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Una juez pública de la niñez y la adolescencia en Bolivia solicitó el pasado jueves 21 de abril una prueba de ADN al presunto hijo del presidente Evo Morales.
De acuerdo con el diario local El Deber, la juez Jacqueline Rada Arana busca esclarecer la existencia del hijo que Gabriela Zapata, examante de Evo Morales presuntamente tuvo con el mandatario boliviano.
La prensa asegura que la prueba deberá realizarse este lunes 25 de abril en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y «las partes» deberán estar informadas con las formalidades de ley, «a efectos de su estricto cumplimiento».
En la orden jurídica, la jueza asegura que es necesario obtener medios científicos que sirvan para formar la convicción sobre la existencia del niño, al mismo tiempo que dispone que se practique la prueba de ADN entre el menor presentado por Zapata y el presidente Evo Morales.
Según explica El Deber, los representantes legales del mandatario, fueron quienes solicitaron el pasado 20 de abril que se realice la prueba, pues aseguran que existe «duda razonable de que el menor supuestamente presentado sea en realidad el hijo biológico» de Morales.
Agregan que el examen es necesario porque no se podría resolver el fondo de la demanda si el menor no existiere, «ya que el Estado, la sociedad y la familia no pueden brindar protección a un menor inexistente».
El pasado 15 de abril Gabriela Zapata, examante de Evo Morales, pidió al presidente boliviano que proteja al hijo que tienen en común, pues asegura que el niño está en peligro.
Zapata, quien está detenida por tráfico de influencias, dijo que sí presentó a su hijo físicamente ante las autoridades judiciales con lo que demostró que el niño está vivo; agregó que los informes fueron entregados a la jueza de familia Jacqueline Rada.
La exgerente de la empresa CAMC, Gabriela Zapata, pidió al mandatario que garantice la seguridad del menor y aseguró que no se referirá más al tema.
Zapata guarda detención preventiva en la cárcel desde el pasado 28 de febrero. Se la procesa por los delitos de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de bienes, en grado de complicidad.
Fuente: El Deber
