La estatal Petróleos de Venezuela PDVSA tiene en su nómina al menos a 100.000 militantes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que nada tienen que ver con las labores petroquímicas de la industria.
En la nómina “sobran 100.000 militantes del PSUV, entre ellos diputados, sus familiares y el hijo de un expresidente”; afirmó Iván Freites, directivo del Sindicato de la petrolera en el estado Falcón.
Según el sindicalista, 30.000 trabajadores de las áreas operativas ganan 5.000 bolívares (USD$ 2,5 ) semanales y “jamás se les toma en cuenta sino para obligarlos a ir a las marchas políticas” a favor del gobierno.
El dirigente gremial recordó que la industria funcionó muy bien con 42.000 trabajadores que el chavismo elevó a 173.000
Freites reveló además que actualmente PDVSA tiene 250 filiales, 95 % de ellas no relacionadas con las actividades medulares: exploración, producción, refinación, petroquímica y comercialización de los hidrocarburos.
Cabe destacar que hace algunos días, Nicolás Maduro, anunció un supuesto “golpe de timón” en Petróleos de Venezuela (PDVSA) para reestructurarla internamente.
El anuncio del mandatario surgió luego de que el diputado opositor Freddy Guevara revelara al país el modo en el que se malversaban los recursos en la petrolera.
La investigación de Guevara arrojó como resultado el descubrimiento de al menos 22 irregularidades y delitos en la petrolera.
En la empresa se ejecutaron desde sobornos y sobreprecios, hasta una serie de actuaciones que generaron pérdidas para el patrimonio de la Nación; entre ellas la poca transparencia sobre el uso de fondos y la colocación de recursos públicos en paraísos fiscales.
Parte de las pruebas reposan en expedientes y juicios ejecutados en Estados Unidos, e informes de anteriores comisiones de Contraloría del Parlamento.
En las conclusiones plasmadas en el expediente se resalta la responsabilidad de los integrantes de la junta directiva de PDVSA como Rafael Ramírez, en cuya gestión ocurrieron las irregularidades. Resalta también la ineficacia de los órganos contralores en ejercer sanciones para los involucrados.
Fuente: El Nacional