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La Cámara Baja de Estados Unidos rechazó este lunes ante el Tribunal Supremo de ese país, el plan migratorio propuesto por el presidente Barack Obama.
La mayoría republicana considera que el presidente estadounidense «no tiene el poder» para legislar y asegura que sólo el Congreso tiene la capacidad para hacerlo.
Parte de la audiencia estuvo centrada en estudiar si Obama se extralimitó o no al proclamar en noviembre de 2014 unas medidas que frenarían la deportación de jóvenes indocumentados que llegaron de niños a EE.UU., y la deportación de padres indocumentados con hijos de ciudadanía estadounidense o con residencia permanente.
Por su parte, el Gobierno argumentó que los estados no tienen ningún tipo de autoridad para desafiar las acciones ejecutivas, sobretodo porque la normativa no ha entrado en vigor y todavía no han causado daño alguno a los estados; y por tanto, el caso se sustenta sobre hipótesis.
Las juezas Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor, la primera hispana en el alto tribunal, sugirieron que los estados no deberían desafiar los beneficios migratorios, sino las regulaciones que les permiten obtener un permiso de trabajo o una licencia de conducir.
Por su parte el juez Stephen Breyer, opinó que el argumento de los estados sobre los daños económicos de las medidas de Obama es insuficiente, considera que «al fin y al cabo, el dinero es dinero» y esa es una cuestión entre «el Gobierno y los ciudadanos», que son los que tendrían que pagar posibles sobrecostes.
Las declaraciones de Breyen surgieron luego de que el abogado Scott Keller pusiera de ejemplo a Texas para argumentar que los estados sufrirían graves daños económicos al tener que expedir de forma masiva licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados.
En noviembre de 2014, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció una serie de medidas para reformar la política migratoria de ese país.
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26 estados de EE.UU. consideran que Obama se ha excedido en su poder al proclamar por decreto su plan migratorio, que consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA) y cuyo objetivo es evitar la deportación de jóvenes indocumentados que llegaron de niños a suelo norteamericano.
La otra parte del plan es el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que busca evitar la deportación de los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.
Estas medidas son temporales y permitirían a los beneficiarios conseguir un permiso de trabajo y una licencia de conducir; pero el dictamen de Obama fue bloqueado en el Tribunal Supremo a comienzos de 2015, un día antes de entrar en vigor, a petición de una coalición de 26 estados, liderados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos.
La decisión judicial llegará en junio pero, si empatan, los magistrados tienen la opción de dejar en vigor el veredicto de la corte inmediatamente inferior, o decidir que el caso vuelva a argumentarse ante el Supremo una vez que un nuevo juez se incorpore a la corte.
Fuentes: Listin Diario; Diario Las Américas.
