En Bolivia hay más de 500 emisoras en peligro de cierre por decreto
EnglishLa Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) acusó al Gobierno de Bolivia de intentar “acallar voces múltiples” con el cierre de medios radiales.
Del mismo modo en que lo hizo en su momento el exmandatario venezolano Hugo Chávez, el presidente Evo Morales creó un decreto que dificulta la renovación de concesiones, lo que podría culminar con el cierre de medios de comunicación de ese país.
La APLP se solidarizó en un comunicado con la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora) que ha denunciado el posible cierre de más de 500 emisoras.
“La amenaza de cierre es una realidad y la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) no atiende ni siquiera las solicitudes presentadas para ampliar la renovación de licencias a emisoras que han terminado sus trámites”, indica el comunicado.
La organización informó además que esta situación será denunciada ante la comunidad internacional.
De acuerdo con Alfonso Arévalo, presidente de Asbora, el citado decreto establece que una vez finalizado el periodo de la licencia, la radio deje de operar y en caso de querer acceder a una frecuencia, lo haga mediante una “licitación pública”.
[adrotate group=”8″]
Arévalo denunció que la ATT está rechazando varias solicitudes de renovación de licencias lo que supondría el despido paulatino de más de 2.000 trabajadores.
“Hay emisoras que tienen más de 50 años sirviendo, informando y educando a la gente”, recordó Enrique López, vicepresidente de Asbora quien agregó que modificar frecuencias, ante una posible licitación, significaría gastos adicionales que en muchos casos no podrían ser cubiertos por los radio difusores, condenándolos de forma indirecta al cierre.
La Ley de Telecomunicaciones, promulgada en 2011, otorgó al Estado 33 % del espectro electromagnético, otro tanto al sector privado, 17% a organizaciones indígenas e igual porcentaje a comunidades campesinas.
Cuando se debatió la aprobación de esa ley, los gremios de periodistas, entre ellos la APLP, criticaron la distribución porque en la práctica significaría que el Gobierno iba a controlar hasta 67 % del espectro, con el riesgo de que los medios privados sean desplazados y pierdan sus licencias.
Fuente: El Deber.
