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EnglishPor delitos de difamación e injuria condenan a cuatro años de prisión en suspenso al director del diario Correo del Caroní, que publica en Ciudad Guayana, Venezuela, tras investigar y publicar reportajes sobre la corrupción que existe en el sector ferrominero de ese país.
El Tribunal Penal Sexto de Juicio del estado Bolívar (al sur de Venezuela) a cargo del juez Beltrán Javier Lira, emitió en la madrugada de este viernes una sentencia condenatoria contra el director del diario independiente Correo del Caroní, David Natera Febres, con motivo de la cobertura informativa que hizo este medio en 2013 sobre el caso de corrupción en CVG Ferrominera Orinoco, una empresa ferrominera estatal ubicada en la misma entidad en la que circula el rotativo regional.
A esta sentencia se suma una multa de 1.137 unidades tributarias, y la imposición de una medida vigente: la prohibición de publicar noticias relacionadas con un empresario de la región (el demandante), en relación con el mismo caso.
El juez además impuso dos medidas de coerción personal hasta tanto no quede firme el fallo: la prohibición de salida del país y presentación cada 30 días, con la aclaratoria de que se aplican esas medidas “porque la pena no llega a cinco años” y por lo tanto, Natera no pisará una prisión.
Una vez la sentencia sea publicada, inicia el lapso de 10 días hábiles para las apelaciones; de no efectuarse, la sentencia se mantiene firme.
La defensa aclaró que el fallo del tribunal mantiene la prohibición de relacionar al empresario demandante con el caso de corrupción en Ferrominera Orinoco.
Los argumentos interpuestos por la parte acusadora, suponen que “cualquier medio de comunicación debe esperar la sentencia de un tribunal para poder informar sobre un caso de corrupción”.
La investigación periodística por el que hoy se condena al editor del Correo del Caroní fue la que reveló la existencia de un presunto delito de extorsión emprendido por el coronel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Juan Carlos Álvarez Dionisi, a la alta gerencia de CVG Ferrominera y sus contratistas.
Según los testimonios recogidos el militar extorsionó a directivos de la estatal ferrífera y empresarios de la región a cambio de no incluirlos en una supuesta investigación que emprendía Álvarez Dionisi, según la cual los extorsionados formarían parte de una llamada “mafia del hierro”.
Informar no es un delito
A través de las redes sociales ONG, periodistas, políticos y defensores de los derechos humanos en el país suramericano condenaron la medida contra Correo del Caroní calificándola como injusta, pues el fallo del juez estaría lesionando el derecho a la libertad de expresión y a la información oportuna que tienen los ciudadanos.
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela asegura que la demanda es abusiva y significa un riesgo para el ejercicio del periodismo.
Desde 2013, Ipys Venezuela ha insistido que la demanda contra @CorreodelCaroni es abusiva y significa un riesgo para el periodismo
— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) March 11, 2016
Por su parte, la ONG Espacio Público emitió un comunicado en el cual asegura que el sistema de Justicia en Venezuela se usa para impedir el derecho a la información, además asegura que la “sentencia estaba escrita previamente”, pues afirma que no hubo un juicio; lo califica como “un atropello alevoso hecho en la nocturnidad”.
Sistema judicial se usa para impedir el derecho a la información de los venezolanos con la coerción institucionalizada. #InformarNoEsDelito.
— Espacio Público (@espaciopublico) March 11, 2016
El Sindicato de los Trabajadores de la Prensa calificó de “criminal” la condena y afirma que el fallo busca “poner de rodillas” al periodismo independiente en Venezuela.
La condena contra director de @CorreodelCaroni es criminal. Pretende poner de rodillas al periodismo independiente #InformarNoEsDelito
— SNTP (@sntpvenezuela) March 11, 2016
De acuerdo con el portal web de IPYS Venezuela, desde el año 2015 hasta este 11 de marzo de 2016 en el país suramericano se han efectuado 2.018 violaciones a la libertad de prensa.
Espacio Público, por su parte, clasifica los casos de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, registrando, solo en 2015, 93 casos de intimidación, 56 de hostigamiento verbal, 47 de censura, 32 casos de agresión, 2 restricciones legales, 21 restricciones administrativas, 18 casos de hostigamiento judicial y 17 amenazas.
