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El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que disuelva a la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora por supuesto desacato.
Héctor Rodríguez, jefe de la bancada del PSUV en el Parlamento, afirmó: «Esta Asamblea no le sirve a nadie. Pedimos que se declare en desacato, se disuelva y vayamos a elecciones».
Rodríguez señaló que espera «renovar la Asamblea Nacional» porque, según su criterio, la bancada opositora a Nicolás Maduro se ha declarado en desacato tras haber dejado sin efecto el nombramiento de los 34 magistrados que conforman la Sala Constitucional del TSJ.
El parlamentario admitió que la Sala Constitucional está por encima de todos los poderes constituidos: «Es la única que interpreta la Constitución. La Asamblea está en conflicto con el Ejecutivo, el Judicial, el Electoral y con el Poder Moral. Es un solo poder el que está en conflicto. Todos los sistemas políticos prevén que esos conflictos puedan existir, entonces ponen a alguien a decidir. ¿Quién decide en el sistema político venezolano? La Sala Constitucional. ¿Se convierte la Sala en suprapoder? Sí. Es así».
En el escrito, el PSUV pide al TSJ «que se declare la nulidad de la decisión del 14 de julio por inconstitucionalidad y desacato de sentencias del TSJ. Que se ordene a la Asamblea que se abstenga de tomar decisiones destinadas a remover a los magistrados del TSJ y se prohíba cualquier acción destinada a revisar su designación. Que se oficie al Ministerio Público en virtud del desacato que se denuncia». Esto abriría la puerta para que la Fiscalía solicite al TSJ determinar si existen causas para un antejuicio de mérito contra la directiva de la AN.
Recuento
El pasado 14 de julio la Asamblea Nacional de Venezuela dejó sin efecto el nombramiento de los 34 magistrados que conforman la Sala Constitucional del TSJ.
Los magistrados que se encuentran actualmente en la Sala Constitucional del TSJ fueron designados por la anterior Asamblea Nacional, acción que le correspondía, en derecho, a los nuevos diputados de mayoría opositora.
El anterior Parlamento venezolano contaba con una mayoría chavista, y antes de dejar sus cargos designó a 21 nuevos magistrados para evitar que la nueva Asamblea efectuara investigaciones en contra de diputados y funcionarios con procesos judiciales en el exterior. Con dicha designación obstaculizó también la destitución o enjuiciamiento de ministros, del contralor, del defensor del Pueblo, de miembros de la Fuerza Armada Nacional, del presidente, etc.
La mayoría de los juristas designados no reúnen los requisitos establecidos para ser magistrados del TSJ. La Constitución establece que para poder ser magistrado se requiere tener 15 años en la carrera judicial como juez titular, tener 15 años de docencia académica en el área de Derecho como profesor titular o tener 15 años de ejercicio profesional comprobado y previamente acreditado por el Colegio de abogados correspondiente.
En la listán están magistrados con currículo chavista y de poca imparcialidad como Calixto Ortega, la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, e incluso Lourdes Benicia Suárez Anderson, la hermana del fiscal Danilo Anderson.
Con esta Sala Constitucional, el TSJ ha emitido fallos que limitan las funciones de la AN, y ha fallado en contra de leyes aprobadas por la Asamblea como la Ley de Amnistía, la Ley del Banco Central de Venezuela, la Ley Orgánica del TSJ, la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad de la Gran Misión Vivienda, entre otras.
Fuente: El Nacional
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