Ya había sido advertido y con el pasar de los días ha dejado de ser un rumor; tras afirmaciones del diputado chavista Diosdado Cabello y del líder opositor Jesús “Chúo” Torrealba, todo indica que a los partidos de oposición se les prohibirá participar en las próximas elecciones en Venezuela.
El secretario ejecutivo de la bancada opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) señaló este domingo 29 de enero que el Gobierno pretende ir a elecciones sin medirse con la oposición.
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“Ellos van a intentar hacer elecciones en las que se pueda votar pero no se pueda elegir, elecciones sin los partidos de oposición. Van a intentar incluso anular el registro de la MUD como partido político. Eso es inaceptable”, expresó Torrealba.
La vía que tiene la oposición para presentarse en unas elecciones es a través de la MUD. Sin embargo, sobre la alianza de partidos disidentes pesa el proceso de investigación por presuntamente haber incurrido en fraude.
El pasado 26 de enero el diputado del chavismo Diosdado Cabello advirtió que la oposición no tendrá partidos políticos para participar en las elecciones.
“Ellos hablaban de elecciones ¿La oposición no quería elecciones? La presidenta del CNE [Consejo Nacional Electoral] anunció elecciones a mitad de año. Pero ojo escuálidos ustedes no tienen partido. Podemos ir a elecciones mañana mismo, pero igual ustedes no pueden ir porque ni siquiera tienen un partido. La MUD [coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática] a pesar de estar registrada le hizo un fraude al país y eso los deja automáticamente afuera”, afirmó Cabello.
Cabello dice que la oposición cometió “fraude” en las elecciones legislativas de 2015 en el estado Amazonas. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), brazo legislativo del gobierno, ni el CNE, su dependencia para organizar elecciones, se han pronunciado acerca de esas denuncias pese a que fueron ventiladas desde hace más de un año.
El chavismo también dice que hubo fraude en la recolección de millones de firmas en 2016 para promover un referendo en el que los electores decidieran, de acuerdo con la Constitución, si estaban de acuerdo en terminar o no anticipadamente con el gobierno de Maduro.
“Guerra” avisada
En octubre de 2016, el periodista venezolano Eugenio Martínez advirtió sobre la pretensión del régimen de acudir a elecciones anulando a los partidos de oposición.
Martínez informó en dicha oportunidad que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) estaría buscando anular a la Mesa de la Unidad Democrática y a los partidos políticos que la conforman.
Explica que todos los partidos políticos nacionales que no se presentaron a las elecciones del 6 de diciembre de 2015 o a las elecciones presidenciales de 2013, o que habiendo participado en los últimos comicios parlamentarios no lograron obtener 1 % de los votos lista, tendrán seis meses para cumplir con los requisitos del Consejo Nacional Electoral (CNE) para no ser ilegalizados.
Al ser ilegalizados perderían la oportunidad de solicitar al árbitro comicial la realización de elecciones primarias y no podrían postular candidatos para las próximas elecciones.
De acuerdo con la interpretación de los magistrados del TSJ la única manera de que un partido sea renovado automáticamente es si el mismo logró obtener el 1 % de los votos válidos en las últimas elecciones en, por lo menos, 12 estados del país.
Explica Martínez que los únicos partidos que lograron eso fue la oposición a través de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Sin embargo la “jugada” del TSJ buscaría eliminar a la MUD tras aceptar la anulación de dicha organización opositora en respuesta a la solicitud de distintos integrantes del oficialismo que pidieron ilegalizarla con el alegato de que la alianza disidente supuestamente hizo fraude durante la recolección de firmas para activar el referendo revocatorio.
Esto quiere decir que si los 18 partidos nacionales que integran la MUD no logran relegitimarse y la MUD es ilegalizada, la oposición no tendría representación política reconocida por el CNE que pueda postular candidatos en los comicios previstos para este 2017, ni presentar exigencias políticas, ni técnicas.