Organizaciones sociales en México exigen al Senado de ese país que apruebe un paquete de siete leyes anticorrupción; aseguran que los partidos Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Verde Ecologista (PVEM) buscan limitar las normativas.
En una carta dirigida al “priista” Raúl Cervantes y a Pablo Escudero del PVEM, las ONG advirtieron que sin la legislación de carácter penal, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNI) nacería incompleto.
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A diferencia de lo que proponía la iniciativa ciudadana “Ley 3de3“, que todas las declaraciones (patrimoniales, de intereses y fiscal) debían ser públicas, en el proyecto de PRI-PVEM dependerá del servidor hacer públicos todos los datos de su declaración.
Según las organizaciones, el paquete de leyes anticorrupción es de siete cuerpos, pero la propuesta sólo incluye cinco; quedaron fuera los tipos penales de los delitos de corrupción y las competencias de la nueva fiscalía especializada.
“Sin esos dos cambios adicionales, el sistema nacería incompleto y este esfuerzo sería insuficiente. Respetuosamente, los llamamos a evitar que las reformas penales, que constituyen una pieza fundamental en el diseño del sistema, queden excluidas del debate legislativo en curso”, señalaron.
En el documento, firmado por representantes del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Fundar Centro de Análisis e Investigación, Transparencia Mexicana y la Red por la Rendición de Cuentas, entre otras organizaciones, los ciudadanos urgieron a reformar los tipos penales relativos a los delitos de corrupción, y que se hagan explícitas las competencias de la nueva fiscalía en materia de delitos.
Eduardo Bohórquez, vocero de las organizaciones, dijo que hay coincidencias con la propuesta ciudadana recogida por los partidos de oposición Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), sin embargo asegura que en la declaración de bienes cierran datos a la ciudadanía.
PAN y PRD coinciden con las ONG y afirman que si solo se aprueban cinco leyes anticorrupción se anulan las sanciones contra el tráfico de influencias, además que no se establece un esquema de protección a testigos ni de recompensas a denunciantes de hechos de corrupción.
Fuentes: Animal Político; El Siglo de Torreón.