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La Secretaría de Impuestos de Hacienda de Brasil suspenderá la exención fiscal del Instituto Lula entre los años 2011 y 2014 y obligará a dicha institución a pagar los impuestos correspondientes a esos años.
De acuerdo con las autoridades fiscales, la estructura organizativa, que tiene derecho a la exención de impuestos por ser sin fines de lucro, habría sido utilizada durante este período para el desvío de fondos.
La cuenta a pagar será entre 8 y 12 millones de reales, de acuerdo con una fuente del diario Folha; y según las investigaciones el desvío era a una empresa del hijo de Lula.
La principal irregularidad se detectó con el desvío de 1,3 millones de reales a la empresa que pertenece al hijo de Lula y a Fernando Bittar, el “prestanombres” de la famosa casa de campo que pertenece al expresidente.
Para los inspectores hubo una simulación de prestación de servicios para justificar la transferencia de dinero de la fundación a Lula o a su pariente.
Según los diarios locales, el instituto de propiedad del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, será notificado de la decisión en los próximos días y tendrá un mes para apelar.
Después de 30 días, la agencia tributaria deberá publicar un acto declaratorio para determinar la suspensión de la exención en 2011, y la empresa deberá recibir una evaluación de impuestos en la cual se establecerán las cantidades a pagar.
La idea es cobrar, en un principio, sólo los valores de ese año. Esto, debido a que hacienda tiene un máximo de cinco años para cuestionar el pago de impuestos.
Los especialistas creen, sin embargo, que hay más factores a investigar en los años siguientes.
“Esto es parte de una estrategia fiscal. La investigación de la infracción deberá alcanzar solamente lo sucedido en 2011 por ahora; sin embargo, los técnicos predicen que hay nuevas evidencias de ilegalidades en los años siguientes y prefieren esperar”, dijo un técnico de la instancia fiscal.
Cabe destacar que cualquier apelación del Instituto Lula podría retrasar el pago. A nivel administrativo, la diferencia tendría que ser examinada por la Junta de Recursos Fiscales (CARF) y en promedio, el proceso tomaría cinco años para procesar en los tribunales.
La Secretaría de Impuestos de Hacienda no hizo ningún comentario sobre el asunto, pero el presidente de la Asociación Nacional de Contadores de Impuestos explica que, además de la cantidad de impuestos que había revocado la exención, el Instituto tendrá que pagar una multa de hasta el 150%.
Este porcentaje se aplica cuando se identifica malicia o intención de defraudar. De lo contrario, la multa impuesta por simple falta de pago es del 75% del impuesto debido.
Por su parte, en un comunicado, el Instituto Lula dijo que siempre actuó dentro de sus funciones legales, y no recibió notificaciones de iregularidades en sus facturas.
Según el comunicado, el Instituto Lula “defiende los derechos sociales”, “no tiene ningún fin lucrativo” y funciona a partir de “donaciones realizadas por personas físicas y jurídicas a través de acuerdos, alianzas y convenios que firma con organismos multilaterales y ONG de varias partes del mundo”.
