff presuntamente le ofreció asumir el cargo de un ministerio para evitar que el exmandatario vaya a la cárcel.
De ser así, Lula pasaría a estar aforado, y durante el período en el que ocupase un cargo gubernamental, solo podría ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal, y conseguiría escapar del juez Sérgio Moro, que lidera la Operación Lava Jato, quien el viernes lo forzó a declarar.