El conocido caso de tráfico de influencias que involucra a la examante del presidente de Bolivia, Evo Morales y a funcionarios del Ejecutivo de ese país se encuentra “estancado” y “censurado”.
Los medios de comunicación bolivianos informaron este lunes 14 de marzo que no existen acciones judiciales desde hace más de una semana sobre el caso, y denunciaron que tanto la Fiscalía como Morales, y hasta la empresa china involucrada, CAMC decidieron no dar entrevistas ni declaraciones.
Según el diario El Deber, la fiscal de Distrito de La Paz, Rosario Venegas, dijo que el avance es que enviaron requerimientos a todas las entidades con las que Gabriela Zapata, expareja de Morales, tuvo algún tipo de relación.
El mismo medio también asegura que en la Fiscalía de La Paz, ya no hicieron más operativos o convocatorias a declarar de testigos u otros acusados; mientras que el fiscal Edwin Blanco optó por negar cualquier entrevista.
Por otra parte, a través de una carta firmada por el representante legal de la empresa China CAMC, Liu Yang, dio por cerrada cualquier posibilidad de entrevista sobre todo el escándalo que envuelve a esta empresa asiática.
Evo Morales, presidente de Bolivia, también pidió que “nunca más” le pregunten por el hijo que tuvo con Gabriela Zapata, a pesar de que el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, dijo que Zapata llegó a utilizar el certificado de nacimiento del niño como carta de presentación ante varios exministros para conseguir reuniones.
Ante esta aparente situación de censura, el senador opositor Oscar Ortiz asegura que se trata de una maniobra para tener encerrada y aislada a Gabriela Zapata y evitar que hable con los medios, y así “esperar si en este tiempo pueden negociar con ella y culpar a mandos medios de cosas que solo los altos pudieron hacer”.
La polémica surge una vez se conoció el presunto caso de tráfico de influencias que involucra a la exnovia de Evo Morales, quien fue gerente de la empresa China CAMC, y se benefició de millonarios contratos con el Estado para la ejecución de obras.
Zapata se encuentra en prisión desde el 28 de febrero pasado, acusada de los supuestos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad.
También se encuentra detenida Cristina Choque, funcionaria de la Presidencia de Bolivia, quien presuntamente ayudaba a Zapata a conseguir los negocios ilícitos.
Fuente: El Deber,