La justicia de República Dominicana allanó las oficinas de la constructora Odebrecht como parte de las investigaciones por el presunto pago en sobornos de USD $92 millones.
El operativo emprendido por el Ministerio Público surge luego de que el representante comercial de Odebrecht en el país, Ángel Rondón, acudiera a la Procuraduría General de ese país para aclarar puntos relacionados con unos documentos.
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Rondón reconoció haber recibido USD $92 millones de Odebrecht, pero señaló que corresponde a otros servicios de representación.
De acuerdo con las investigaciones, la constructora habría pagado montos millonarios para acceder a contrataciones de infraestructura pública, entre 2001 y 2013.
Con el transcurrir de las investigaciones y los interrogatorios en República Dominicana han salpicado desde a exministros hasta a expresidentes.
Freddy Pérez, cuyo nombre real es Manuel de Jesús Pérez Gómez, fue ministro de Obras Públicas, director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y titular del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) en los gobiernos de Leonel Fernández; fue señalado por el exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) Radhamés Segura de estar involucrado en los sobornos.
Por su parte el expresidente Hipólito Mejía aseguró ayer que si lo citan para las investigaciones del caso Odebrecht, él va, pero también hay que convocar al exmandatario Leonel Fernández y al presidente Danilo Medina.
Sostuvo que lo importante es que concluyan las investigaciones y anunció que entregará un informe detallado sobre las obras que se construyeron durante su gobierno.
Odebrecht señaló que espera cerrar acuerdos con 12 países donde se encuentra realizando obras públicas y donde admitió la comisión de actos ilícitos, como el pago de sobornos, para que se le adjudiquen los contratos.
Desde diciembre pasado, Odebrecht alcanzó diversos acuerdos de colaboración con países y ha pagado millonarias multas. Por ejemplo, pagará USD $32 millones a Colombia, USD $59 millones a Panamá y USD $8,9 millones a Perú.
Fuentes: Barriga verde; Perú 21