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El pasado 1° de septiembre, tras la gran «Toma de Caracas», el Estado venezolano detuvo al periodista Alejandro Puglia por operar un dron y captar imágenes aéreas de la marcha opositora.
Puglia fue detenido junto a otros cuatro periodistas, que fueron llevados en calidad de testigos a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Posteriormente, los detenidos fueron liberados a excepción de Puglia.
Puglia se desempeña como Director de la Oficina de Seguimiento y Evaluación de la Presidencia de la Asamblea Nacional.
«Fue una retención ilegal y sigue privado de libertad. Debe ser liberado porque no ha cometido delito alguno, no existe pena; no está tipificado en nuestro ordenamiento jurídico», insistió la defensa.
Lilia Camejo, abogada del periodista, informó la tarde de este lunes que una juez en Venezuela ordenó la medida privativa de libertad porque a su juicio es «favorecimiento bélico».
La Juez 37C ordena medida privativa de libertad para @AlejandroPuglia por volar un Dron, porque a su juicio esto es Favorecimiento Bélico .
— Lilia Camejo G. (@LiliaCamejoG) September 5, 2016
Aún cuando el Ministerio Público solicitó LIBERTAD PLENA sin restricciones, por considerar que @AlejandroPuglia no cometió ningún delito.
— Lilia Camejo G. (@LiliaCamejoG) September 5, 2016
Nosotras la defensa técnica ejercerá todos los recursos legales para denunciar tal aberración por parte de la Juez contra nuestro defendido.
— Lilia Camejo G. (@LiliaCamejoG) September 5, 2016
Este lunes 5 de septiembre, la Fundación Pro Ciudadanos exigió al Ministerio Público la liberación inmediata del periodista.
Yisel Soares, directora nacional de Derechos Humanos de dicha ONG, emplazó a la fiscal general Luisa Ortega Díaz a abogar por la liberación de Puglia. Alegó que en las leyes venezolanas no están tipificados los delitos por los cuales se realizó la detención del periodista, quien presta servicios para la Asamblea Nacional (AN).
«Hay que aclarar que una cosa es que haya una resolución administrativa sobre el uso de drones, que trae como fundamento la prohibición impresa que se maniobre este artefacto, pero el espacio aéreo le pertenece a todos los venezolanos que habitan en el país. Por otra parte una resolución trae otro tipo de sanciones pero no se puede equiparar una resolución administrativa por manejar un dron, a la justicia penal. No existe pena, no está tipificado en el ordenamiento jurídico penal nacional, eso lo sabe la fiscal», detalló.
Destacó que en el caso del reportero de la AN «no hay investigación seria y no se puede determinar a ciencia cierta si hay desacato o violación de la ley».
Cabe destacar que el pasado 27 de agosto, previo a la gran «Toma de Caracas», el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) prohibió el vuelo de aviones privados y drones hasta el lunes 5 de septiembre.
Los venezolanos aseguraron que el objetivo era evitar que la marcha convocada por la oposición fuera registrada por medio de video y fotografía desde las alturas, y así impedir imágenes con planos generales de la gran convocatoria.
Fuente: El Nacional
